–Los grupos armados gozan de amplio poder y ejercen un férreo control sobre la población en Arauca y Apure. Estos grupos han cometido numerosos abusos para ejercer y mantener este control, como homicidios, secuestros, actos de violencia sexual, reclutamiento de menores y trabajo forzado.

Las precisiones corresponden al informe de la ONG estadounidense Human Rights Watch, sobre la situación de violencia que se registra en la zona fronteriza colombo-venezolana, departamento de Arauca y estado de Apure, respectivamente.

A continuación reproducimos otros apartes del documento:

Los grupos armados han perpetrado abusos a ambos lados de la frontera. Muchos de estos abusos constituyen violaciones del derecho internacional humanitario, el cual se aplica tanto a grupos armados no estatales como a fuerzas estatales. Las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas de forma dolosa constituyen crímenes de guerra.

En esta sección del informe se describen los abusos cometidos por los grupos armados. En la medida de lo posible, también se proporcionan datos sobre la cantidad de abusos ocurridos en los últimos años. Debido a que pocas victimas denuncian hechos de violencia y abusos por temor a represalias, y a que las autoridades venezolanas no han suministrado o publicado información sobre índices de criminalidad en el país, es probable que las cifras proporcionadas a continuación no reflejen la magnitud total de los abusos. En algunos casos, las cifras proporcionadas son significativamente inferiores a las cifras reales. Nuestras investigaciones sugieren que muchas víctimas viven en el silencio.

Homicidios

Los grupos armados han cometido homicidios en Arauca y Apure.

Los homicidios han aumentado en Arauca. En 2015, el año en que las FARC declararon el cese al fuego como parte de las negociaciones de paz, el gobierno colombiano informó 96 homicidios en Arauca. En 2018, fueron asesinadas 160 personas en el departamento, lo que equivale a 59 homicidios por cada 100.000 personas, aproximadamente dos veces el índice nacional. Estadísticas preliminares del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que las cifras continúan en aumento: 161 personas fueron asesinadas en Arauca entre enero y noviembre de 2019.

El ELN y el grupo disidente de las FARC son responsables de la mayoría de los asesinatos en Arauca, así como del aumento de los índices de homicidio en el departamento, según la Defensoría del Pueblo, organizaciones humanitarias y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, el ELN y el grupo disidente de las FARC habrían matado al menos a 93 personas en Arauca en 2018, el 58 % del total de los homicidios de ese año. El Instituto considera que el ELN y la disidencia de las FARC fueron responsables de al menos 97 asesinatos entre enero y noviembre de 2019, es decir, aproximadamente el 60 %.

Las autoridades venezolanas no elaboran estadísticas completas ni fiables sobre índices de criminalidad en el país, lo cual hace que sea imposible determinar la verdadera magnitud de los homicidios perpetrados por grupos armados en el estado Apure. Sin embargo, los grupos armados también han cometido homicidios en Apure. En septiembre de 2018, por ejemplo, el ELN habría matado al titular del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Guasdualito después de que miembros de esa institución presuntamente mataran al hijo de un comandante de la guerrilla.

Los grupos armados en Arauca y Apure suelen matar a quienes transgreden sus “normas”. En al menos 3 casos en 2018 y en 16 en 2019, los cuerpos de las víctimas en Arauca fueron encontrados con notas a su lado que indicaban el aparente motivo del asesinato: ser un supuesto “informante”, “violador”, “narcotraficante” o “ladrón”, por ejemplo. En ocasiones, el grupo disidente de las FARC se identificó en las notas como autor del hecho.

En algunos casos, las víctimas fueron halladas con las manos atadas o con otros signos de tortura. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia le informó a Human Rights Watch que había documentado 23 casos de homicidios con signos de tortura —en la mayoría de los casos las víctimas tenían las manos atadas— entre enero y mediados de agosto de 2019, en comparación con 20 en todo 2018 y 3 en 2017.

Los grupos armados también han asesinado a inmigrantes venezolanos. En 2018, según la Policía Nacional, 25 venezolanos fueron asesinados en el departamento. De acuerdo con estadísticas preliminares, 30 ciudadanos venezolanos fueron asesinados en Arauca entre enero y noviembre de 2019. Líderes comunitarios, trabajadores humanitarios y funcionarios de derechos humanos contaron a Human Rights Watch que muchos venezolanos fueron asesinados por haber violado las “normas” de los grupos armados. Muchos de ellos provienen de lugares donde no hay grupos armados, y por eso desconocen la existencia de estas normas o qué es lo que estipulan.

En algunos casos, los grupos armados llevaron a sus víctimas venezolanas o colombianas a Venezuela, a menudo para interrogarlas o para “investigarlas”; luego las asesinaron y dejaron sus cuerpos en Arauca. Por ejemplo, en mayo de 2019, miembros del ELN secuestraron a Andrés Gómez (seudónimo) en Arauca. Su madre viajó hasta Venezuela. Un comandante del ELN le dijo que se habían llevado a Andrés para una “entrevista” y que lo regresarían a casa al día siguiente. Su cuerpo fue encontrado en un municipio de Arauca, el 1 de agosto de 2019.

Los grupos armados también han asesinado a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en Colombia. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha documentado seis casos de defensores de derechos humanos asesinados en Arauca entre enero y fines de julio de 2019, en comparación con cuatro registrados en 2018 y uno en 2017. Cuatro defensores de derechos humanos asesinados en 2019 estaban trabajando en cuestiones relacionadas con derechos de los niños; la Oficina del ACNUDH y la Fiscalía General de la Nación investigan si algunos de ellos fueron asesinados por su trabajo contra el reclutamiento de menores. La Oficina del ACNUDH y la Fiscalía General de la Nación han indicado que el ELN fue responsable de, al menos, uno de los homicidios cometidos desde 2017 en Arauca. Asimismo, Alfonso Correa, un defensor de derechos humanos de Arauca, fue asesinado en marzo de 2019 en Casanare, un departamento al sur de Arauca. Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y de la Oficina del ACNUDH señalan al ELN como responsable de este caso.

El 27 de abril de 2018, hombres armados secuestraron a María del Carmen Moreno Páez de su finca en la zona rural de Arauquita, Colombia, según contaron dos familiares a Human Rights Watch. Los secuestradores enviaron videos y fotos a su familia —a los que Human Rights Watch tuvo acceso— en los que se veía a Moreno Páez con los ojos vendados, y exigieron dinero para su liberación. La mataron horas después de secuestrarla. Los bomberos encontraron su cuerpo cinco días más tarde. Poco después de que se encontró su cuerpo, apareció en las redes sociales un video —al cual Human Rights Watch tuvo acceso— en el que se ve a dos hombres, con las manos atadas y cadenas alrededor del cuello, confesar el secuestro y asesinato de Moreno Páez. Más tarde ese mismo día, se hallaron los cadáveres de los dos hombres en una zona llamada El Troncal, con una nota junto a los cuerpos que decía: “Estos son los autores del secuestro y asesinato de la señora María… [H]acemos justicia. FARC-EP. Ejército del pueblo”.

Mauricio Lezama, un cineasta que trabajaba en un documental sobre las víctimas de Arauca, estaba consumiendo un refresco frente a una pequeña tienda en La Esmeralda, un poblado en la zona rural de Arauca, el 9 de mayo de 2019, mientras esperaba para comenzar a filmar el documental, cuando dos hombres en motocicleta pasaron junto a él y le dispararon. Lezama murió en el acto y otra persona resultó herida a causa de los disparos. Su cuerpo quedó tendido en la calle durante horas hasta que las autoridades pudieron llegar al lugar y retirarlo. No está claro quién mató a Lezama, aunque las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y de la Oficina del ACNUDH indican que la disidencia de las FARC sería responsable.

Reclutamiento de menores

El grupo disidente de las FARC y el ELN reclutan a niños y niñas venezolanos y colombianos en Arauca y Apure. Algunos de los niños reclutados tienen apenas 12 años. Fuentes confiables indicaron a Human Rights Watch que ambos grupos armados han establecido campamentos en Apure, donde entrenan a nuevos reclutas, incluidos menores de edad.

Mientras las autoridades venezolanas no elaboran estadísticas confiables sobre reclutamiento de menores, la Unidad de Víctimas de Colombia registró 14 casos de reclutamiento de menores en Arauca entre 2017 y 2019. La Fiscalía General de la Nación de Colombia está investigando 21 casos de reclutamiento de menores ocurridos desde 2017 en Arauca, incluidos 6 en los que las víctimas eran venezolanas. Sin embargo, solamente se denuncia una proporción muy reducida de los casos de reclutamiento de menores, según una fuente humanitaria, dos funcionarios de derechos humanos y un funcionario gubernamental que trabaja en el tema. De hecho, un funcionario gubernamental y una organización humanitaria denunciaron el reclutamiento de 15 menores de edad por parte de la disidencia de las FARC solamente en el municipio de Saravena, entre enero y marzo de 2019.

El reclutamiento de menores por parte de las FPLN no parece ser algo común, según líderes comunitarios locales, periodistas e investigadores. Human Rights Watch no documentó casos de este tipo.

El ELN y el grupo disidente de las FARC les ofrecen dinero a los niños y niñas, así como acceso a motocicletas y armas, según actores humanitarios y líderes comunitarios. Human Rights Watch recibió, a través de una fuente local confiable, mensajes de líderes comunitarios en Apure, en los cuales los líderes indicaban que grupos armados reclutan a niños y niñas en el estado. Uno de los líderes señaló que el ELN organizaba partidos de fútbol para persuadir a niños de que se unieran al grupo.

Los grupos reclutan a los niños o bien para usarlos como guerrilleros, que viven en los campamentos y participan en combates, o para ser milicianos, los cuales viven en zonas urbanas y cobran pagos de extorsiones, proporcionan información para sus pares en zonas rurales y llevan a cabo actos de violencia de menor magnitud, como ataques con granadas.

Actores humanitarios en Arauca que han tenido algún tipo de contacto con los grupos armados también reportan que hay niños en ambos grupos armados. En julio de 2019, 16 miembros del grupo disidente de las FARC en Arauca se entregaron a las Fuerzas Armadas; seis de ellos eran menores de 18 años, incluido un venezolano. Prácticamente todos los desmovilizados pertenecían a una comunidad indígena.

Los niños reclutados por el grupo disidente de las FARC enfrentan una situación incierta si desean escapar del grupo armado una vez que son adultos. Conforme al derecho colombiano, no existe vía legal si los adultos desean desmovilizarse y, a diferencia de los miembros del ELN, no son elegibles para los programas de reintegración.

La disidencia de las FARC ha tomado represalias contra los guerrilleros que han intentado escaparse. Un testigo de los abusos de este grupo dentro de un campamento en Venezuela dijo que vio un “juicio revolucionario” en el que el grupo juzgó a dos guerrilleros —un adulto y un niño— por intentar escapar. Contó a Human Rights Watch que los miembros del grupo armado votaron a favor de que mataran al adulto, pero le dieron al niño una “segunda oportunidad” e impusieron una sanción que consistía en obligarlo a cavar trincheras. En agosto de 2019, el Ejército rescató a un niño de 2 años que había sido secuestrado por la disidencia de las FARC en abril. Se trata del hijo de dos guerrilleros que habían escapado de las filas del grupo; habría sido secuestrado en represalia.

Un día de abril de 2019, Lina y Natalia (seudónimos), ambas de 15 años, tomaron el autobús desde la escuela a la que asistían en la zona rural de Arauca. Cuando bajaron del autobús, miembros del ELN las convencieron de que fueran a un campamento para convertirse en guerrilleras. La madre de Lina, junto con otro líder comunitario, fue al campamento tan pronto como se enteró de lo que había ocurrido. Allí, pudo persuadir al comandante de que dejara ir a su hija, pero no liberó a Natalia. El comandante dijo que, si Lina alguna vez volvía a las guerrillas, se quedaría allí de por vida. Según funcionarios gubernamentales que hablaron con Lina, miembros de la guerrilla les preguntaron a las dos niñas si eran vírgenes y les tomaron fotografías en ropa interior. Tanto Lina como su madre huyeron más tarde de Arauca.

Secuestros, desapariciones y trabajo forzado

El ELN y el grupo disidente de las FARC secuestran a civiles en Arauca y Apure, e incluso someten a las víctimas a trabajo forzado como castigo por violar sus “normas”.

Desde 2017, al menos 24 personas han sido secuestradas en Arauca, incluidas 13 en 2018 y 5 entre enero y septiembre de 2019. Entre estos, hay casos en los cuales grupos armados exigieron pagos extorsivos o sometieron a las víctimas a trabajo forzado. Las víctimas incluyen a miembros de las fuerzas militares colombianas.

En Apure, el ELN y el grupo disidente de las FARC secuestran a personas mayormente para obligarlas a realizar trabajo forzado, según periodistas, residentes, un defensor de derechos humanos e investigadores. Los grupos armados en Apure también secuestran a campesinos para poder quedarse con sus tierras.

La cantidad de personas desaparecidas ha aumentado en Arauca en los últimos dos años. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, la cantidad de personas reportadas como desaparecidas en el departamento aumentó de 8 en 2017 a 14 en 2018. Entre enero y noviembre de 2019, 12 personas fueron reportadas como desaparecidas en Arauca. Conforme al derecho colombiano, tanto particulares como actores estatales pueden ser responsabilizados por “desapariciones forzadas” y la Fiscalía General de la Nación indicó a Human Rights Watch que, en septiembre de 2019, los fiscales tenían bajo investigación 46 casos de presuntas desapariciones forzadas cometidas en Arauca desde 2017.

Algunas de las personas denunciadas como desaparecidas han reaparecido tras meses de trabajo forzado en fincas o campamentos guerrilleros, una forma de castigo impuesta por los grupos armados en Arauca. Principalmente con el objetivo de imponer control social, los grupos armados obligan a las personas que violan las “normas” a trabajar en sus campamentos o en fincas que al parecer administran personas vinculadas a los grupos.

Human Rights Watch documentó dos casos de trabajo forzado que se describen a continuación (uno por parte del ELN y el otro del grupo disidente de las FARC) y recibió señalamientos creíbles de actores humanitarios y residentes locales sobre otros tres casos. En ambos casos documentados por Human Rights Watch, las víctimas indicaron que vieron o hablaron con otras personas que también eran obligadas a trabajar en los lugares donde las retenían los grupos armados. En los dos casos, las víctimas estuvieron retenidas en Venezuela, donde fueron sometidas a trabajos forzados. Según la información disponible a Human Rights Watch, las autoridades colombianas y venezolanas no mantienen un registro oficial de casos de trabajo forzado, aunque fuentes locales señalan que el ELN es el grupo que impone este “castigo” con mayor frecuencia.

Las víctimas de trabajo forzado no siempre son secuestradas. Por ejemplo, Human Rights Watch recibió señalamientos creíbles de que, a fines de 2017, unos jóvenes a quienes un grupo armado acusó de robo fueron obligados a limpiar zonas de su propia localidad en Apure[60].

Miguel Escobar (seudónimo), un hombre venezolano de 31 años, contó a Human Rights Watch que en mayo de 2019 fue citado a un campamento de la disidencia de las FARC en Venezuela para hablar con “Jerónimo”, el comandante del grupo disidente de las FARC. Escobar contó que su esposa le había dicho al grupo disidente de las FARC que él la había maltratado. Escobar relató a Human Rights Watch que, tras una breve discusión con “Jerónimo”, fue obligado a trabajar sin remuneración alguna como cocinero en el campamento de la disidencia durante dos meses. En el campamento, trabajó con otros dos civiles que eran sometidos al mismo trato, según informó. Miguel relató que fue testigo de un homicidio y recibió testimonios directos sobre otros cuatro homicidios mientras estuvo en el campamento. Después de “cumplir” su castigo de dos meses como cocinero en el campamento, un comandante le dijo que tenían intención de mantenerlo allí durante dos años. Escobar escapó poco después.

Carlos Torres (seudónimo) se encontraba en un bar en Arauca a fines de 2017, donde, según contó, tuvo un pequeño altercado con un joven. Al día siguiente, se detuvo frente a su vivienda un automóvil, del que bajó un hombre joven quien llamó a la puerta y, luego, ingresó por la fuerza acompañado de otros tres hombres. Los cuatro estaban armados, observó Carlos. Lo obligaron a subir al automóvil, le vendaron los ojos y luego lo subieron a una canoa, con la que cruzaron el río Arauca hasta llegar al lado venezolano, recordó. Allí, trabajó en una finca durante casi siete meses, según afirma, haciendo diversas tareas con otros dos jóvenes. Finalmente, cuando fue liberado, sus captores revelaron que pertenecían al ELN y dijeron que lo habían llevado para hacer trabajo forzado porque el joven con el que había tenido el altercado en el bar era miembro del ELN. Se mudó a otra localidad después de que el ELN lo amenazara tras su liberación.

Luis Menéndez (seudónimo) fue secuestrado en Arauca en 2019. Esa noche, había estado en un bar con amigos cuando se presentaron seis hombres armados. Los hombres afirmaron pertenecer a la disidencia de las FARC, según relató, y le indicaron que tendría que ir con ellos. Como en un primer momento se resistió a ir, los hombres efectuaron dos disparos al suelo. Menéndez contó a Human Rights Watch que lo llevaron al río Arauca y cruzaron a Venezuela. Una vez en Venezuela, lo trasladaron en un vehículo hasta una casa; en el camino pasaron por dos puestos de control de la Guardia Nacional Bolivariana. Unos días después, cuando el grupo disidente de las FARC se dio cuenta de que su familia no podría pagar el rescate que habían pedido lo liberaron.

Amenazas y otras formas de control social

Los grupos armados en Arauca y Apure amenazan de forma rutinaria a civiles para mantener el control social. Estas amenazas suelen dirigirse a personas que violan las “normas” de los grupos o son realizadas para obligar a los civiles a hacer lo que los grupos quieren.

La Unidad de Víctimas de Colombia registró más de 2.000 amenazas relacionadas con el conflicto armado en Arauca entre 2017 y el 1 de septiembre de 2019[64]. “Es como si existieran dos estados de gobierno”, dijo a Human Rights Watch un defensor de derechos humanos en Apure. “[Los grupos armados] dan dos advertencias; la tercera es sentencia de muerte”.

Las amenazas pueden adoptar diversas formas. Por ejemplo, tanto el grupo disidente de las FARC como el ELN amenazan mediante panfletos en los que se anuncia una “limpieza social”, un término utilizado en Colombia y en el estado venezolano Apure en referencia al homicidio de personas que se consideran “indeseables” para la sociedad, como ladrones o personas que consumen drogas[66]. Estas amenazas ocurren tanto en Apure como en Arauca.

Estos panfletos coinciden con el manual de “Normas unitarias de comportamiento y convivencia” creado por las FARC y el ELN en 2013 después de que pusieran fin al conflicto entre estos grupos que tuvo lugar entre 2006 y 2010. El manual establece normas tanto para guerrilleros como para residentes. Las “normas” del manual, que el ELN y el grupo disidente de las FARC continúan aplicando[69], tienen como propósito controlar numerosos aspectos de la vida diaria: regulan la pesca; prohíben la violación sexual, el robo y el homicidio; obligan al pago puntual de las deudas e, incluso, especifican a qué hora deben cerrar los bares. El manual también obliga a miembros de la comunidad a trabajar un día al mes en una tarea comunitaria. Si bien el manual incluye referencias a “sanciones ejemplarizantes” y un “tratamiento adecuado” a “delitos graves”, no especifica los castigos que deben imponerse cuando se transgreden las normas. En la práctica estos castigos pueden incluir la muerte, el trabajo forzado, amenazas y desplazamiento.

Si bien los grupos armados aparentemente no aplican el manual en Apure, los castigos que infligen por “infracciones” similares son los mismos. Los grupos armados con presencia activa en Apure castigan a los residentes locales por incumplir las “normas” con amenazas, trabajo forzado y, en ocasiones, homicidios.

Varios actores humanitarios, funcionarios de derechos humanos y defensores de derechos humanos señalaron a Human Rights Watch que es más común que el ELN utilice panfletos o amenace a personas antes de matarlas, mientras que el grupo disidente de las FARC en general mata a sus víctimas sin darles ninguna advertencia.

También es habitual que amenacen a funcionarios gubernamentales, al menos en Colombia. Cinco de los siete personeros —funcionarios municipales dedicados a temas de derechos humanos— en Arauca han recibido amenazas de grupos armados; algunos han abandonado el departamento.

Varios políticos, incluidos algunos candidatos a la gobernación, la alcaldía y concejales municipales en las elecciones locales de octubre de 2019 de Colombia, también han recibido amenazas de grupos armados. Por ejemplo, en un panfleto circulado en febrero de 2019, el grupo disidente de las FARC amenazó a miembros de Centro Democrático, el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe y el actual presidente Iván Duque. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha indicado que en cuatro de los siete municipios en Arauca existe un nivel de riesgo “extremo” —el más alto— de violencia electoral. También ha observado que Arauca es el municipio de Colombia donde se registra la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos contra candidatos u otras personas que trabajan en campañas electorales.

Los grupos armados suelen exigir que las personas acudan a encuentros con comandantes, donde también se las amenaza. Es común que los grupos en Arauca entreguen a las víctimas notas escritas a mano en pequeños trozos de papel con el logotipo del grupo armado, llamadas “vikingos”, para convocarlas a una reunión con un comandante. En otras ocasiones, una persona se les acerca en público para decirles que tienen que reunirse con un grupo armado[81]. Por ejemplo, Human Rights Watch entrevistó a un político que recibió dos notas del ELN. En noviembre de 2018, el grupo lo extorsionó para que les entregara dinero; en julio de 2019, el ELN le exigió que se presentara en un lugar específico sin indicar los motivos. Un miembro del grupo le había advertido anteriormente que hiciera lo que le decían.

Estas reuniones tienen lugar a ambos lados de la frontera entre Venezuela y Colombia[84]. Un líder comunitario dijo a Human Rights Watch que tuvo que cruzar la frontera para acudir a una reunión en Venezuela, donde estuvieron presentes comandantes del grupo disidente de las FARC y del ELN. En la reunión, los comandantes le explicaron los motivos por los cuales a los grupos les preocupaban algunas iniciativas gubernamentales en su localidad. Según este líder, que afirmó haber sido amenazado en tres oportunidades por los grupos armados, “sería demasiado peligroso no ir” a la reunión.

En zonas rurales de Arauca y Apure, grupos armados colocan carteles en las calles o utilizan megáfonos para comunicar sus normas a los locales o para hacer anuncios públicos. A veces, por ejemplo, establecen toques de queda en zonas rurales o prohíben a las personas usar cascos cuando circulan en motocicleta para que los guerrilleros puedan ver sus rostros. Un líder comunitario dijo a Human Rights Watch que “usar casco puede ser peligroso”.

Los grupos armados extorsionan de forma generalizada a la población. Casi todos en el departamento han sido víctimas de extorsión, incluso campesinos de bajos recursos, según entrevistas realizadas por Human Rights Watch. “Nosotros no producimos ni para darle de comer a la familia y nos toca pagar”, expresó un campesino de la zona a Human Rights Watch. No obstante, pocas víctimas parecen estar dispuestas a denunciar estas extorsiones. Si bien múltiples fuentes señalaron a Human Rights Watch que la extorsión es un fenómeno generalizado en Arauca, la Fiscalía General de la Nación de Colombia se encuentra actualmente investigando apenas 263 casos presuntamente cometidos desde 2017. De forma similar, el Ministerio de la Defensa reportó 285 casos de extorsión ocurridos en el departamento entre enero y fines de septiembre de 2019.

El ELN y el grupo disidente de las FARC extorsionan por separado a personas en las mismas zonas y, en ocasiones, exigen la misma cantidad de dinero. Sin embargo, a menudo no queda claro si los grupos esperan que los residentes paguen ambas sumas ni en qué casos pretenden que lo hagan. Aunque una víctima de extorsión y un funcionario de derechos humanos dijeron a Human Rights Watch que las personas no tienen que pagarles a ambos grupos, dos residentes señalaron que habían sido obligados a hacerlo. Como se mencionó antes, algunas personas son citadas a encuentros en Venezuela para hacer dichos pagos.

Viviana Sánchez (seudónimo) era propietaria de una pequeña tienda en la zona rural de Arauca. A veces, soldados del Ejército colombiano patrullaban la localidad y se detenían en su tienda, contó a Human Rights Watch. Dijo que el ELN la amenazó por su contacto con los soldados. Contó a Human Rights Watch que un guerrillero de bajo rango solía ir a su tienda a beber cerveza y le hacía insinuaciones sexuales no deseadas, que ella rechazaba sistemáticamente. En julio de 2019, recibió un panfleto que decía que tenía que irse de la zona. Acudió a encontrarse con el comandante en la zona. En ese encuentro, un guerrillero le apuntó con una pistola en la cabeza mientras otro le hizo varias preguntas sobre su relación con los soldados. Se le permitió quedarse en la zona bajo ciertas condiciones, como no volver a venderles nada a miembros del Ejército. Poco después, el guerrillero que la había acosado sexualmente ascendió a un rango más alto en la zona, volvió a su tienda a beber, y ella una vez más rechazó sus insinuaciones sexuales indeseadas. Un miliciano del ELN a quien ella conocía le dijo que el hombre que la acosaba había ordenado que la mataran debido a que lo había rechazado, y que la orden incluía matarla frente a su hija y que se filmara la ejecución. Sánchez huyó de la zona con ayuda del mismo miembro del ELN y temía regresar cuando Human Rights Watch la entrevistó.

Violencia sexual

Los grupos armados han cometido numerosas violaciones sexuales y otros actos de violencia sexual. La Unidad de Víctimas de Colombia registró más de 25 casos de violencia sexual vinculados con el conflicto armado en Arauca entre enero de 2017 y septiembre de 2019.

Una fuente humanitaria contó a Human Rights Watch un caso de una mujer que fue secuestrada por el ELN en Arauca y llevada a Venezuela, donde miembros de la guerrilla la violaron. Luego volvieron a llevarla a Colombia y amenazaron con violar a su hija, cuya edad Human Rights Watch no pudo determinar, si no pagaba una deuda que tenía con el grupo.

Actores humanitarios contaron a Human Rights Watch que niñas de apenas 14 años que integran las filas de grupos armados a menudo son sometidas a violencia y abusos sexuales[99]. Por ejemplo, una niña venezolana de 15 años que escapó del grupo disidente de las FARC manifestó a las autoridades que el comandante la violó. De manera similar, una niña de 14 años que escapó en agosto de 2019 de un grupo armado que la mantenía en Venezuela informó que guerrilleros del grupo la violaron. Su caso se describe a continuación.

Carolina (seudónimo), de 14 años, fue reclutada a principios de 2019 por un grupo armado con presencia activa en Arauca y fue llevada a Venezuela. Unos meses más tarde, escapó y pudo regresar a Colombia. Según contó a actores humanitarios, varios miembros del grupo armado la violaron. Durante el tiempo en que estuvo con el grupo, quedó embarazada. Afirmó que miembros del grupo armado sometían a otras niñas en el grupo a violencia sexual, como violación y abortos forzosos.

Si bien es probable que, por los motivos indicados anteriormente, la cantidad de abusos mencionados en este informe no reflejen el número real, hay varios factores específicos que contribuyen a que probablemente se denuncie una proporción muy reducida de los casos de violencia sexual. En un informe de 2012 sobre violencia de género en Colombia, Human Rights Watch identificó diversas barreras que enfrentan las mujeres y niñas desplazadas cuando intentan obtener justicia tras sufrir un hecho de violencia de género, incluido maltrato de algunas autoridades, dificultades para presentar pruebas, derivaciones ineficaces, obstáculos económicos y el temor a presentar denuncias.

Minas y atentados con explosivos

El Tratado sobre la Prohibición de Minas de 1997, del cual Colombia es parte, establece la prohibición total de las minas antipersonal. Los grupos armados han continuado colocando minas terrestres en Arauca.

Según estadísticas del gobierno colombiano, 23 personas han sufrido heridas a causa de minas terrestres en Arauca desde 2017, incluidos 10 civiles y 13 miembros de las fuerzas armadas. El ELN ha reconocido públicamente que utiliza minas antipersonales en Arauca, aunque sostiene que solo lo hace contra fuerzas estatales[106]. No obstante, por sus características, las minas terrestres son de por sí armas indiscriminadas, lo cual significa que, al utilizarlas, las fuerzas armadas y los grupos armados no pueden diferenciar entre civiles y combatientes. Un actor humanitario y un residente que trabaja con víctimas de minas terrestres informaron que el grupo disidente de las FARC también coloca minas.

El ELN y el grupo disidente de las FARC en Arauca también llevan a cabo atentados con bombas y tubos de gas similares a morteros cargados con explosivos. La policía informó que, entre 2017 y septiembre de 2019, los grupos armados realizaron 85 atentados con explosivos en Arauca, 63 de ellos en 2019. Los grupos armados no parecen realizar este tipo de ataques en Apure.

Estas armas son indiscriminadas y su uso es ilegal en zonas con población civil. En julio de 2019, un grupo armado hirió a tres civiles, incluida una niña, durante un ataque con cilindros bomba contra una base militar en Saravena, un municipio de Arauca[110]. En agosto de 2019, miembros de un grupo armado dejaron una bomba detrás de la estación de policía de Fortul, en el centro del municipio. Cuatro civiles resultaron heridos, entre ellos una niña de 4 años.

Alexis Torres, de 42 años, y su esposa viajaban en su automóvil por la carretera que conecta Saravena con la ciudad cercana de Cubará, el 1 de marzo de 2019. En el trayecto, vieron a un grupo de soldados al costado de un puente. Cuando circulaban por el puente, una bomba colocada por un grupo armado se detonó debajo de este. La explosión destruyó el automóvil en el que viajaban. Torres sufrió heridas graves en el rostro y fractura de cráneo, mientras que su esposa sufrió lesiones leves, contó Torres a Human Rights Watch. Torres necesitó dos cirugías de reconstrucción del rostro y el cráneo, mientras que su esposa padeció severos efectos psicológicos a causa de la explosión.

Desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado de civiles es menos visible en Arauca que en muchas otras zonas de Colombia, debido a que el desplazamiento masivo no es un fenómeno tan común en esta zona del país[114]. Según la Unidad de Víctimas de Colombia, 2.366 personas fueron desplazadas forzosamente de sus viviendas en Arauca durante 2018 y 1.684 personas en 2017. Datos preliminares indican que más de 1.100 personas han sufrido desplazamiento forzado en Arauca entre enero y el 31 de agosto de 2019.

Las principales causas del desplazamiento forzado en Arauca y Apure incluyen el asesinato de un familiar, amenazas y extorsión. Si alguien no obedece las normas, “debe irse o morir”, explicó un líder comunitario a Human Rights Watch. Como se señaló antes, existen señalamientos creíbles de que grupos armados desplazan forzosamente a campesinos en Apure para quedarse con sus tierras.