En un discurso fluido, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, hizo un recorrido por las diferentes regiones y las constituciones que nos han regido desde la llegada de los españoles y la creación de la república, hasta la creación de las Regiones Administrativas de Planificación, RAP, con las que se busca aunar esfuerzos para resolver problemas comunes y conflictos que datan de muchos años.

Durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Cartagena de Indias, también se refirió a la necesidad de legislar para la equidad de los servicios públicos, la urgencia de sendas reformas a la justicia y pensional, de cara a los ciudadanos.
A continuación, el discurso del Presidente del Senado:

“Colombia, así algunos tratadistas digan lo contrario, es un país de regiones.

Lo fuimos desde la misma historia que encontraron los conquistadores españoles, cuando aparecieron por estas tierras con sus fastuosas naves de vela y monumentales caballos de la Santa Hermandad. El territorio, entonces, estaba dividido. Ahí donde había distintos modos de vida se levantaban los límites territoriales de un mapa político real.

Sobre los vestigios de esa división natural nacieron nuestras actuales regiones, al antojo, primero, de los semidioses que introdujeron los conceptos de soberanía y territorio, y luego, a la sazón de los legisladores de turno, que fueron levantando sus estacas de acuerdo con las percepciones coyunturales de país.

Más allá del propio ordenamiento ancestral, la Constitución Política de 1821 dispuso, entonces, que el territorio se dividiría en departamentos; los departamentos, en provincias; las provincias, en cantones, y los cantones, en parroquias.

La Carta de 1886 contó a nueve departamentos y la de 1991 normativizó los 32 que hoy reconocemos.

Distribución desató tensiones

El propio Instituto Geográfico Agustín Codazzi reconoce 19 conflictos limítrofes irresolutos entre departamentos y 110 entre municipios colindantes, la mayoría de ellos con más de 50 años de persistencia. Y en muchos de nuestros sures, la población confía sus sueños a otros departamentos, porque la capital del suyo está alejada de la geografía y los afectos.

Esa organización, cuestionada por los litigios y la realidad, puede darnos la apariencia del Estado Federal que soñaron los constituyentes de Rionegro en 1863, pero la ilusión se desvanece cuando nos enfrentamos al poder absoluto de un centralismo que dice, inclusive, cómo debemos construir los planes de desarrollo en departamentos y municipios. Ahí aparece un segundo desafío.

¿Saben nuestros ciudadanos cuál es el himno de su departamento? ¿O los colores de su bandera? ¿O los símbolos del escudo de armas? La vida que los colombianos viven a diario no la viven en sus departamentos, porque no reconocemos esta identidad.

Todo eso pasó, en muy buena parte, porque las decisiones coloniales y las posteriores actuaciones políticas, revolvieron nuestras diferencias culturales en un caldero de homogeneidades forzadas.

Para buscar esas conexiones que implican evidentemente una construcción compleja de reconocimientos y pertenencia, el Congreso de la República aprobó la Ley 1962, del 29 de junio de 2019, por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la Región Administrativa de Planificación y se establecen las condiciones para su conversión en región entidad territorial.

Estábamos en mora de desarrollar los artículos 306 y 307 de la Constitución de 1991 y abrir una vía institucional para que nuestras regiones explotaran los recursos naturales compartidos, generaran proyectos de desarrollo comunes y construyeran infraestructura conveniente.

Nuestra recomendación a las entidades territoriales, es que armen sus alianzas con sensatez, reconociendo los lazos ancestrales y desplegando un diálogo intercultural transparente.

Esta es una oportunidad histórica para generar desarrollo y recobrar identidad. No la dilapiden con revanchismos territoriales ni convaliden los oportunismos regionales que empiezan a asomarse.

Utilicen, para esos efectos, las potencialidades que hoy les permite el sistema general de regalías, que también reformamos antes de finalizar el año anterior en el Congreso de la República, para favorecer no solo a las regiones productoras y portuarias, sino a los 700 municipios más pobres del país.

Ahí contarán con una partida del 34% para inversión en proyectos regionales, a partir de necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo.

Si desunidos, como andamos, las regalías por minería e hidrocarburos permitieron reducir la pobreza en Colombia en un 17%, la unión territorial que optimice su uso, deberá darle el gran golpe a la inequidad.

En esta legislatura tenemos que avanzar en otros desafíos, que de la misma forma los involucran a ustedes como gobernantes:

o La reforma a la justicia, por ejemplo, es una necesidad inaplazable. Lo hemos intentado una veintena de veces, y aún no llegamos a un consenso básico. Tenemos que lograr una transformación, con el concurso por supuesto de la rama judicial, que devuelva la fe de los ciudadanos en sus jueces y acabe definitivamente con el accionar cuestionable de los que aplican la justicia por su propia mano. Es muy importante legislar para garantizar una mayor transparencia en la participación de los altos dignatarios de Estado en los procesos de elección popular; pero lo que más necesitamos es una justicia cercana a la gente.

o La reforma pensional, por su parte, tiene que debatirse de frente al país. Si bien esperamos la iniciativa del gobierno nacional, abriremos canales en el Senado para recibir las propuestas de todo aquel que crea tener ideas sustanciales para construir, entre todos, un nuevo sistema general de pensiones que tenga en consideración a los colombianos y no solo al sistema financiero.

o La paz, mientras tanto, no es una promesa: es un hecho que nos involucra. En este escenario sí que tienen un papel relevante los gobernadores. En la medida en que se conviertan en los grandes gestores de la reconciliación de los colombianos, lograremos la meta que intentan aplazar fuerzas extremas de derecha e izquierda, enquistadas en la sombra. De nuestra parte insistiremos en abrir espacios para que las víctimas, frente a las cuales seguimos teniendo una monumental deuda en Colombia, tengan la participación debida en el Congreso.

o Finalmente debemos legislar por la eficiencia y equidad en los servicios públicos. En pleno siglo XXI, tenemos indicadores de cobertura y confiabilidad del siglo pasado. Allí donde hay deficiencias, como en la Costa Caribe, urgiremos al Gobierno Nacional a avanzar en la designación de nuevos operadores; de nuestra parte, volveré a presentar al Senado de la República el proyecto de ley que exonera de pago de reconexión en los servicios públicos domiciliarios, a las familias de los estratos 1, 2 y 3.

Ese es nuestro papel, vale decir, rodear de garantías el ejercicio público que ustedes realizan como líderes naturales de las regiones, mientras sus gobernaciones van recuperando la identidad perdida que los dirigentes de antaño les quitaron”.