–En desarrollo de la estrategia anticorrupción, por las aberrantes irregularidades en el uso de recursos y la compra de ayudas por la pandemia del Covid-19, son 3 gobernadores, 13 alcaldes y 32 personas más, entre funcionarios y contratistas a los cuales la Fiscalía General de la Nación ha vinculado a procesos penales.

Las acciones judiciales son el resultado inicial dela operación del bloque anticorrupción conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, para garantizar la destinación correcta y legal de los recursos dispuestos para atender la emergencia por el COVID?19

“No es un proceso de linchamiento a funcionarios. Es un proceso de moralización de la acción pública”, aclaró el Fiscal General, Francisco Barbosa, al confirmar las acciones judiciales.

“La Fiscalía verificó más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país”, precisó.

Por estas circunstancias, el Fiscal anunció que imputará y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes y citará a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 alcaldes más y 3 gobernadores, por presunta corrupción durante la emergencia por Covid-19

Además, se harán 23 imputaciones y se solicitarán medidas de aseguramiento contra contratistas, intermediarios y diversos funcionarios públicos del país.

“Ser funcionario público implica el deber de honrar a la ciudadanía, no de desfalcar o atropellar ni conculcar los derechos de los colombianos”, notificó el Fiscal General.

Los 10 alcaldes que serán cobijados con medida de aseguramiento, son los siguientes:

1. Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales.
2. Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez.
3. Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals.
4. Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez.
5. Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras.
6. San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza.
7. San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez.
8. Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez.
9. Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez.
10. Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

De hecho, ya fueron capturados los alcaldes de Guaduas y Palocabildo.

Estos tres alcaldes serán llamados a interrogatorio en calidad de indiciados:

1. Acacías (Meta), Eduardo Cortés Trujillo.
2. Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa.
3. Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez.

En el marco de esos procesos, 10 personas más serán llamadas a interrogatorio en calidad de indiciados:

1. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Sincelejo, Kattiuska Margarita Fernández Castillo.
2. Supervisor de Contrato en Sincelejo, Leonardo Beltrán Pinto.
3. Director Técnico de Gestión Contractual de Sincelejo, Andrés Gutiérrez Ahumada.
4. Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía de Sincelejo, Gustavo Pérez Mier.
5. Supervisor de Contrato en Sincelejo, Diomedes de Jesús Guevara Pereira.
6. Representante Legal Biel People Publicidad, Hugo José Tabares Sierra.
7. Representante Legal Abastos y Fruver El Paraíso, María Eugenia Mercado Pertuz.
8. Exsecretaria de Gobierno de Acacías (Meta), Bertha Amanda Perilla Villamil.
9. Jefe de Contratación de Acacías (Meta), Óscar Javier Ortiz Arteaga
10. Contratista de Acacías (Meta), César Alonso Daza.

Del mismo modo, se harán 23 imputaciones y se solicitarán medidas de aseguramiento contra contratistas, intermediarios y diversos funcionarios públicos, ellos son:

1. Concejal de Tuluá (Valle del Cauca), Carlos Arturo Londoño, quien fue capturado.
2. Directora Administrativa de la Alcaldía de Armenia (Quindío), Gabriela Valencia
Vásquez.
3. Secretaria Privada de la Alcaldía de Pereira (Risaralda), Mónica Patricia Botero
Montoya.
4. Director de Gestión del Riesgo de Pereira (Risaralda), Alexander López.
5. Secretario de Educación departamental de Arauca, William Arévalo.
6. Asesor de Cultura y Turismo de Arauca, Omar Alberto Cisneros.
7. Gerente de Contratación de Arauca, Heivind Palomino Gutiérrez.
8. Secretario General y de Gobierno de Palocabildo (Tolima), José Manuel Troncoso.
9. Secretario Administrativo de Calarcá, José Winser Garzón Tobaria.
10. Secretario General y de Gobierno de San Antonio (Tolima), Luis Enrique Polo Álvarez.
11. Representante legal de la Fundación Lirio de los Valles (Funlidelosva) de Malambo
(Atlántico), Marla María Macías Beleño.
12. Supervisora contrato Malambo (Atlántico), Doris Monsalve Parra.
13. Representante legal empresa contratista Armenia, Hernando Pérez Bedoya.
14. Contratista de Pereira (Risaralda), Julio César Bustos Villegas.
15. Contratista de Pereira (Risaralda), Jhon Jairo Segura Varela.
16. Gerente de supermercado en Pereira (Risaralda), Efraín Rodríguez Prieto.
17. Contratista en Arauca, Jhon Elver Garrido.
18. Contratista en Cereté (Córdoba), Luz Fanny Suárez Montoya.
19. Contratista en Guaduas (Cundinamarca), Marco Héctor Arias Bobadilla.
20. Intermediario de contratos en Guaduas (Cundinamarca), Yasmín Campos.
21. Intermediario de contratos en Guaduas (Cundinamarca), Luis Hernández.
22. Contratista en San Antonio (Tolima), Carlos Fernando Tovar Perea.
23. Contratista en San Antonio (Tolima), Edward Fernando Hernández Oliveros.

Por último, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia citó a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 gobernadores.

1. San Andrés Islas, Everth Hawkins.
2. Arauca, José Facundo Castillo.
3. Guaviare, Heydeer Palacio.

La Fiscalía estableció que existen indagaciones contra 14 gobernadores de los siguientes departamentos: Arauca (tres casos), Magdalena (tres casos), Cesar (tres casos), San Andrés (dos casos), Guaviare (dos casos), Vichada (dos casos); y Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Casanare, Bolívar, Sucre, Amazonas y Vaupés (con un caso respectivamente).

Además anunció que en los próximos días se tomarán decisiones con nuevas imputaciones e imposición de medidas de aseguramiento contra algunos mandatarios departamentales y municipales, por conductas penales atinentes a la corrupción.