–Cuando arribaba a la capital de la República procedente de Barranquilla, fue capturado este martes en el aeropuerto El Dorado el senador del Partido de la U. Eduardo Enrique Pulgar Daza, en cumplimiento de una orden impartida por la Corte Suprema de Justicia.

Tras dictarle una medida de aseguramiento, el alto tribunal ordenó la captura del congresista, que hicieron efectiva agentes del CTI de la Fiscalía, en el marco de un proceso en su contra por sobornar a un juez del municipio de Usiacurí, departamento del Atlántico, a quien ofreció “200 barras” para que supuestamente favoreciera a uno amigo suyo en un millonario negocio, hecho que fue registrado en un video que circuló en las redes sociales y causó gran alboroto.

La Corte Suprema de Justicia informó así sobre su decisión:

——————————————————————————————-

Sobre el soborno, la Procuraduría General de la Nación estableció que la acción del congresista iba dirigida a favor del excónsul honorario de Polonia en Colombia, Luis Fernando Acosta Osío.

Precisamente, el pasado 14 de agosto, el ministerio público le abrió un juicio disciplinario al senador Eduardo Enrique Pulgar Daza, por el presunto ofrecimiento de $200 millones al entonces juez Promiscuo Municipal de Usiacurí, Atlántico, Andrés Fernando Rodríguez Cáez, a cambio de una decisión en favor de un tercero, en un proceso penal que se adelantaba en ese despacho.

La Procuraduría reprochó a Pulgar Daza el que hubiera incumplido sus deberes con la defensa de la legalidad y la promoción del bienestar general, con lo que habría atentado contra la dignidad y majestad de la justicia y su recta administración, al realizar el supuesto ofrecimiento económico para que el juez favoreciera con una decisión a Luis Fernando Acosta Osío, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Según el organismo de control, valores y principios como la probidad, moralidad y rectitud que deben rodear la actuación de un funcionario público, en este caso de un congresista, se habrían visto significativamente afectados con el comportamiento que en 2017 el investigado presuntamente desplegó con la intención de perturbar la imparcialidad de la justicia.

La Procuraduría calificó provisionalmente la falta de Pulgar Daza, tipificada en la ley como el delito de cohecho por dar u ofrecer, como gravísima a título de dolo.

El 14 de octubre, la Procuraduría General de la Nación en audiencia virtual de juzgamiento disciplinario rechazó la solicitud de Pulgar Daza, encaminada a que el proceso por el presunto soborno al juez Promiscuo Municipal, pasara a disposición de la Comisión de Ética del Congreso.

La Sala Disciplinaria rechazó los argumentos del investigado, quien afirmó que por estos mismos hechos la comisión le adelanta una investigación; así como los de su defensa, que adujo falta de competencia del Ministerio Púbico para disciplinar a funcionarios de elección popular.

El ente de control al resolver las peticiones de Pulgar Daza y su apoderado precisó que para casos de corrupción la única competente para investigar y sancionar a congresistas es la Procuraduría General de la Nación, como lo establecen los tratados internacionales de lucha contra la corrupción, y recientes fallos del Consejo de Estado, como el que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, contra la decisión que lo destituyó e inhabilitó 18 años por los hechos de corrupción relacionados con la cesión del contrato de obra para la adecuación de la calle 26 al Sistema de Transporte Transmilenio.

Teniendo en cuenta que el senador Pulgar planteo un conflicto positivo de competencias entre la Comisión de Ética del Congreso y la Procuraduría, la Sala Disciplinaria enviará el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que sea el máximo tribunal de lo contencioso administrativo el que dirima a quién corresponde la competencia.

Tras la decisión de la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia le abrió a Pulgar Daza el proceso por cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la participación democrática y precisamente desde agosto pasado había llamado al congresista a indagatoria por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la participación democrática o corrupción al sufragante.