–La Fiscalía General de la Nación confirmó este martes que investiga un total de 85 personas por el desvío o saqueo de multimillonarios recursos de los Programas de Alimentación Escolar (PAE) en el país.

De acuerdo con los investigadores de Policía Judicial de la Fiscalía, del total de procesados ya se encuentran en calidad de indiciados 49 funcionarios y exservidores públicos.

Según los peritos a cargo de estas investigaciones penales, 28 de los funcionarios y exfuncionarios están en la mira por actuaciones emprendidas como servidores en diferentes alcaldías del país y otros 21 por hechos ocurridos durante su gestión en diversas Gobernaciones.

La aberrante corrupción con el Plan de Alimentación Escolar, PAE, fue denunciada por la Contraloría General de la República, la cual estableció que contratistas del ICBF entregaron 28 mil raciones de alimentos a 15 mil beneficiarios fallecidos.

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI de la Contraloría General de la República identificó 69 alertas en la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a supuestos beneficiarios durante la pandemia del Covid-19, en ejecución del Programa de Canastas Nutricionales.

Hay beneficiarios que aparecen en la Registraduría Nacional como fallecidos, pero a los que contratistas les entregaron ración de alimentos; menores de edad que en la misma base datos están reportados como muertos, pero que su documento estaría siendo suplantado por beneficiarios; y casos como el de una madre que recibió raciones por 172 hijos que tendría en un solo municipio.

Las anteriores son solo 4 de 69 alertas que detectó la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI con su Modelo de Analítica Descriptiva que le está haciendo seguimiento al Programa Canastas Nutricionales del ICBF.

15.580 acudientes que aparecen reportados como fallecidos

Una vez declarada la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Programa Canastas Nutricionales contrató una modalidad para que varios operadores hicieran el suministro de raciones alimentarias en los hogares de los niños y niñas entre cero y cinco años y madres gestantes registrados en el programa.

Desde esa fecha, la DIARI, dentro de su plan de vigilancia a los recursos asignados a atender la pandemia del Covid-19, identificó que diferentes contratistas del ICBF entregaron 28.018 raciones a 15.580 acudientes registrados que están en la base de datos de la Registraduría Nacional reportados como fallecidos.

Si se multiplica el número de raciones que se entregaron a estas personas fallecidas por el valor más bajo de una ración ($80.000), la suma de esta alerta de la DIARI es de $2.241 millones de pesos aproximadamente. Los valores de cada ración aumentan según el tipo de Centro Zonal desde donde se entregan y si son para mujeres gestantes y madres en periodos de lactancia.

La DIARI detectó que de esas 28.018 entregas de raciones a acudientes de menores de edad que aparecen en las bases de datos como fallecidos, 4.548 se realizaron en el departamento de La Guajira en los meses de mayo, junio y julio.

Menores fallecidos suplantados como beneficiarios

Con este mismo seguimiento que realizó el Modelo de Analítica Descriptiva de la DIARI, se identificaron nueve menores cuyos números de identificación aparecen en la base de datos de la Registraduría Nacional como fallecidos, pero que en las planillas del Programa Canasta Nutricional del ICBF estarían siendo suplantados como beneficiarios, dado que su número de identificación esta registrado en las planillas, pero aparece asignado con otro nombre y apellidos.

Igualmente, la Contraloría pudo confirmar que tres de estas entregas se realizaron al mismo número de menores de edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos.

También se identificó que en el departamento de Chocó se realizaron 37 entregas de raciones de alimentos a 16 menores de edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos en fechas anteriores a la que se hizo dicho suministro.

En el Departamento de Nariño, se confirmó que hubo 8 entregas de raciones alimentarias a 2 menores edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos en fechas anteriores a las mismas.

En total, la DIARI detectó que en el país se realizaron 48 entregas a 21 menores de edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos en fechas anteriores.

En estos casos, en lo que se presume que estos menores de edad fueron suplantados en las plantillas que entregaron los contratistas del programa, la DIARI detectó que se hicieron 24 entregas de raciones de alimentos.

Las alertas están basadas en las debilidades que la DIARI encontró en el diligenciamiento de las planillas de control por parte de los contratistas y operadores del ICBF que realizan las entregas.

¡Una madre con 172 hijos!

Paralelo a ese trabajo tecnológico, un equipo de analistas de la DIARI verificó las planillas en físico, obteniendo un resultado que los sorprendió. En varios departamentos del país, tutores de los menores que recibieron las raciones, tienen múltiples beneficiarios, lo que llevó a generar 6 alertas a 1.970 beneficiarios.

Por ejemplo, en los municipios de Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Ábrego y El Carmen, en Norte de Santander, se identificó un adulto que reclamó 195 beneficios al mismo número de menores de edad de los que aseguró ser el acudiente.

Así mismo, en Chimichagua (Cesar) una mujer aseguró ser la madre de 172 niños y niñas en ese municipio, lo mismo que de un menor en el municipio de Fundación (Magdalena), recibiendo raciones por todos.

También este equipo de analistas identificó que un adulto aseguró en las planillas ser tío político de 134 menores de edad en Buenaventura (Valle del Cauca) al recibir las raciones de alimentos.

“¿Qué hicieron y dónde están con las raciones que recibieron estas personas por ese número de menores? Por esto, desde la Contraloría General realizamos estas alertas, para que en el país esta situación no se convierta en una anécdota”, aseguró la directora de la DIARI, María Fernanda Rangel.

“Esto tiene que parar. No pueden seguir los operadores proporcionándole las raciones a personas cuyos documentos de identidad indican que están reportadas como fallecidas”, afirmó también de forma tajante.

Contratos con bajos índices de cumplimiento

La DIARI también generó 25 alertas de contratos con bajo índice de cumplimiento, que equivalen a $12.087 millones de pesos por entregar. Se trata de contratos en los que en los meses de mayo, junio y julio del presente año se realizaron pocas entregas y, en algunos casos, ninguna.

Por ejemplo, se identificó un contrato en Medellín donde los meses de junio y julio no se reportó por el ICBF una sola ración de 2.691 que se debían hacer.

En resumen, las alertas que identificó la DIARI están divididas en entregas con documentos de personas reportadas como fallecidas, acudientes con múltiples beneficiarios y contratos con bajo índice de cumplimiento.

Análisis de planillas entregadas por los operadores

Toda la información obtenida por la DIARI se sacó de las mismas planillas que entregan los operadores al ICBF, realizando los cruces con la Registraduría.

La DIARI obtuvo un total de 100 mil planillas diligenciadas a mano y en formato PDF. Para realizar este análisis, la Unidad de información de la DIARI realizó la conversión de los archivos recibidos a formato de texto líquido, utilizando los servicios cognitivos de inteligencia artificial y su almacenamiento en una base de datos.

Así los ingenieros de la DIARI lograron que el contenido de estas planillas fuera almacenado en un formato que permitiera detallar las palabras extraídas y su ubicación dentro de la planilla desde donde se hizo la extracción.

Con esta misma metodología, se creó un algoritmo capaz de analizar el archivo de texto líquido y extraer automáticamente aquellas palabras que, por su ubicación y contenido, correspondieran a nombres y cédulas de beneficiarios.

Alertas generadas por trabajo conjunto de la CGR con el ICBF

Las debilidades se pudieron identificar gracias al trabajo mancomunado que la Contraloría General de la República está adelantando con la Registraduría Nacional, que ha permitido realizar cruces de información de las bases de datos con fuentes de menores de edad fallecidos.

Con ese trabajo armónico con el ICBF y la Registraduría Nacional, la CGR a través de la DIARI pudo acompañar, en tiempo real, las actividades que desarrollaba el instituto de cara a la atención de la crisis que generó la pandemia por el Covid-19 y advertirle sobre la necesidad de avanzar en el uso de nuevas tecnologías, que permitieran un mejor seguimiento y efectivo control de la ejecución contractual de los operadores.