La Fiscal de la Corte Penal Internacional – CPI, Fatou Bensouda, concluyó este lunes que hay fundamentos razonables para creer que las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro sí son responsables de crímenes de lesa humanidad.

Según la Corte, hay fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”, detalla el informe del CPI.

La CPI enumera como presuntos responsables de estos crímenes de lesa humanidad a miembros de la “Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.

Crímenes de lesa humanidad por otros actores

El documento también hace referencia a las milicias paramilitares al servicio del régimen de Maduro, conocidas como “los colectivos”, e indica que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.

En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.

La persecución política también está expuesta en el reporte de la Fiscal, Bensouda, que detalla que “la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.

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El reporte aclara a su vez que la información recabada no excluye otros potenciales crímenes cometidos en Venezuela, sino que su rol es de establecer “si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones”, señala.

“La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021”, concluye.