Las autoridades de Cabo Verde – África, adelantaron en las últimas horas un operativo para allanar casas y oficinas donde los exfuncionarios del gobierno de ese país, Fernando Gil Évora y Carlos Anjos, se habrían reunido con Nicolás Maduro, para preparar un plan jurídico que permitiera la liberación del abogado colombiano Alex Saab, señalado de ser uno de los mayores testaferros del régimen chavista.

Fernando Gil Évora y Carlos Anjos, son dos importantes ejecutivos de Cabo Verde y, en agosto de 2020, poco menos de dos meses después de la detención de Saab, habrían viajado para reunirse con Nicolás Maduro para hablar de la situación legal del abogado colombovenezolano.

De las oficinas y casas de los dos supuestos emisarios del país africano, las autoridades incautaron computadores, celulares y documentos confidenciales de los dos hombres.

Según lo publicó el diario El Tiempo, Gil había sido destituido de su cargo del consejo directivo de la empresa estatal Emprofac, por consecuencia de “la infracción de los deberes inherentes al administrador público y desvío del objeto de las funciones”. Algo parecido sucedió con Anjos, exdirector general de turismo, de quien también habrían “tomado distancia”.

Évora y Anjos han sido enfáticos al asegurar que no viajaron a Venezuela, ni mucho menos se reunieron con Nicolás Maduro.

“No estuvimos en ningún palacio presidencial, por lo que no contactamos con ningún presidente y mucho menos con entidades gubernamentales de otro país. En este sentido, es globalmente falso hablar de mítines políticos, etc”, señalaron los exfuncionarios africanos, en el informe publicado por el diario.

Por su parte, el Ministerio Público de Cabo Verde condenó la reunión con el mandatario venezolano, y la calificó
como una ‘usurpación de la autoridad’, delito que se castiga con penas de hasta cinco años de cárcel.

Saab fue detenido en Cabo Verde el 13 junio de 2020, cuando su avión con ruta a Irán, hizo una parada técnica en Cabo Verde. El gobierno de Venezuela lo considera un “enviado especial” y ha pedido su liberación, pero Estados Unidos pidió su extradición.

EEUU lo acusa de lavado de dinero y sobornos entre 2011 y 2015. Lo sancionó en 2019 por presuntamente liderar una amplia red de corrupción en beneficio de Maduro.

El régimen de Nicolás Maduro ha alegado desde su detención, que Saab es su enviado especial para asuntos humanitarios y su cancillería ha afirmado que se encontraba en un viaje de compra de suministros para combatir la COVID-19 en Venezuela.

El canciller madurista de relaciones exteriores, Jorge Arreaza, ha señalado en varias ocasiones que el gobierno venezolano gestiona apoyos y visitas consulares a favor de Saab.