El Gobierno Nacional dejó claridad en la legalidad del proyecto, así lo confirmó el viceministro de Justicia Francisco Chaux quien dijo: “El proyecto no es violatorio de la constitución”, como representante del Ministerio del Interior el viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Díaz Granados manifestó: “Este proyecto no busca nada distinto que proceder a lo que ya iniciamos, en lo personal y en lo gubernamental nos ayuda a enfrentar de la mejor manera la lucha contra de este delito, como gobierno celebramos este tipo de escenarios y sabemos que el debate en el congreso será muy importante, estamos dispuestos a entregar los argumentos necesarios para completar los debates anteriores, enviando un mensaje contundente ante los criminales que atentan contra los niños y que sepan que en este gobierno no se escatimará en castigarlos”.

Por su parte Antonio Emiro Thomas Arias, viceprocurador Procurador General de la Nación, afirmó que el proyecto desestima los procesos de resocialización, pues así cumpla estos procesos al condenado le faltarían 25 o 30 años, en el mismo sentido David Cruz de la Federación Colombiana de Juristas indica: “A mi modo de ver es necesario que esperemos a la decisión de la Corte Constitucional, para que la norma que lo reglamente no tenga consecuencias de inconstitucionalidad, creemos que este tipo de debates son muy importantes, nuestra postura es que no consideramos que el aumento de penas implique la protección de niños y niñas, lo que protege a los niños son la creación de políticas públicas”

Para José Carretero, profesor del Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria Díaz, al someter a alguien a una prisión sin fin, se le estarían acabando los derechos básicos de la dignidad humana y sería inconveniente continuar con este PL, cuando está basado en un acto legislativo que se hizo con vicios.

Pero para los defensores de este proyecto como Martha Elizabeth Rico representante del Ministerio de Justicia y Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del Pueblo, el proyecto de ley busca es cumplir con ese máximo de nivel de protección ante los niños niñas y adolescente y así puedan tener la libertad de desarrollarse, sin tener que estar expuestos en la sociedad a estos crímenes atroces.

La próxima semana continuará el trámite legislativo para someter a votación en comisión primera el futuro de este proyecto.