Las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara aprobaron este miércoles en primer debate el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2023, que alcanza los $405,6 billones.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, se mostró agradecido con coordinadores y ponentes de la iniciativa, con quienes tuvo un diálogo abierto y sincero.

“El Gobierno Nacional celebra la aprobación en primer debate del PGN 2023. Esta iniciativa contó con una discusión amplia con los parlamentarios, lo que permitió hacer algunos ajustes que fueron considerados, por parte del Congreso, como positivos”, sostuvo el jefe de la Cartera de Hacienda.

Así mismo, explicó que ahora se entrará a una segunda fase, que es la aprobación del proyecto por parte de las plenarias. En este sentido, destacó que seguirá presto a analizar las distintas propuestas.

A lo largo del debate se construyó un amplio consenso en torno a la necesidad de expandir la inversión pública de forma financieramente responsable, dentro de los parámetros de la regla fiscal. Fue así como se logró adicionar el monto previsto en el proyecto radicado por la administración anterior ($394 billones).

Gracias a la adición propuesta por el Ministro Ocampo ($14,2 billones), el presupuesto de inversión pasará de $69,6 billones en 2022 a $74,02 billones en 2023, con un crecimiento nominal de 6,3%. Sin la adición, la inversión habría caído 10% al ubicarse en $62,8 billones.

Los recursos de la adición, concertados con los sectores y recogiendo iniciativas en el debate en el Congreso, permiten iniciar la ejecución del programa de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida”, al apoyar la transición del país hacia una economía productiva cimentada en la paz, la justicia social y la justicia ambiental.

Es así como estos dineros se destinarán a fortalecer las transferencias monetarias dirigidas a la lucha contra el hambre; cubrir faltantes en subsidios de gas y electricidad; fomentar la seguridad alimentaria mediante la producción agropecuaria; mejorar el mantenimiento de vías y caminos vecinales; preservar el medio ambiente; progresar en materia de infraestructura en educación; y cerrar brechas digitales y optimizar el acceso a telecomunicaciones en regiones apartadas.

Así mismo, los recursos irán a ciencia, tecnología e innovación; a sustituir cultivos e implementar programas de paz en las zonas de conflicto; y a cubrir faltantes de gasto en otros programas sociales y productivos de diversos sectores, en especial ciencia, cultura y deporte.

El gasto adicional también permitirá evitar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las mesadas pensionales y de los aportes nacionales a las universidades públicas por cuenta de la inflación, que en agosto llegó a 10,84%, su nivel más alto desde 1999.

La financiación del presupuesto aprobado mantiene el déficit y el endeudamiento dentro de los niveles compatibles con el cumplimiento de la regla fiscal. El mayor crecimiento del PIB, junto con los esfuerzos de gestión de la DIAN, permitirán aumentar el recaudo tributario en 2022 y de este modo ampliar la base del recaudo para 2023.

Entre tanto, la desaceleración del PIB, prevista para 2023, de acuerdo con la regla fiscal, permite un mayor espacio de gasto fiscal en dicho año. La reducción de la inversión pública prevista en el proyecto de presupuesto radicado por la administración anterior ahondaría la desaceleración económica en detrimento de la generación de empleo. Situación que resulta contraría a los mandatos de la Ley 1473 de 2011 y el artículo 60 de la Ley 2155 de 2021 que la modificó, pues estas normas propenden porque la inversión pública no disminuya cuando el crecimiento económico decae.

Así las cosas, Ocampo precisó que el PGN se financiará con ingresos corrientes que, sin contar los recaudos de la reforma tributaria, crecerán por cuenta de la gestión de la DIAN, recursos de capital provenientes de los dividendos de Ecopetrol, empréstitos internos y externos, y recursos propios de los establecimientos públicos.

Los ingresos se distribuirán así: $264,3 billones corresponden a ingresos corrientes, $120,1 billones a recursos de capital, $17,8 billones a fondos especiales y $3,4 billones a rentas parafiscales.

“Este PGN, con las modificaciones aprobadas, será una apuesta por lo social, que será lo prioritario, en el marco del cumplimiento del acuerdo de paz y la búsqueda de la paz total. El sector educación liderará el mayor gasto, sin descuidar el gasto en salud que también hace parte de este grupo de programas sociales, cuya continuidad se garantizará”, puntualizó Ocampo, quien dijo, además, que se adoptarán las medidas que se requieran para fortalecer la capacidad productiva del país, impulsar la transición energética y enfrentar los efectos del cambio climático.