La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Cundinamarca, y en un trabajo investigativo articulado con la DIJIN de la Policía Nacional, puso en evidencia a un grupo familiar señalado de retener a una mujer en contra de su voluntad y someterla sexualmente.
Las investigaciones permitieron constatar que esta familia compuesta por padre, madre e hijo, y ayudados por un tercero, contactaban a jóvenes en Bogotá y las inducían a realizar actividades sexuales con fines comerciales.
Los elementos de prueba indican que las víctimas, al parecer, eran ubicadas por redes sociales y en bares, y posteriormente eran vinculadas a una comunidad virtual en la que les creaban un perfil para ofrecer sus servicios sexuales. Para cumplir con los encuentros íntimos las víctimas eran trasladadas a los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá y otros.
En uno de los casos por los que esta red familiar fue capturada, sus integrantes habrían retenido a una mujer en un inmueble para someterla a realizar actos sexuales. Adicionalmente, le quitaron dinero y documentos de identidad, y fue obligada a ejercer trabajos domésticos sin remuneración a cambio
Por este caso, cuatro personas fueron capturadas e imputadas por el delito de trata de personas agravado. Los procesados son:
• Juan Manuel Vargas Díaz, señalado de ubicar y convencer a las mujeres de integrar la comunidad virtual. Este hombre habría captado a la víctima del caso de trata personas en la localidad de Chapinero, en Bogotá, y la vinculó al grupo de internet frecuentado por personas que buscaban y pagaban para sostener relaciones sexuales. Recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.
• Óscar Javier Vargas Laverde, padre de Juan Manuel Vargas, sería el responsable de contactar y recibir directamente el dinero de los ‘clientes’, del cual descontaba diversos valores a las jóvenes por concepto de gasolina, transporte, entre otros. Al parecer, fue quien ejerció control sobre la víctima de trata de personas, restringió sus comunicaciones y libertad, y la obligó a tener encuentros sexuales. Esta persona recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.
• Emilce del Rocío Díaz Prieto, madre de Juan Manuel y esposa de Óscar Javier, es señalada de obligar a la víctima de trata de personas a cumplir trabajos domésticos sin remuneración. Por disposición del juez de control de garantías deberá seguir vinculada a la investigación.
• Kevin Pineda Naranjo, sería el encargado de recibir a las mujeres contactadas para los servicios sexuales. Por disposición del juez de control de garantías deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia.
