Tribunal popular de Cali emite condena simbólica al Estado por muertes durante protestas de 2021
En el juicio participaron magistrados de Argentina, Estados Unidos, Portugal, Cuba, México, España, Ecuador, Alemania y Bolivia que documentaron los abusos cometidos por la fuerza pública entre el 28 de abril y el 12 de junio durante las manifestaciones contra el Gobierno nacional.
La audiencia tuvo lugar en el colegio público Eustaquio Palacios y en ella participaron familiares de las víctimas y organizaciones sociales que hicieron arengas para exigir justicia.
«El proceso de este tribunal implicó ver, escuchar, contrastar, comprobar, analizar y comprender los contextos en los que se presentaron las violaciones a los derechos humanos de la población de Siloé, como cada uno de los trágicos y dolorosos hechos en los que se agredió a un gran número de personas de forma directa», indicó la magistrada argentina Verónica Giordano.
Siloé es uno de los barrios más pobres de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, y durante las manifestaciones fue epicentro de algunas de las concentraciones y bloqueos más grandes de la ciudad.
Según el tribunal popular, se recolectó información durante los 46 días analizados que permitió concluir que hubo 16 asesinatos en Siloé, en los cuales 2 de las víctimas eran menores de 15 y 17 años de edad.
JUSTICIA POPULAR
Italia Pérez, madre de Michael Andrés Aranda Pérez, de 24 años, asesinado durante una marcha en el sector de La Glorieta, recalcó el papel de este tribunal, pues asegura que no ha logrado justicia por el crimen.
«El Gobierno nacional estaba invitado a este evento pero no llegaron. La sentencia que se da hoy es algo que ya conocemos y es que el Estado actuó de manera indebida. Mi hijo era como muchos jóvenes que querían un cambio y no unos vándalos, como los terminaron catalogando», dijo Pérez.
El tribunal también indicó que hubo 136 víctimas por el uso desmedido de la fuerza, 74 que sufrieron tratos crueles e inhumanos, 73 retenidos arbitrariamente y 48 heridos por armas de fuego.
Además, se hizo una calificación jurídica de los hechos al afirmar que el Estado incurrió en tentativa y ejecución extrajudicial, genocidio continuado, desplazamiento forzado, estigmatización, marginación y exclusión.
«Se valoró la amplia evidencia recaudada en los testimonios, la prensa, pruebas escritas y videos donde se buscó establecer la verdad sobre las violaciones a derechos humanos cometidas contra los pobladores y residentes de la comunidad de Siloé», afirmó la magistrada cubana Yoanka León del Río.
Finalmente, este tribunal popular señaló como responsables de estos hechos al expresidente Iván Duque (2018-2022), al que fuera su último ministro de Defensa, Diego Molano; al excomandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, así como a los altos mandos de la Policía en Colombia y Cali en los meses en que sucedieron los hechos.
Igualmente fueron señalados como responsables el fiscal general, Francisco Barbosa; el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.
«El tribunal ha hecho lo que nuestra Justicia colombiana nunca hará, pero que queda como precedente para que nunca más haya impunidad», finalizó Omaira Cerón, madre de otro de los jóvenes muertos en Siloé. EFE
