–Durante seis meses que van del calendario electoral que arrancó el pasado 29 de octubre de 2022, al 30 de abril de este 2023, con miras a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, se han registrado 67 hechos violentos que han dejado un saldo de 99 víctimas únicas, reportó La Fundación Paz y Reconciliación, Pares, en su segundo informe de violencia político-electoral en el territorio nacional.

Del total de 99 víctimas únicas, 18 fueron asesinadas, 13 han sufrido atentados y 68 han sido amenazadas.

El informe advierte que los perfiles más victimizados han sido las personas elegidas por voto popular: 55% (55 personas). Dentro de este segmento, los concejales siguen siendo lo más afectados, con 23 víctimas (23%). Les siguen 12 alcaldes (12%), 4 diputados, 2 senadores, un edil, un representante a la Cámara, un gobernador, y la vicepresidenta Francia Márquez, quien recibió una amenaza por correo electrónico de la cual la Fiscalía ya encontró el origen y el presunto culpable.

El segundo perfil más victimizado es el de los militantes de partidos políticos, que cuentan 27 víctimas (27%) y los precandidatos, de los que ya se cuentan 11 víctimas (11%).

Con respecto a los miembros de partido político, el aumento porcentual sobre el periodo anterior es del 237% y tiene que ver especialmente por el panfleto amenazante que incluyó a varios militantes del Pacto Histórico
en Sucre. En el caso de los concejales, la variación fue del 15% y, finalmente, para los alcaldes del 9%.

Los hechos más graves contados hasta el momento son los 18 homicidios. Los perfiles de las víctimas son:

1. Un exconcejal de Abejorral, Antioquia.
2. Un excandidato a la alcaldía de Puerto Rondón, Arauca, y quien era militante del Centro Democrático.
3. Un precandidato al Concejo y militante del Pacto Histórico en Soledad, Atlántico.
4. Un militante del Partido Comunista, Sumapaz, Bogotá.
5. Un dirigente de la campaña de Gustavo Petro en Magangué, Bolívar, y miembro del Pacto Histórico.
6. Un abogado y militante del Pacto Histórico en Magangué, Bolívar.
7. Un concejal de Caldono, Cauca.
8. Un periodista, denunciante de corrupción, en La Unión, Nariño.
9. Un concejal en Linares, Nariño.
10. El representante legal del partido AICO en Nariño.
11. Un militante del Pacto Histórico en Nariño.
12. Un excombatiente y miembro del partido Comunes en Putumayo.
13. Un precandidato del Pacto Histórico a la alcaldía de Mistrató, Risaralda.
14. Un precandidato a la alcaldía de Mogotes, Santander.
15. Un miembro del Pacto Histórico en Sucre.
16. Un exconcejal de Dolores, Tolima.
17. Dos (2) militantes del Partido Comunes en Valle del Cauca.

El informe advierte que conforme avanza el calendario electoral suele haber algunas víctimas que sufren hechos victimizantes más de una vez y citó el caso del alcalde de Sitionuevo, Magdalena, José Manga, quien ha sido amenazado en dos ocasiones: una por un concejal, y la otra a través de un panfleto presuntamente atribuido al Clan del Golfo.

El calendario electoral arrancó el 29 de octubre de 2022 para la competencia por las gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradores locales; elecciones que se darán el próximo 29 de octubre de 2023.

Desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 30 de abril de 2023, excluyendo los hechos perpetrados contra líderes
y lideresas sociales, en el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (Sipares), día de por medio se registró una víctima de violencia político-electoral.2022 al 28 de febrero de 2023), se dio un incremento del 63% en el número de hechos registrados, y del 54% en el número de víctimas contabilizadas.

Este segundo informe de violencia político-electoral causa gran preocupación, pues se sigue registrando una víctima de violencia político electoral día de por medio en Colombia; y la tendencia ha mostrado que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentan notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas6.

El mes con más hechos registrados hasta ahora, con dieciocho (18), es marzo de 2023; también se constituye como el mes con más víctimas contabilizadas hasta ahora con treinta y tres (33), particularmente por un panfleto amenazante que incluyó a 16 miembros del Pacto Histórico en Sucre (uno de los cuales ganó la consulta interna y es hoy el candidato por parte de la Colombia Humana). Cabe destacar que la cantidad de hechos o víctimas también tienen un nivel de impacto diferenciado por el tipo de hechos registrados, pues los panfletos amenazantes, si bien causan un riesgo importante, muchas veces a una gran cantidad de personas a la vez, no tienen los mismos efectos que los homicidios y atentados que se han registrado durante el periodo en cuestión.

Durante la etapa preelectoral los hechos victimizantes se registran en 21 (65%) de los 32 departamentos de Colombia, más la capital colombiana, Bogotá. Los hechos se concentran en Antioquia (7), Nariño (6), Santander
(6), Huila (5), Valle del Cauca (5) y Cauca (4).

En comparación con el anterior informe, hay hechos registrados en tres departamentos nuevos. Estos son: Chocó, La Guajira y Vichada.

Asimismo, es importante mencionar que el 57% (57) del total de las víctimas se concentran en Santander (21), Sucre (17), Antioquia (7), Huila (6), y Nariño (6).

Otros departamentos que registran víctimas son Cauca y Valle del Cauca, con cinco (5) cada uno, Norte de Santander con cuatro (4); Arauca, Atlántico, Bogotá y Bolívar con tres (3) cada uno; Caquetá, Chocó, La Guajira, Magdalena, Putumayo y Tolima con dos (2) víctimas cada uno; y finalmente, Cesar, Córdoba, Risaralda y Vichada, cada uno con una (1).

El reporte subraya que son particularmente preocupantes los dos asesinatos de miembros del partido Comunes en Valle del Cauca; el asesinato de un concejal y líder indígena en Caldono, Cauca; y el asesinato de un excandidato a la alcaldía
de Puerto Rondón y militante del Centro Democrático en Arauca.

En este informe se destacan los siguientes datos y hechos:

1. Se cuentan hasta el momento dieciocho (18) homicidios. De los cuales son de mayor gravedad: dos asesinatos de miembros del partido Comunes en Valle del Cauca; el asesinato de un concejal y líder indígena en Caldono, Cauca; y el asesinato de un excandidato a la alcaldía de Puerto Rondón y militante del Centro Democrático en Arauca.

2. Dos atentados en La Guajira, uno contra un diputado y candidato a la alcaldía de Maicao y otro contra un militante del partido MAIS.

La violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que puede ser definida como aquella que se ejerce contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de
la contienda electoral.

En Colombia, la violencia electoral está atada no solo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las redes políticas clientelares y corruptas. Tradicionalmente, la violencia ha sido y es un mecanismo más de competencia electoral en el país.

En el marco de las elecciones de autoridades locales, municipales y departamentales, existen sofisticados mecanismos de corrupción que incluyen diversas alianzas con grupos al margen de la ley. Desde 2014, la Fundación Pares ha documentado los herederos de las estructuras asociadas al fenómeno de la parapolítica en el Congreso y, posteriormente, ha investigado la continuidad de este poder en hechos de corrupción asociados al ‘Cartel de la Toga’, el escándalo de Odebrecht, entre otros escándalos a nivel local.

Todo lo anterior, relacionado con miembros de clanes políticos, quienes canalizan todas las formas de corrupción para mover maquinarias clientelares multimillonarias en sus regiones.

A partir de la entrada de dineros ilegales o del uso de estructuras armadas ilegales para la competencia electoral, los riesgos de violencia político electoral se mantienen constantes.

La violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, ésta se ata no sólo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas, puntualiza el informe de Pares.