La Fiscalía imputará y pedirá prisión preventiva contra 25 militares por una operación realizada en marzo de 2022 en la localidad de Puerto Leguízamo, en el departamento colombiano del Putumayo, en donde murieron 11 personas, la mayoría civiles.

El abogado Juan David Ayure, asesor jurídico de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), explicó que representantes de la víctimas se reunieron hoy con el director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, Hugo Tovar, quien les informó de los avances del caso.

“El 11 de mayo radicaron la solicitud de audiencia de imputación ante los jueces de Putumayo -porque allí sucedieron los hechos- de 25 militares activos del Ejército de Colombia. Entre estos militares se encuentra un coronel, un capitán, un teniente, un grupo grande de soldados profesionales y algunos suboficiales”, detalló.

Según un documento, estos militares serán acusados de los delitos de “homicidio en persona protegida” y “homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa”, en referencia a las personas que resultaron heridas en la operación.

“Estamos a la espera de la asignación de fecha, pero pudimos conocer la solicitud y la radicación de la misma”, agregó el abogado.

Las víctimas tenían previsto realizar un plantón frente a la Fiscalía justamente para exigir justicia, pero finalmente terminaron reunidos con el fiscal que les reveló los avances de la investigación.

OPERACIÓN CONTRA LAS DISIDENCIAS

La operación militar se desarrolló, supuestamente, para capturar a uno de los líderes de una disidencia de las FARC, que testigos dijeron que no se encontraban en la zona del Alto Remanso cuando los militares incursionaron.

Sin embargo, organizaciones sociales dijeron en esa ocasión que en realidad se trató de una masacre de indígenas y que el Ejército luego trató de hacer pasar por guerrilleros.

Líderes comunitarios denunciaron que incluso el Ejército le puso botas a los cadáveres para hacerlos pasar como presuntos integrantes de las disidencias de las FARC.

Según el Ejército, el objetivo de la operación era Carlos Emilio Loaiza, alias “Bruno”, parte de la comisión financiera de los Comandos de Frontera, que supuestamente están aliados con la Segunda Marquetalia.

SECUELAS DE LA OPERACIÓN

La gobernadora del cabildo indígena del Bajo Remanso, Yarley Ramírez, habló de las secuelas que dejó la operación en las comunidades de la región que aún recuerdan a las personas que murieron.

“Fue la pérdida de un líder, de un gobernador, de un médico, un profesor de lengua materna, del Pueblo Quichua, porque se sabe las etnias indígenas están en extinción”, explicó.

La lideresa indígena recordó al gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, cuya muerte provocó “una debilidad para nosotros como cabildo, como comunidad y como pueblo quichua”.

“La situación ha sido dura, difícil, porque ha habido mucho temor porque el operativo que se hizo fue del Ejército. Entonces, fue un golpe duro porque nosotros como campesinos o indígenas, que nunca pensábamos que íbamos a recibir un golpe tan duro como el que nos dio el mismo Estado”, añadió.

Rodolfo Pama, cuyo hijo Brayan Santiago de 16 años murió en la operación, se mostró esperanzado por las noticias que recibieron hoy en la Fiscalía y espera que se haga justicia en este caso.

“Yo reclamo justicia por un menor que fue muerto después de criarlo 16 años y duele que haya muerto en esas condiciones”, manifestó. EFE