–La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, informó que le concedió una prórroga de 15 días al excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso para que termine de entregar información que sustente la verdad que entregó en la última audiencia virtual desde una cárcel en EE.UU sobre los crímenes y atrocidades cometidas por los grupos armados bajo su mando durante el conflicto.

Aunque el aspirante a comparecientes entregó una parte de los datos solicitados, dentro del plazo establecido, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas amplió el plazo para que radique otros documentos con los que se comprometió, indicó la JEP.

Se trata de un documento junto con una matriz y anexos, en los que relacionó información, datos y argumentación complementaria a lo dicho en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad que se llevó a cabo en Montería, en mayo pasado.

De acuerdo con la magistratura, que lleva el proceso del aspirante a compareciente, la documentación será integrada al expediente digital del excomandante paramilitar y servirá de fuente de documentación para que el Grupo de Análisis de la Información y el Grupo de Análisis, Contexto y Estadística de la JEP, para que continúen con el ejercicio de contraste y verificación de los aportes enunciados Mancuso Gómez.

Mientras la JEP, en específico la Subsala Especial E, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, resuelve la solicitud de sometimiento, Mancuso Gómez deberá continuar atendiendo todas las audiencias, diligencias y requerimientos de Justicia y Paz. Esto, en el marco del proceso judicial que esa jurisdicción lleva en su contra.

Finalmente, la magistratura informa que a Mancuso Gómez se le concedió una prórroga de 15 días hábiles para que presente un documento complementario.

En mayo pasado, durante una Audiencia Única de Aporte a la Verdad, que se prolongó cuatro días, las víctimas de la región Caribe escucharon a Salvatore Mancuso y expresaron de manera simbólica sus demandas de verdad, justicia y no repetición frente a los graves crímenes.

A la diligencia judicial el excabecilla de las AUC fue citado a entregar información que le permita a la JEP evaluar si actuó o no como punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública.

Habitantes del Urabá Antioqueño, Córdoba, Montes de María, pueblos a la orilla de los ríos Magdalena y Sinú hicieron un altar para representar a sus territorios afectados por múltiples delitos como masacres, desplazamientos forzados y despojo de tierra. También expresaron en cantos, trovas y poemas sus anhelos de verdad plena. A través de testimonios en video, algunas víctimas relataron los vejámenes a los que fueron expuestas sus familias y sus comunidades, y reiteraron su deseo de que esto jamás se repita.

En las cuatro jornadas de audiencia (10, 11, 15 y 16 de mayo) Salvatore Mancuso se conectó virtualmente desde un centro de reclusión de migrantes en Georgia, Estados Unidos, para entregar información que permitiera ampliar los hallazgos establecidos en 18 años por Justicia y Paz y la justicia ordinaria. Información sobre cómo operó el paramilitarismo en asocio con altos mandos militares y miembros de la fuerza pública, otros agentes de Estado y terceros en medio del contexto de una guerra contrainsurgente.

Durante los cuatro días de diligencia la JEP elaboró un cuestionario riguroso después de analizar el contexto elaborado por el Grupo de Análisis de la Información (GRAI), 120 fuentes judiciales provenientes de Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, el Consejo de Estado y la jurisdicción de Restitución de Tierras. Así como cinco informes entregados a la JEP por entidades del Estado, el informe final de la Comisión de la Verdad y 9 reportes elaborados por organizaciones de víctimas y la sociedad civil.

El excomandante paramilitar asistió a esta audiencia con el fin de entregar información que permita evaluar su rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública. Todo lo dicho por Mancuso, a lo largo de cuatro días, será debidamente evaluado y contrastado por los magistrados de la Subsala Especial E de Conocimiento de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, quienes presidieron la audiencia y resolverán si Mancuso Gómez es aceptado en la JEP o rechazado su sometimiento.

Entre los aportes manifestados por Mancuso Gómez a la JEP y que serán contrastados y evaluados por la subsala, hay información de que “las Convivir fueron un instrumento valioso en el fortalecimiento de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia)», que sirvieron como estrategia y mediación, a modo de bisagra, entre la legalidad y la ilegalidad. También detalló que tuvo acceso a brigadas y batallones del Ejército Nacional para planear operaciones conjuntas con unidades militares y de la Policía Nacional, con el conocimiento y la participación de altos mandos militares. Entre los militares de más alto rango a quienes mencionó Mancuso están el general (r) Iván Ramírez Quintero, quien, según el exjefe paramilitar, le “abrió las puertas a todas los batallones y brigadas» adscritas a la Primera División del Ejército.

Mancuso Gómez, en su declaración, hizo énfasis en que élites políticas regionales y nacionales se acercaron a él para solicitarle que creara nuevos bloques paramilitares. Entre los mencionados, el exjefe paramilitar incluyó al entonces presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo, al expresidente de Fenalco Sabas Pretelt de la Vega y al exvicepresidente Francisco Santos. También mencionó el apoyo a paramilitares por parte de integrantes de la familia Gnecco en el Departamento del Cesar. Así mismo, Mancuso mencionó a varias empresas como Ecopetrol y Postobón, además de varias bananeras y palmeras, que apoyaron con financiamiento a los paramilitares. En la diligencia judicial el exjefe paramilitar además dijo que «en el año 2002 las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso y en elecciones de presidencia. También hubo apoyo a las elecciones de Horacio Serpa, Pastrana y de Uribe».

En referencia al relacionamiento y el apoyo que dio el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a los paramilitares, Mancuso subrayó que se trató de un vínculo surgido desde 1988 y que se consolidó con la llegada de Jorge Noguera Cotes y José Miguel Narváez a la dirección y subdirección de ese organismo en 2002. Según Mancuso, Narváez hacía listados con personas que eran declaradas objetivo militar. Eso incluyó, según él, desde sindicalistas, como Wilson Borja; defensores de derechos humanos, como Gustavo Gallón, políticos regionales, profesores y estudiantes, como también políticos como la senadora Piedad Córdoba, el actual canciller Álvaro Leyva y el presidente de la República, Gustavo Petro.

Mancuso relató la desaparición de víctimas en territorio venezolano. «La orden de desaparecer a estas personas vino de la fuerza pública», señaló Mancuso, y precisó que la desaparición de cuerpos no hacía parte de la estrategia militar de los paramilitares pues a ellos les interesaba armar “un teatro de operaciones que incluía unos elementos de castigo, dolor y terror en la población para obligarlas a dejar de apoyar la guerrilla», y eso incluía dejar a las víctimas a la vista de la población. Mancuso indicó que en esa dinámica de desaparición de víctimas decidieron trasladar cuerpos a territorio venezolano. «Unas víctimas fueron arrojadas al río, en la frontera. Pero miembros de autodefensas ingresaron y dejaron fosas en Venezuela. Allá hay por lo menos más de 200 personas desaparecidas».

Mancuso también se refirió a las afectaciones producidas sobre la población étnica, especialmente despojos de tierras que padecieron comunidades indígenas como Emberá Katío, Emberá Chamí y el Pueblo Zenú. Agregó que los resguardos indígenas se convirtieron en zonas de retaguardia tanto de la guerrilla como de los paramilitares. «Todo aquel que fuese señalado como perteneciente o apoyo de la guerrilla que combatíamos, independientemente de que hiciera parte de poblaciones étnicas, actuábamos contra ellos», dijo. El exjefe paramilitar también reconoció que se estigmatizó a mujeres y a personas con identidad de género diversa, en función del control social que impusieron en la región.

Como parte de los compromisos adquiridos por Mancuso durante esta audiencia, y como parte del proceso de contrastación judicial en el que se definirá si el exjefe paramilitar se puede someter o no a la JEP, se le solicitó que entregue, en un plazo de 30 días hábiles, información adicional y haga precisiones sobre hechos y nombres puntuales abordados en cada uno de los días de audiencia. Parte de la información que le solicitó la JEP incluye:

Relación de los empresarios con los que se reunió en Medellín para el fortalecimiento del paramilitarismo en Antioquia. Asimismo, un listado de aquellas personas que promovieron la incursión paramilitar en Sucre.

Un listado entregado por la Brigada de Infantería de Marina N° 1 en Montes de María en la que se identifiquen a las personas que hacían parte de la inteligencia militar.
Los nombres de militares venezolanos vinculados con las acciones ocurridas en la frontera entre Colombia y Venezuela en la región del Catatumbo.

Información novedosa sobre su participación en la creación del Bloque Calima.
Información sobre los nexos del paramilitarismo con el empresario William Vélez Sierra.
Un listado con los nombres concretos de los funcionarios de Ecopetrol con los que se establecieron los contactos con las AUC.

Ampliar la información suministrada sobre el vínculo de la empresa Postobón con el paramilitarismo.

Al cierre de la diligencia, la subsala le recordó a Mancuso que “su ingreso a esta jurisdicción depende de la potencialidad de lo señalado por usted a lo largo de estos cuatro días, así como del cumplimiento de las obligaciones a las que se comprometió». Y agregó que la verdad que las víctimas y la sociedad demandan «debe ser una verdad que reivindique, que reconozca los sentires y experiencias de las víctimas, que nombre y visibilice el daño, sus dolores, sus pérdidas».