–Una nueva confrontación se produjo entre el presidente Gustavo Petro y la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, tras la negativa del jefe del Estado a reemplazar al alcalde de Riohacha acusado de corrupción argumentando que el ministerio público no puede suspender a funcionarios de elección popular.
La procuradora general, Margarita Cabello, respondió a una extensisima carta enviada por el presidente Gustavo Petro en la que aseguró que no nombrará un remplazo para la Alcaldía de la capital de La Guajira tras la suspensión de José Ramiro Bermúdez desde el mes de abril.

La procuradora aseguró que el presidente tiene la obligación de nombrar a un remplazo para el alcalde de Riohacha, cuando los organismos de control imponen medidas contra los funcionarios de elección popular.

Agregó que el jefe del Estado está incumpliendo la orden de la Corte Constitucional en la que ratificó las funciones sancionatorias de la Procuraduría.

Advirtió la procuradora que “en un estado de derecho lo que dice una decisión de la Corte Constitucional debe ser acatada por el país entero, incluyendo al presidente de la República, se tiene que acatar le guste o no le guste”.

Y puntualizó: “A la Procuraduría le dijeron en esa decisión ‘usted puede sancionar’ y yo tengo la obligación de acatar esas decisiones y de actuar frente a la locura de la corrupción”.

En su carta, el presidente Petro afirma que entiende que no le asiste la obligación convencional de proferir los actos de cumplimiento o ejecución de la medida cautelar de la Procuraduría, en cuanto que, en los terminos del inciso segundo del artículo 93 de la Constitución y conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia y los estándares internacionales sobre derechos humanos, con la expedición de dichos actos, se reitera, se consumaría la violación de los derechos humanos politicos del electo popularmente, implicando un serio riesgo de responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que en el futuro le sería reclamado a la República de Colombia”.

En su respuesta la Procuradora Margarita Cabello Blanco afirmó: “Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente de la República, que desconociendo del Estado Social de Derecho, quiere incumplir una orden constitucional, en donde la competencia, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, determinó que en Colombia la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal si no la ejercen múltiples autoridades. La corrupción en Colombia sobrepasa los límites del mundo entero”.

Cabello Blanco advirtió que le preocupa que en este momento de elecciones y de proceso electoral “se esté dando vía libre a incumplir el Estado de Derecho y de democracia y dándole a los corruptos funcionarios electos popularmente, sancionados en estos tres años, poder de aspirar y querer, violando una decisión de la Corte Constitucional, inscribirse para ser candidatos de corporaciones públicas en nuestro país. No es posible que se les entregue la posibilidad de ser candidatos. La democracia se respeta, gústenos o no nos guste”.