— El factor de violencia en las campañas electorales en Latinoamérica ha tocado sus puntos máximos con asesinatos de candidatos presidenciales que, en países como Colombia, México y, en estos días, Ecuador, han dejado ver el nivel de penetración de estructuras del crimen organizado para dar golpes mortales a aspirantes a conducir una nación.

Con el asesinato este miércoles del candidato Fernando Villavicencio al salir de un mitin en un centro educativo en Quito, Ecuador, trae al recuerdo otros hechos similares ocurridos en países golpeados por la violencia y permeados por el crimen organizado.

Los asesinatos del aspirante a la presidencia colombiana Luis Carlos Galán, del Nuevo Liberalismo, ocurrido el 18 de agosto de 1989, y de Luis Donaldo Colosio, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México, el 23 de marzo de 1994, guardan parecido con las circunstancias de la muerte del candidato Villavicencio este 9 de agosto.

También por los mensajes de esos tres aspirantes presidenciales asesinados, que pregonaban luchar contra el crimen organizado, combatir la corrupción y plantar batalla al narcotráfico e inseguridad.

En Colombia también fueron asesinados, en diferentes épocas, otros dos candidatos a la presidencia que buscaban el apoyo popular en las urnas para imponer agendas de corte socialista, en crímenes que las investigaciones de la época dejaron inconclusas, como el del opositor Jorge Eliécer Gaitán ocurrido en 1948, y el del dirigente del Partido Comunista de Colombia, Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado el 22 de marzo de 1990.

La segunda mitad de la década de 1980 representó para Colombia la entrada a una espiral de violencia con estructuras del crimen organizado, autodefensas o paramilitares y la penetración a gran escala de los carteles de la droga.

La Comisión de la Verdad, luego de los Acuerdos de Paz, consideró en su informe que la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán fue el resultado del ataque frontal del Estado contra los cárteles de la droga.

Luis Carlos Galán estaba a favor de la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos para purgar penas en la nación norteamericana. La campaña contra la extradición había generado en Colombia una guerra frontal entre el Estado y los cárteles que demostraban cada día sus capacidades operativas para descabezar a altos niveles del gobierno, desde ministros a magistrados y altos mandos militares.

Galán se había embarcado en una cruzada para frenar el poder y la penetración del narcotráfico en el Congreso desde 1982, según documentos de la época, y con acciones y declaraciones contra el mismísimo Pablo Escobar, quien no podía explicar como funcionario electo el origen de su creciente riqueza.

Galán decía que “no podía tener a su lado personas que no tuvieran cómo explicar el origen de sus ingresos: sospechaba de sus nexos con el narcotráfico”, cuando el hombre fuerte de la droga intentaba donar dinero a la primera campaña presidencial del reformista liberal.

El día de los hechos, entrada la noche del 18 de agosto de 1989, Galán arribó a la plaza central de Soacha, Cundinamarca, en la periferia de Bogotá, abriéndose paso entre la multitud que se había congregado para escucharlo, las encuestas lo perfilaban ya como el favorito para la contienda electoral.

El aspirante subió a la tarima improvisada desde donde empezó su disertación a la multitud, 15 minutos habían transcurrido cuando se escucharon las primeras ráfagas de ametralladora, la confusión imperaba porque también había fuegos artificiales para darle la bienvenida.

Pero inmediatamente cundió el pánico a medida se acrecentaban los disparos y Galán cayó al piso de la tarima, investigaciones posteriores coincidieron que los sicarios se metieron debajo de la tarima desde donde dispararon hasta acertar en el blanco.

En estado grave fue traslado al Hospital Boston, y desde el primero referido al Kennedy, ambos centros de asistencia en Bogotá, pero a las 10:45 de la noche se declaró que había fallecido.

El asesinato de Galán marcó a Colombia y su lucha contra el narcotráfico, las investigaciones sobre el crimen han permanecido abiertas para llevar a la justicia a todos los hechores. Entre los implicados en el complot junto al Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar estuvo también el político liberal al servicio de la mafia, Alberto Santofimio, que aspiraba ocupar el espacio dejado por el candidato asesinado.

El asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, cuando ese partido gobernaba de forma continua una tras otra elección presidencial y el candidato ya se perfilaba como el futuro gobernante de México.

Colosio planteaba un giro en la política del país azteca, especialmente proponía hacer frente a la corrupción en el aparato de Estado. El hecho se ha considerado en México como “un magnicidio”, por el ambiente político de ese tiempo y las supuestas luchas de poder dentro del partido gobernante.

Las fallas en la investigación y una cadena de errores en la compilación de pruebas fueron elementos que llevaron a considerar el complot para cometer el atentado. El “Informe de la investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta ‘el crimen y sus circunstancias”, elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR), descartó la teoría del asesino solitario.

A la vez, el equipo fiscal consignó que hubo “acciones concertadas” en el anillo de seguridad para permitir el atrancamiento en la salida del local del candidato de un mitin político en Lomas Taurinas, en Baja California, lo que permitió al tirador acercarse hasta disparar a quemarropa al presidenciable.

Luis Donaldo Colosio había dado su discurso en un día de gira por el estado mexicano fronterizo con Estados Unidos. La agenda se había ajustado para cumplir varios encuentros, incluido el del ataque, y había experimentado cambios de horario.

La grabación de una cámara deja ver el momento en que el atacante se acerca y dispara en la cabeza al candidato, que caminaba con dificultad entre la multitud, pero también recibió otro disparo en el tórax. Las pesquisas y errores impidieron determinar la procedencia.

La filmación permaneció “bajo reserva” por muchos años, hasta que el Instituto Nacional de Acceso a Información decidió en 2018 que debía ser liberada del veto, lo que ha alimentado las teorías conspirativas.

El candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio había dedicado buena parte de su vida a denunciar la corrupción, y en tiempo reciente, tenía una clara confrontación contra las redes del crimen organizado y las bandas del narcotráfico, que tienen en máxima alerta al país sudamericano.

Como parte del partido “Movimiento Construye”, el aspirante presidencial, que no sonaba hasta entonces favorito en las encuestas, se abría espacio en la política ecuatoriana, con un discurso centrado en esos ejes centrales de la problemática en el país.

Desde la curul, que ocupaba en el Congreso Nacional desde 2021, se había dedicado a luchar contra la corrupción, en especial en el sector energético. En su cargo de presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea ejecutó 24 informes que revelaron irregularidades en contratos con compañías de la industria petrolera e hidroeléctrica con el Estado.

En su haber político también contaba la ruptura desde el año 2007 con el expresidente Rafael Correa, como parte de un grupo de expertos que rechazaba un contrato con la empresa Petrobras debido a “los prejuicios” al Ecuador.

La tarde del miércoles 9 de agosto, durante el atentado, una grabación para redes sociales deja ver la multitud y el equipo de seguridad que se abre paso para llevar al candidato hasta el vehículo, pero cuando ingresa y aún con la puerta abierta se escuchan las explosiones y empieza el caos.

La investigación está en proceso con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que se ha ofrecido a apoyar a Ecuador para esclarecer el hecho. El candidato fue declarado muerto en un hospital a pocos metros del sitio del atentado. (Informe Voz de América).