Durante su participación en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, aseguró que “los impactos ambientales del cultivo de uso ilícito en Colombia tienen que ver con una apertura de la frontera agrícola y con un proceso de aumento de la deforestación. Se calcula que, anualmente, el 13% de la deforestación tiene que ver con este tipo de cultivos. Estamos frente a un fenómeno multicrimen en donde el lavado de activos se está utilizando para el acaparamiento de tierras en la Amazonía”.

En el encuentro, Muhamad también señaló que tratar esta problemática requiere de una Política de Drogas integral, como la que trabaja actualmente el Gobierno, que aborde la principal falla sistemática que ha sufrido el país: la falta de presencia permanente del Estado en los territorios.

“Los impactos son importantes, pero creo que el problema aquí debemos verlo de forma compleja, amplia y entender que sostener un proceso para frenar la deforestación pasa, indiscutiblemente, por una política de drogas integral. Nuestra política está construida desde abajo y de la mano de las comunidades. Tenemos un cambio frente a políticas anteriores que criminalizaban a los cultivadores de coca”, dijo.

Asimismo, la Ministra ratificó el compromiso del Gobierno del Cambio para frenar la deforestación y presentó los avances que adelanta la cartera ambiental al respecto: “desde la Política Ambiental estamos trabajando en una visión en donde el reconocimiento de las ciudadanías, que han sido empujadas por la violencia, por la guerra y por la economía ilícita a las fronteras, a los extramuros de la frontera agrícola, puedan ser integradas al Estado Social de Derecho y generar gobernanzas territoriales que nos permitan, a su vez, generar conservación ambiental”, afirmó.

Generar capacidades y alternativas de desarrollo para las comunidades, aumentar la gobernanza territorial, crear pactos políticos con una visión integral del territorio, fortalecer la economía de la biodiversidad, promover la restauración ecológica y realizar un contundente seguimiento a los capitales que fomentan las grandes operaciones de deforestación, son algunas de las acciones que adelanta el Minambiente.

“Con la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), hemos creado una unidad de delitos ambientales. Esto es fundamental para la credibilidad del proceso en el territorio”, puntualizó Muhamad.

Avanzan medidas en Parque Nacional Farallones

En su recorrido por la capital del Valle, la Ministra realizó seguimiento al impacto de la minería ilegal en el Parque Nacional Farallones, en un trabajo articulado con la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, Ministerio de Defensa, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la Policía Metropolitana y Carabineros, Ejército y Parques Nacionales Naturales.

Farallones es un ecosistema estratégico para el aprovisionamiento de agua en los diferentes municipios del departamento.

“El Ministerio de Defensa ya está trabajando en un plan operacional. También es necesario el fortalecimiento de la presencia institucional y la gobernanza del parque. Las acciones de minería implican contaminación por mercurio, sobre todo, en sedimentos y tenemos que actuar rápido para que esa contaminación no llegue a las fuentes de agua”, aseguró Muhamad.