–Una alerta temprana emitió en las últimas horas la Defensoría del Pueblo ante inminentes enfrentamientos armados entre las disidencias de las Farc autodenominadas «segunda Marquetalia» y «estado mayor conjunto» en desarrollo de la guerra que libran por el control territorial del narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas, en el municipio de Olaya Herrera, ubicado a orillas del río Patía, en el departamento de Nariño.

Según la alerta, «existe una alta posibilidad de intensificación de las confrontaciones armadas» entre las dos facciones disidentes de las Farc.

“Los combates y otros hechos de violencia que de ellos podrían derivar desencadenarían en graves afectaciones a la vida, integridad y libertad o en probables infracciones al derecho internacional humanitario”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís.

El funcionario advirtió que existe evidente terror entre las comunidades del municipio nariñense por las disputas armadas entre el bloque occidental Jacobo Arenas, del disidente Estado Mayor Central de las antiguas Farc (Frente 30 Rafael Aguilera y Columna Móvil Alan Rodríguez), y el bloque occidental Alfonso Cano, perteneciente a la llamada coordinadora guerrillera del Pacífico y la Segunda Marquetalia, también disidente de las Farc.

Los combates obedecen a la disputa del territorio, ya que es considerado un corredor estratégico para las rutas de la cadena del narcotra?fico, movilizacio?n de tropas, desarrollo de la mineri?a ilegal y el tra?fico de armas, subrayó el Defensor.

La alerta temprana establece que la posible ocurrencia de las afectaciones a la población civil, se focaliza en los barrios La Pista, La Isla, El Camino, El Comercio, El Caguán, El Natal, La Virgen, La Playita, Llano Verde, Nueva Esperanza III y El Polideportivo, así como en las veredas que forman parte de los consejos comunitarios Gualmar, Río Satinga y Río Sanquianga y en los resguardos indígenas La Floresta, Bacao Turbio y Sanquianguita.

Subraya que en las veredas El Cedro, La Laguna, Sajal, Caserío Aragón, Alto Merizalde y Guabillales se vienen presentando enfrentamientos entre los mismos grupos disidentes de las Farc y entre estos y las Fuerzas Militares. Los combates cerca de los lugares que habitan las comunidades han causado daños a la infraestructura de la población y, en algunos casos, desplazamientos forzados.

Las comunidades están siendo sometidas a “retenes ilegales, el cobro de extorsiones, la verificación de horarios estrictos de entrada y salida de las veredas y del tránsito por el río de la zona y el casco urbano», por lo cual, afirma, «urge la actuación de las autoridades civiles y la Policía Nacional, cuya finalidad sea la protección de las familias que habitan en Olaya Herrera y sus alrededores”.

La alerta precisa que sujetos de la segunda Marquetalia son quienes imponen restricciones a la movilidad para el ingreso y salida del territorio y obligan a las personas a informarles cuáles actividades van a realizar cuando salen de la zona rural al casco urbano. En ese marco, les otorgan cinco días para retornar, so pena de atentar contra quienes no atiendan sus órdenes.

Además, la alerta establece que en la región existen formas de control y violencia basadas en género sobre mujeres afrodescendientes, pues son sometidas a realizar trabajos domésticos para integrantes de grupos ilegales, bajo amenazas con atentar contra sus hijos menores de edad en caso de no hacerlo.

La Defensoría advierte que las conductas podrían agravarse, lo que supondría una mayor dificultad para la asistencia y atención humanitaria que prestan los funcionarios de los entes locales y los integrantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG), lo cual pone en riesgo su vida, integridad, libertad y seguridad.

«Hay mayor vulnerabilidad –documenta la Alerta Temprana de Inminencia 002–, en territorios de los consejos comunitarios, especialmente en las veredas Alto Merizalde, El Cedro, Pueblo Nuevo, Barro Caliente, y en las veredas donde se han presentado confrontaciones armadas, en cercanías a las escuelas donde las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes son los más propensos a ser víctimas de la posible contaminación del territorio con minas antipersonal.

“Es urgente poner en marcha una labor completa de prevención y atención a las comunidades, ante las acciones violentas de los grupos armados ilegales, y darle prioridad a un trabajo de desminado”, recalcó Carlos Camargo Assis.