–Según un informe publicado este martes por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), la dinámica del conflicto en Colombia ha cambiado desde el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero las mismas regiones y comunidades continuaron reportando las cifras más altas de desplazamiento interno en 2023.

Citando datos del gobierno colombiano, más de la mitad de los desplazamientos internos asociados con el conflicto y la violencia tuvieron lugar en la región del Pacífico, donde las comunidades afrocolombianas e indígenas siguieron viéndose afectadas de manera desproporcionada.

Establece que la región del Pacífico, compuesta por los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, es estratégica para las actividades criminales de los grupos armados no estatales (GANE). Sus ricos recursos naturales, su vasto litoral y su lejanía facilitan la producción y el tráfico de drogas, y la tala y minería ilegales.

Añade que las fronteras de la región con Ecuador y Panamá también han fomentado la trata de personas y el tráfico de migrantes cada vez más lucrativos. Se estima que medio millón de personas cruzaron la frontera con Panamá a través de la brecha del Darién en 2023, en comparación con un promedio anual de menos de 11.000 en la década anterior. Los migrantes enfrentan importantes riesgos de protección en el peligroso viaje para cruzar la frontera. También hay cada vez más pruebas de que los migrantes son víctimas de ataques violentos por parte de grupos armados no estatales.

Advierte que en toda la región, las poblaciones locales siguen siendo las más afectadas por los impactos del conflicto y agrega:

Tras la desmovilización de la mayoría de los miembros de las FARC desde 2016, otros grupos armados ilegales han luchado por ampliar y consolidar su presencia económica y territorial, especialmente en las zonas rurales. La presencia limitada del Estado les ha permitido ejercer control sobre las comunidades, obligándolas a huir o atrapándolas en confinamientos forzados.

El informe subraya que el desplazamiento y el confinamiento pueden parecer opuestos, pero comparten algunos factores desencadenantes e impactos. Tanto las comunidades confinadas como las desplazadas tienden a carecer de acceso a la ayuda humanitaria y algunas de sus necesidades quedan insatisfechas, particularmente en casos de desplazamiento individual (menos de diez personas) y en áreas donde persisten los combates y la inseguridad.

Reseña que el confinamiento a menudo se debe a la presencia de municiones sin detonar y contaminación por minas terrestres. Algunos confinamientos prolongados han dado lugar a grandes oleadas de desplazamientos posteriores cuando los grupos armados ilegales levantaron sus restricciones, alimentando una mayor vulnerabilidad e inestabilidad.

Al igual que con el desplazamiento, precisa, las comunidades afrocolombianas e indígenas de la región del Pacífico también se ven afectadas de manera desproporcionada por el confinamiento. Los impactos diferenciados quedan claros en los datos desagregados por grupo étnico, que muestran que el 62 por ciento de los desplazamientos en la región y el 94 por ciento de los casos de confinamiento fueron de comunidades afrocolombianas o indígenas. En Nariño, el departamento donde se registraron más desplazamientos en Colombia en 2023, el 75 por ciento fueron de comunidades afrocolombianas o indígenas. Esto a pesar de que representan más del 33 por ciento de la población del departamento.

Puntualiza que en todo el Pacífico, los asesinatos, el reclutamiento forzado, las amenazas y los ataques a escuelas se encuentran entre las razones por las que las comunidades vulnerables se han visto obligadas a huir. Su desplazamiento daña, a su vez, su tejido social y su resiliencia y ralentiza la implementación del acuerdo de 2016, que tiene un capítulo étnico que exige el respeto de los derechos a la tierra y las garantías de seguridad de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Reconociendo que la implementación se ha retrasado, la oficina del vicepresidente del país ha identificado nueve áreas prioritarias para estas comunidades, incluido el acceso a la tierra, programas de desarrollo y mecanismos de autoprotección más sólidos.

Finalmente el informe del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), precisa que el Registro de Víctimas, un mecanismo de seguimiento y presentación de informes que rastrea a las víctimas del conflicto, incluidos los desplazados internos, es útil para proporcionar información clave para comprender la dinámica del desplazamiento y los diferentes impactos en ciertos grupos de población. Otros mecanismos, incluida la Comisión de Seguimiento, Promoción y Verificación para la Implementación del Acuerdo Final, que fue implementada por el gobierno en octubre de 2022, son igualmente útiles para dar seguimiento a la situación en diferentes territorios y comunidades como base para priorizar ayuda humanitaria y reparaciones.