–La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón celebró el regreso a la libertad de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, Bethy Amanda Mage Imbachí y Gerzon René Rivera Fernández, así como de su acompañante María Yeni Ruiz y del soldado profesional Yiner Kevin Noscué Largo, que habían sido secuestrados en el Cauca por las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

Los funcionarios de la Fiscalía se encontraban en comisión hacia Popayán cuando fueron plagiados, fueron entregados este fin de semana en zona rural del municipio de Toribio a una misión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, Indepaz y la Defensoría del Pueblo, «organizaciones que desde el momento del secuestro expresaron plena solidaridad con la situación de nuestros investigadores, mantuvieron permanente atención y contacto, y desplegaron toda su capacidad de gestión para lograr hoy su liberación», destaca el comunicado de la Fiscal.

En el documento la funcionaria reiteró «su categórico rechazo al secuestro, hostigamiento y ataque violento de cualquier índole contra los servidores judiciales, porque con ello no sólo se atenta contra la autonomía e independencia judicial, sino contra la integridad de la Justicia, pilar del Estado democrático de derecho colombiano».

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó que recibió a los dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, a la esposa de uno de ellos y al soldado del Ejército colombiano, que se encontraban en poder del frente Dagoberto Ramos de las antiguas Farc actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz.

Destacó que el personal del CICR confirmó que las cuatro personas presentaban buenas condiciones de salud. Al culminar la liberación estas fueron trasladadas en los vehículos de la organización a otra zona para ser entregadas a sus familiares.

«Participamos en esta operación como intermediario neutral para facilitar que estas personas recuperaran su libertad y se reunieran con sus seres queridos. Esto hace parte de la labor humanitaria que desarrollamos en el país para mitigar los efectos de los conflictos armados y la violencia. Nuestra acción se centra en ayudar de manera imparcial a quien lo necesita, sin discriminación alguna», indicó Samuel Mark Fensterheim, delegado de protección de la Subdelegación del CICR en Cali.

El CICR indicó en el comunicado que en Colombia existen ocho conflictos armados no internacionales, de acuerdo con la actual clasificación jurídica del Comité Internacional basada en los criterios del derecho internacional humanitario (DIH), que generan múltiples consecuencias humanitarias. Esta situación afecta de manera directa a la población civil. Por eso es fundamental insistir a todas las partes en conflicto para que respeten el DIH, independientemente de que existan o no ceses al fuego.

«El derecho internacional humanitario protege a la población civil, así como a las personas que han dejado de participar en las hostilidades. Las partes en conflicto deben garantizar la protección que confieren estas normas en todo momento y lugar, pues esto reduce y alivia el sufrimiento generado por los conflictos armados», agregó Fensterheim.

En el comunicado el CICR adierte que no da información adicional sobre la liberación, con el fin de proteger a las
personas liberadas así como la misión y el trabajo neutral e imparcial que realiza la organización, y que tiene como herramienta fundamental la confidencialidad. Esta herramienta le permite al CICR gozar de la confianza de todas las partes, garantizar la seguridad de las personas concernidas y posibilitar el acceso humanitario de la organización a las zonas más afectadas por los conflictos armados y la violencia, añadió.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, celebró «el gesto humanitario de las disidencias de las FARC al liberar a estos funcionarios» y reiteró «a todos los grupos armados ilegales a que muestren gestos de paz dejando en libertad a las personas que mantienen en cautiverio y que se sumen a las negociaciones de paz que propuso el Gobierno nacional».

Además indicó que el país entero considera que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, es una práctica que va en contravía de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario y que dejar de hacerlo es sinónimo de verdaderos gestos de paz.