–Doce comunidades campesinas e indígenas padecen un confinamiento prologando porque persiste la siembra de minas antipersonal, hay lideresas y líderes amenazados, el control territorial y social ejercido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) cada vez es mayor, no cesa el reclutamiento de menores de edad, entre otras problemáticas.

Así lo denunció la Defensoría del Pueblo, que atribuyó la crítica situación a la guerra territorial que adelantan el clan del goldo y otras bandas criminales.

Según el reporte del organismo de control humanitario, cuando los moradores se arriesgan a salir por estricta necesidad, los extorsionan en varios puntos donde los ilegales que delinquen en la zona han instalado retenes.

La Defensoría indicó que según lo comprobó una misión de verificación, de la cual formó parte la entidad nacional de derecho humanos, las mujeres han sido requisadas y despojadas hasta de sus pertenencias íntimas.

«Ante los hechos de degradación, contaron, han contemplado la posibilidad de suicidarse», precisó.

Agregó que las comunidades campesinas e indígenas del municipio de Bojayá, vienen siendo víctimas de estructuras al margen de la ley, las cuales han recrudecido su accionar indiscriminado desde comienzos de este año.

“Son 3347 personas, de 830 familias, las confinadas; la mayoría de ellas pertenece al pueblo Embera», precisó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, tal como lo pudo establecer «nuestro equipo de la Regional Chocó, la Personería Municipal, la Alcaldía de Bojayá y la Diócesis de Quibdó en una misión de verificación hecha en el territorio”.

Estableció que las familias, que forman parte de las comunidades Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudó, están afectadas por la instalación de minas antipersonal, reclutamiento de menores de edad, amenazas a lideresas y líderes sociales y profesores, torturas contra indígenas por supuestamente pertenecer a diferentes grupos armados ilegales, acoso sexual contra mujeres.

Advirtió que el control territorial y social ejercido por las autodefensas gaitanistas o clan del golfo, es cada vez mayor. Además, sostuvo, «el grupo armado quiere imponer su hegemonía en las comunidades que habitan la zona a lo largo del río Atrato. Todo fue advertido en nuestra Alerta Temprana 016 del 2021”.

Señaló que la misión humanitaria, conoció que las comunidades, cuando por necesidad se arriesgan a salir de sus territorios, están siendo extorsionadas en retenes ilegales instalados en varios puntos de la región.

Concretamente, denunciaron que son cuatro los retenes, dos en Alto Río Bojayá y dos en Río Uva. Les quitan las pertenencias cuando reclaman ayudas humanitarias y recursos de la indemnización que les corresponde por ser víctimas del conflicto.

“A las mujeres las requisan y las despojan de sus pertenencias íntimas. Nos manifestaron que quieren suicidarse, que no soportan más la degradación a la que están siendo sometidas. Si llegan a hablar sobre lo sucedido, sus vidas corren peligro. Tienen temor. Me pregunto dónde está la institucionalidad, dónde están los cuerpos de seguridad del Estado. Tienen que actuar, honrar lo que les dicta nuestra Constitución. La dignidad humana es un derecho que debe ser protegido”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

Otro hecho es la restricción para sacar del territorio la producción de plátano. Las autodefensas gaitanistas impiden que les entren recursos a los pobladores que dependen de ese comercio porque, según la denuncia, los señalan de destinarlos a otros grupos armados ilegales.

Camargo Assis notifició que esta «lamentable situación es una clara infracción al derecho internacional humanitario, enmarcado en los Protocolos de Ginebra» y complementó: «Lo que está sucediendo afecta a los pueblos indígenas y su autonomía ancestral, pero también a los campesinos de Bojayá y sus alrededores”.

Frente a esta situación, el defensor del Pueblo formuló las siguientes recomendaciones:

-Es oportuno disponer de un equipo humano para que realice una brigada de salud integral, que permanezca en el territorio. Las secretarías de salud de los municipios y del departamento deben realizar un mayor control a las EPS e IPS, pues los servicios prestados son insuficientes.

-Igualmente, realizar jornadas integrales en temas psicosociales comunitarios para identificar los posibles casos de suicidios. Apoyar conjuntamente a la administración de Bojayá, puesto que no cuenta con las capacidades presupuestales para la respuesta inmediata y en transición.

-De igual modo, continuar realizando el desminado en los lugares identificados por la fuerza pública. Aumentar el pie de fuerza para que las estructuras armadas se alejen de las comunidades, ahora mismo en situación de confinamiento, entre otras recomendaciones.