— Tras una jornada de pedagogía y dos días de diligencia judicial, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, acreditó como víctima colectiva a dos resguardos del Pueblo Sikuani, ubicados en el departamento del Guaviare, en el Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

Estos resguardos cuentan con más de 360 integrantes y habitan entre los ríos Guaviare, Manacacías y Orinoco y la JEP establece que históricamente, la étnia Sikuani ha sido víctima de violencias, además del reclutamiento de niñas y niños, por desaparición forzada, desplazamiento y persecución por parte de la extinta guerrilla de las Farc o la Fuerza Pública, entre otros.

Durante las audiencias, 18 integrantes del Pueblo Sikuani, entre ellos un capitán y una capitana, líderes y sabedores de los resguardos le contaron a la magistrada encargada, Luisa Fernanda López, mediante dos intérpretes de la lengua sikuani, las formas en que el conflicto armado impactó la cultura y tradiciones de sus comunidades, así como su territorio ancestral.

Las autoridades explicaron en la audiencia del 30 y 31 de mayo, en San José del Guaviare, que la lengua propia, las danzas tradicionales, el intercambio de semillas y el trabajo colectivo ‘únuma’ son rasgos identitarios del Pueblo Sikuani que se han visto gravemente afectados por el conflicto armado. “Sin el territorio es como si no fuéramos indígenas Sikuani», dijo con vehemencia una autoridad indígena.

La diligencia comenzó con un acto de armonización: ‘El baile del cacho de venado’, que se hace tradicionalmente para despedir a un ser querido cuando fallece. “Esto para nosotros es algo triste. Es un baile que hoy hacemos para honrar a esas personas que nunca volvieron y que creemos que están muertas», dijo una de las autoridades Sikuani.

La atmósfera se llenó de los sonidos que emiten los cráneos del venado cuando son soplados. Son las flautas de la despedida que suenan al ritmo de una maraca fúnebre.

Una de las participantes de la armonización cargaba un catumare de calavera, que en lengua sikuani se conoce como un ‘deiposikote’. Esta malla de palma de güichire tejida “la usamos cuatro años después para sacar los huesos de una persona que ha fallecido y darle su último entierro, su última despedida. Es símbolo de esos seres queridos que no sabemos dónde están enterrados, pero esperamos poderlos recuperar y darles el adiós», finalizó el mayor.

El diálogo judicial se centró en ampliar la información contenida en el informe “Pueblo indígena Sikuani de los resguardos del departamento del Guaviare: reclutamiento de menores y desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado», que ambas comunidades habían presentado previamente ante la JEP.

Las autoridades describieron cómo las niñas y los niños fueron reclutados por las Farc-EP. “Ellos llegaban a los resguardos y a los niños con la invitación de un dulce, con un billete, con alcohol. Eso es engaño», señaló un integrante de la comunidad.

El reclutamiento, expresaron las comunidades, menguó significativamente la población Sikuani y dejó una herida colectiva que aún no han podido sanar. Denunciaron que, en el año 2000, de las 35 niñas y niños que había en la comunidad, 22 fueron reclutados.

La ausencia de estas niñas y niños provocó grandes impactos. “Si estuvieran aquí, si no se los hubieran llevado, ya serían líderes. Podrían ser profesionales que estarían guiando a toda la comunidad hacia un mejor futuro», enfatizó un participante.

Explicaron que las niñas y los niños que fueron vinculados a los grupos armados y lograron regresar perdieron capacidades fundamentales para aportar a su comunidad. “Cuando se es niño, la mente es más blanda para adquirir el conocimiento ancestral, ahora es más difícil», dijo uno de los asistentes y añadió: “para volver a aprender la cultura, los rezos, las plantas medicinales que a uno le enseñan desde pequeño me ha costado».

Respecto a la Fuerza Pública, se mencionaron hechos de utilización contra las niñas del Pueblo Sikuani. También relataron hechos de violencia sexual.

En esta audiencia también participaron sobrevivientes de reclutamiento, a quienes se los llevaron con la promesa de poder rencontrarse con sus hermanos dentro de las filas. Sin embargo, no volvieron a saber nada de sus seres queridos y hoy los siguen buscando.

“Quiero agradecerles por la confianza que nos han dado para contar en detalle lo que vivieron. Solo ustedes conocen el dolor de volver a traer al presente esas vivencias», expresó la magistrada López tras escuchar los relatos.

Al conocer la decisión sobre su acreditación, las autoridades afirmaron: “Ahora las cosas van a pesar más ante la ley, ante los victimarios (…) ojalá las instituciones conozcan esta información que la JEP ha conocido».

“Agradecemos a la JEP y estamos esperanzados con que algún día haya una respuesta a esas víctimas sobre las familias que están esperando todavía, para que la comunidad pueda sentir alivio», finalizó la uno de los intérpretes.

Al cierre de la diligencia, la magistratura también explicó que, en el marco de su participación en la JEP, estos resguardos Sikuani podrán presentar demandas de verdad a los comparecientes como, por ejemplo, la ubicación de las personas dadas por desaparecidas. Asimismo, las autoridades mencionaron que la educación escolar y profesional con enfoque étnico puede ser un posible camino para su restauración.