–La Corte Suprema de Justicia de Colombia citó este miércoles a declarar como testigos al presidente Gustavo Petro, así como al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y a otro alto funcionario, por el sonado escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, que involucra también a los jefes del Senado y la Cámara de Representantes.

El alto tribunal «determinó declaración del presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco», como parte de la investigación contra los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal).

«La declaración del presidente Petro y del ministro Jaramillo se hará por certificación juramentada», señaló la Corte Suprema en un comunicado.

Igualmente «ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional», de las cuales la primera se hundió en su trámite legislativo y la segunda se convirtió en ley.

El llamado al mandatario ocurre luego de que el exdirector de la UNGRD Olmedo López asegurara ante la Corte que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) recibió dineros del Estado a través de contratos de esta entidad, sumida en un escándalo de corrupción.

En una declaración que dio el mes pasado a investigadores de la Corte Suprema de Justicia, López aseguró: «Esto es un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios (…) y toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte».

«El nombre que dice ese papel que le mostré a la Fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración (…) es el ELN y su gran influencia en el departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela)», añadió López.

El escándalo en la UNGRD comenzó cuando medios locales revelaron la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.

A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes a cambio del apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente Petro.

A propósito de las últimas revelaciones, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia expidió un comunicado en el cual deplora la filtración a un medio de comunicación de una pieza procesal con reserva de una investigación en curso.

«La Sala es respetuosa de la libertad de prensa, pero ese tipo de hechos pueden afectar el normal y eficaz desarrollo de la investigación que tiene un alto grado de complejidad y relevancia nacional», precisa el texto.

Añade que en esta etapa del proceso, y antes de una eventual acusación, las declaraciones bajo juramento y la recolección de material probatorio tienen reserva por ley para garantizar los derechos de las partes y proteger los avances de las investigaciones.

Igualmente precisa que ante la gravedad del hecho la Sala pedirá a las autoridades correspondientes que se investigue la filtración que tipifica una conducta penal.

Este miércoles Noticias Caracol reveló los chats que intercambiaron el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

En las conversaciones entre el ministro y otros enlaces se estaría fraguando el plan para presuntamente ‘comprar’ congresistas con el objetivo de que con su voto aprobaran de manera positiva los proyectos del Gobierno del Presidente Gustavo Petro.

También se dieron a conocer chats entre Pinilla y la asesora del Ministro para que se le cumpliera a los congresistas, a quienes se les iba entregar 92 mil millones de pesos por intermedio de contratos de la UNGRD.

Pinilla entregó toda la información a la Fiscalía y también contó sobre los actos de corrupción por los carrotanques para el suministro de agua potable en La Guajira, pero según lo entregado por el exsubdirector a la Fiscalía esto sería solo el principio de un entramado de corrupción para apoderarse de los recursos de la Nación.

El 11 de diciembre del 2023 el ministro Ricardo Bonilla expidió una resolución, la número 3202, en donde ese Ministerio transfirió 700 mil millones de pesos a la UNGRD para la atención de desastres en el país.

En ese momento, según contó Pinilla al ente acusador, 24 horas después de la entrega de ese dinero habría iniciado una serie de presiones para direccionar contratos a congresistas de ese dinero que giró el MinHacienda.

El 12 de diciembre, Pinilla recibió del entonces director Olmedo López un cuadro para entregar tres contratos, todos sumados 92 mil millones de pesos para realizar supuestas obras de contención en varias regiones del país para prevenir inundaciones.

Ese mismo cuadro se lo enviaron a Jaime Ramírez Cobo, quien es el enlace de la Presidencia en el Congreso, y le escribió un chat a Pinilla preguntando sobre el cuadro de los mencionados contratos, pero el subdirector le dijo que debía hablar con Olmedo López, quien creyó en su momento que los contratos habían sido pedidos por el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Pinilla insistió que el tema debía hablarse con el ministro de Hacienda y por eso le envió su contacto.

Sin embargo, hay un chat del ministro Bonilla, quien le escribió al subdirector en donde le afirmó que estaba “preocupado por el destino de recursos proyectos viabilizados” y luego lo llamó.

En esa conversación, según Pinilla, el ministro le explicó la urgencia de que Olmedo López se reuniera con él y por eso Pinilla cuadró el mencionado encuentro.

Sneyder y Olmedo, después de esa reunión, tuvieron una videollamada y allí Olmedo, según le dijo, que esos tres contratos de 92 millones debían realizarse con urgencia y le mostró que estaba reunido con el ministro Bonilla, según el relato de Sneyder a la Fiscalía.

Además, que le indicó que debía coordinar todo con una asesora del Ministerio, de nombre María Alejandra, para avisar a los contratistas que los dineros se iban a mover a través de la Unidad de Riesgos para los municipios de de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en el corregimiento de El Salao, en El Carmen de Bolívar.

Pinilla se comunicó con los contratistas para avanzar en los contratos.

En los chats se muestran la urgencia de la asesora por saber que esos contratos se materializaran. Sin embargo, tras el escándalo de los carrotanques en La Guajira, los tres contratos de 92 mil millones de pesos no se entregaron.