–(Foto PGN). La Procuraduría General de la Nación alertó sobre la falta de control sobre los condenados bajo vigilancia electrónica en el país, tras reseñar que hacia mediados del año se evidenció que 382 dispositivos estaba apagados o fuera de servicio por lo que no se tenía conocimiento del accionar de los internos que gozaban del beneficio.

Según el ministerio público, las acciones que las autoridades deben emprender como consecuencia del monitoreo del servicio de vigilancia electrónica para privados de la libertad-PPL- se ha convertido en un dolor de cabeza, situación que afecta la efectividad del control y la seguridad ciudadana.

La advertencia la hizo la Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública al señalar que no han sido suficientes y efectivas las acciones que adelantan la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC- con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC- para la implementación, seguimiento y atención del Servicio de Vigilancia Electrónica – SVE, específicamente en relación con las contingencias y situaciones críticas reportadas sobre los dispositivos apagados.

El Ministerio Público, en sus acciones preventivas, evidenció que no se ha definido el procedimiento o protocolo para la atención de las novedades relacionadas con los dispositivos apagados o no monitoreados de personas privadas de la libertad.

A pesar de los diversos requerimientos, las autoridades responsables del monitoreo y control no cuentan con un documento que determine con certeza las actividades, acciones, responsables y tiempos de respuesta, entre otros, que deben adelantar en los casos en que se tenga información a través de la plataforma tecnológica correspondiente que los dispositivos se encuentren en las situaciones señaladas.

Evidencia de lo anterior lo constata la plataforma CHRONOS que el pasado 2 de julio reportó 292 dispositivos intermitentes y otros 90 totalmente apagados desconociéndose las acciones tomadas por el competente para solucionar esta situación, ni el trámite surtido ante las autoridades judiciales para que estas adopten las decisiones correspondientes.

Otro de los tropiezos que encontró la Procuraduría es la falta de planeación presupuestal por parte de la USPEC, que ha impedido que se pueda culminar exitosamente el proceso de selección para contratar la interventora integral, dificultándose el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista, encargado de la prestación del servicio de vigilancia electrónica.

La falta de protocolo para atender las contingencias al evidenciarse la existencia de dispositivos apagados y de una interventoría al contrato de prestación del servicio, incrementa la posibilidad de materialización de riesgos que pueden afectar la seguridad ciudadana y la administración de justicia, razones por las que el Ministerio Público requirió nuevamente de la USPEC e INPEC acciones prontas y efectivas