–(Foto Defensoría). Una alerta temprana de inminencia emitió la Defensoría del Pueblo sobre el grave peligro que están corriendo diez pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo, en el departamento del Casanare, como consecuencia del control del territorio ejercido por el frente 28 José María Córdoba, del comando conjunto de oriente de las disidencias de las Farc, y el ingreso a la zona de otras estructuras armadas no estatales los tienen en riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales.

Los pueblos afectados son Sikuani, Piapoco, Sa?liba y Amorua (de tradición sedentaria: que permanecen en un mismo lugar durante generaciones) y los Maiben Masiware, Wamonae, Waüpijiwi, Yamalero —Mayaleros— Tsiripus y Yaruros, que reúnen un total de 15 comunidades, al considerárseles nómadas, son únicos en el mundo, pero se encuentran solamente con su protección territorial en la extensa sabana del extremo nororiental del departamento.

Según la Defensoría, es tan delicada la situación, que integrantes del disidente frente 28 obligan a las autoridades tradicionales indígenas a tomar medidas sobre ciertos comportamientos de las diez poblaciones. De no hacerlo, no solo las autoridades étnicas, sino todos los indígenas de las comunidades son sometidos a la propia ‘justicia’ del grupo rebelde, con tal de tener el control absoluto.

Ante el escenario de vulneración de los derechos a la vida, integridad, seguridad, libertad, además de otros, de las comunidades indígenas, la Defensoría del Pueblo requirió la intervención urgente de la institucionalidad estatal, a partir de un trabajo articulado y diferencial, teniendo en cuenta la tradición cultural nómada.

El resguardo Caño Mochuelo, así mismo, es susceptible de enfrentamientos armados, razón por la que podría verse envuelto en consecuencias nefastas. Las formas de sustento (cultivos y prácticas alimentarias) podrían amenazar la subsistencia de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos y personas mayores.

La Defensoría afirma que también es necesario implementar medidas de prevencio?n orientadas a la seguridad alimentaria, la atencio?n humanitaria, el acompan?amiento, así como a la neutralizacio?n de las pretensiones de los actores armados al margen de la ley. Es imperativo garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indi?genas, el respeto por la jurisdiccio?n especial indi?gena, la autonomi?a, el territorio y su dina?mica cultural.

En la alerta, exhorta, además, al Ministerio del Interior a darles cumplimiento a las medidas de prevencio?n y proteccio?n. Igualmente, le solicita activar los mecanismos de respuesta ra?pida frente a posibles vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).

“Es oportuno que ejerza su liderazgo para que sea salvaguardada y preservada la diversidad e?tnica y cultural, mitigado el riesgo de los pueblos afectados, a los que les deben respetar sus derechos culturales, de autonomía, territorio y propia jurisdicción especial”, concluye la Defensoría.