–(Foto Consejo Regional Indígena- Cric). El próximo martes 20 de agosto las comunidades indígenas del departamento del Cauca iniciarán una marcha hacia Bogotá «por la defensa del territorio, la vida y la paz» y para «exigir respeto a los territorios originarios y los derechos territoriales», así como «garantía de la protección de los espacios de vida para la pervivencia y permanencia de los pueblos indígenas».

La movilización será encabezada por las 139 autoridades indígenas de los pueblos Nasa, Yanakuna, Kokonuko, Misak, Ambaló, Kisgo, Polindaras, Totoróez, Eperâara Siapidâara e Inga, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, las cuales le entregarán al presidente de la República un pliego de exigencias, en el cual detallan la grave crisis humanitaria que viven como consecuencia de la violencia desatada por los grupos armados ilegales en sus regiones.

«Durante 200 años, los gobiernos tradicionales no han podido resolver una paz social, lo que ha perpetuado el conflicto en el país. Lo militar fracasó en 8 años de “seguridad democrática” y ahora los generales de las FFMM están hablando sobre el entramado de esa política en la JEP. Es fundamental recordar las lecciones de este fracaso en la historia reciente», advierte en una comunicado el CRIC.

«Históricamente hemos hecho práctico el poder constituyente liderando importantes luchas por la consolidación de un proyecto político por el cambio, que priorice el cumplimiento de los derechos fundamentales, la justicia social y ambiental que necesitamos, sin distinción de origen, etnia o sector social», afirma.

Añade que la corte constitucional declaró en el año 2004 el estado de cosas inconstitucional, el cual actualmente persiste y se profundiza debido a la reconfiguración del conflicto político, social y armado en el país y sumado a ello, la negligencia o poca voluntad de la institucionalidad del Estado frente al cumplimiento y garantía de derechos de los pueblos; lo cual se evidencia en la falta de compromiso con el desarrollo de los acuerdos para la atención a la emergencia social, económica y cultural declarada a través del decreto 982 de 1999 y reafirmada para la consolidación de políticas públicas diferenciales en el decreto 1811 de 2017, situaciones que van en contravía de lo proyectado por el Gobierno del Cambio para la materialización de las reformas estructurales que el país requiere».

El CRIC puntualiza: «Los pueblos indígenas determinamos que la única alternativa de solución es el dialogo con el señor presidente Gustavo Petro Urrego, para encontrar la salida conjunta y de manera eficiente las demandas de los pueblos indígenas y así avanzar en la superación de las causas estructurales que nos condenan a la al desconocimiento institucional, la violencia perpetuada en la guerra, entre otras políticas que desmedran y resquebrajan la estabilidad social, política y cultural de nuestros pueblos».

Estas son las exigencias:

1- Respeto a los territorios originarios y los derechos territoriales de nuestras comunidades, fundamentados en el principio de preexistencia y la garantía de la protección de los espacios de vida como garantía para la pervivencia y permanencia de los pueblos indígenas.

2- Evitar tensiones causadas por la expedición de figuras jurídicas que otorgan títulos de propiedad a terceros, que se superponen sobre territorios de origen y territorialidades indígenas; reivindicaciones conseguidas a través de la lucha y del derramamiento de sangre de muchos mayores, mayoras, jóvenes y niños hombres.

3- No declarar zonas de baldíos sobre espacios de vida cultural y natural, afectando gravemente la estabilidad y permanencia cultural, social y política de los pueblos indígenas.

4- Proteger y garantizar los espacios de vida y declarar el agua como sujeto de derecho, proposición que requerimos sean consideradas en el desarrollo de la COP16; así mismo conocer de primera mano del presidente de la república la intensión frente a la posible modificación del artículo 8J sobre los derechos territoriales para los pueblos indígenas.

Además piden garantizar el derecho fundamental a la salud de la población afiliada a la Asociación Indígena del Cauca, entidad promotora de salud indígena -A.I.C. EPS-I en el proceso de liquidación gradual que se adelantará en el marco de la transición al Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural.

En lo que respecta a la paz, indican que ante la continuación de la guerra y las violencias en Colombia, consideran «vital que se busquen mecanismos ágiles e incluyentes de participación de la sociedad civil, que permitan el consenso con las distintas poblaciones que habitan las zonas más críticas del país, sobre las estrategias pertinentes para materializar iniciativas de transformación territorial, social y económica».

De igual manera hacen un llamado a asumir, respetar y fortalecer los mecanismos de autoprotección que las organizaciones y procesos rurales y urbanos del país hemos ido construyendo, para salvaguardar y proteger la vida humana y de la madre tierra; entre ellos, la vivencia de la espiritualidad, el ejercicio de nuestra Guardia Indígena y demás estrategias.

En el comunicado, tambien denuncian ante la opinión pública, el estado colombiano y la comunidad internacional:

«Las políticas mal llamadas de desarrollo, el interés de multinacionales y de particulares, están desconociendo el territorio y la territorialidad de los pueblos indígenas que por miles de años y en el marco de la preexistencia, hemos mantenido de generación en generación, colocando en grave riesgo la estabilidad social, cultural, política y territorial de los pueblos indígenas y condenándonos a una desaparición sistemática.

«Pese a existir unas mesas de diálogo para concertar la paz. En nuestros territorios siguen asesinando nuestros mayores, mayoras, autoridades, lideres, jóvenes y reclutando niños y niñas sin que hasta el momento veamos unas políticas y estrategias de atención y contención de esta realidad por parte del Estado».