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Delegación de Paz del Gobierno rechaza bombardeos al Eln para contrarrestar paro armado en el Chocó

–Los representantes del Gobierno en la mesa de diálogos con el Eln rechazaron este sábado los bombardeos ejecutados por la fuerza pública para conjurar el paro armado que declaró ese grupo terrorista en el departamento del Chocó, el cual tiene confinadas cerca de 50 mil personas, que no se pueden movilizar por temor a ser asesinadas.

En un comunicado, los delegados gubernamentales afirman que “la reactivación de bombardeos como respuesta al inaceptable paro armado del Eln en el Chocó no contribuye a la protección de la población civil ni a la paz”.

Estos son los términos del escrito:

«La jefatura de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos para la paz con el Eln manifiesta:

Que la reactivación de bombardeos como respuesta al inaceptable paro armado del Eln en el Chocó no contribuye a la protección de la población civil ni a la paz.

Reitera la importancia de la continuidad del cese al fuego bilateral nacional y temporal, CFBNT.

Insiste en las vías del diálogo y la solución negociada. Fin del comunicado.

La ejecución de bombardeos contra el Eln en el Chocó, tras iniciar el paro armado, salió a la luz publica por boca del comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, quien además afirmó que los bombardeos se ejecutarían siempre y cuando las condiciones lo permitan, para no afectar a la población civil.

Además señaló que este tipo de acciones en contra del grupo guerrillero se debían planear muy bien para evitar daños colaterales entre la población civil.

“Es una operación que se tiene que planear muy bien para evitar cualquier daño colateral que se pueda tener en la operación, algún civil que se encuentre en cercanías del área donde se defina. Es una operación lícita que se adelanta y obviamente la conoce el presidente, la conoce el ministro de Defensa”, precisó el almirante Cubides.

La semana pasada, los mismos negociadores del Gobierno en la mesa de conversaciones con el Eln habían reiterado la importancia de mantener el cese al fuego bilateral e insistieron en el diálogo y en la posibilidad de una solución negociada.

Tras reafirmar desde el Gobierno su compromiso con el proceso de paz, se declararon atentos al cese al fuego, diciendo además que valoraban «profundamente el respaldo de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica y los países garantes». «Su apoyo es crucial para avanzar en este camino hacia la paz», puntualizaron.

El pasado 12 de agosto los cabecillas del Eln, en medio del paro armado anunciado por sus reductos en el Chocó, advirtieron sobre la situación por el vencimiento del cese al fuego y acusaron al gobierno de incumplir los acuerdos.

En un comunicado señalaron en primera instancia que el Decreto Presidencial para retirar al Eln de la lista de los grupos armados organizados, GAOs, «debería haberse emitido en junio de 2023, jamás hemos recibido explicación alguna de las razones de no haberlo hecho. Pese a este incumplimiento y en aras de seguir reafirmando nuestra voluntad de paz tenemos la disposición de esperar hasta el 23 de agosto para que se haga público el Decreto».

Añadieron que «como el cese el fuego pactado culminó el pasado 3 de agosto, en el marco de esa voluntad de paz, el Eln no adelantará operaciones ofensivas contra las Fuerzas Militares, la Policía y los organismos de seguridad del Estado colombiano».

Sin embargo, advirtieron que el Eln «hará uso del derecho a la legítima defensa si nuestras unidades guerrilleras son atacadas, o si las fuerzas del Estado avanzan amenazando nuestras posiciones».

Además afirmaron que «es claro el maridaje, apoyo y coordinación de las Fuerzas Armadas del Estado en operaciones con las bandas de las ex-Farc y del Clan del Golfo. Esta acción es una clara provocación para que el Eln se defienda y ser acusado de violar o romper el cese el fuego», precisaron.

Finalmente manifestaron que Eln «jamás obstaculiza los caminos de paz, tampoco evade responsabilidades, pero también expone con claridad sus derechos como alta parte contratante».