–La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre el deterioro que presenta la Seguridad Energética del país y por la posibilidad de que la situación sea más comprometedora en el mediano plazo, si no se toman medidas al respecto, lo que podría reflejarse en energéticos menos asequibles y menos confiables, acercándonos a unos umbrales de escasez que posiblemente deberán suplirse con importaciones que generen mayores costos.

El organismo de control concluyó un estudio sectorial sobre “Seguridad y Confiabilidad Energética (2010 – 2026)” donde señala la inexistencia de una política definida y unificada en este tema, así como falta de articulación institucional.

Una conclusión importante es que “anteponer la Transición Energética a la Seguridad Energética es un error que el país no debe permitirse”.

Para el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, “Se está arriesgando la seguridad energética que se tiene hoy frente a escenarios inciertos mañana”.

“Hasta ahora el país ha tenido la suerte de tener precios altos en épocas de baja producción y altas producciones en épocas de precios bajos, fenómenos que se contrarrestan mutuamente y permiten tener unos ingresos de regalías relativamente constantes, cercanos a los 10 billones anuales», precisó el funcionario.

«Este escenario no siempre se dará, por lo que el país debe prepararse desde ya para una caída en los recaudos de regalías como consecuencia de la futura disminución de la producción petrolera y de gas si no se toman las medidas adecuadas para contrarrestarla”, subrayó.

El contralor estimó que la transición energética no supone, a priori, la eliminación del uso de energéticos fósiles, pero sí la disminución paulatina de la demanda lo cual, en la teoría, debería tener consecuencias en la oferta.

Actualmente el planeta demanda un poco más de 100 millones de barriles diarios, y la tendencia aún es creciente. Esto implica que se tiene una enorme inercia y por lo tanto hay gran resistencia al cambio por lo que la transición energética probablemente no se dará en corto tiempo y si parece ser necesario asegurar que la economía tenga suficientes recursos para poder suplir dicha demanda.

“En otras palabras, aunque el foco de atención actualmente está en la transición energética, es la seguridad energética la que está llamada a fortalecerse mientras ocurren los cambios en la matriz energética”, puntualizó.

El Contralor Rodríguez Becerra expresó preocupación ante el hecho de que hoy no se conozcan aún actividades concretas de la transición energética, ni presupuestos, indicadores y metas.

Tampoco se conocen los análisis de concesión de actividades productivas y laborales, que permitan sustituir los recursos que obtiene el país de sectores como el de hidrocarburos y minería frente a la transición energética, así como la cuantificación de los recursos requeridos para ésta, atados a planes y programas concretos.

Por su parte, el CONPES 4137 de julio de 2024, avala una deuda de $138 millones de dólares para apoyar la transición energética justa, recursos que serían suficientes para adelantar esta política, si se comparan con las necesidades identificadas en el CONPES 4075 de 2022 que definió la política en este tema. Sin embargo, aún se queda corto este programa en aclarar qué instituciones, qué competencias y qué recursos específicos se asignan. Además, las metas definidas son insuficientes para avanzar de manera importante en el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030.

La Contraloría considera que esta situación pone en riesgo no solo la seguridad energética del país, sino las diferentes actividades y proyectos incluso sociales que se financian con las regalías que se obtienen del sector minero energético, dijo al respecto el Contralor

Por ejemplo, precisó, en materia de hidrocarburos el país actualmente cuenta con 301 Contratos, la mayor parte de Exploración y Producción (71%) y el resto dividido en Contratos de Evaluación (17,61%), Convenios de Evaluación y Exploración (1,33%) y 2,33% en Acuerdos de Evaluación Técnica. Del total de contratos, se encuentran suspendidos 36 (12%) y 45 (15%) en trámite de terminación. Dentro de los suspendidos están los asociados a actividades en Yacimientos No Convencionales.

“Hay que tener en cuenta que la exclusión de áreas potencialmente petroleras al no darse nuevos contratos de exploración puede ser un error», advirtió el Contralor, quien agregó: «La política de exclusión de áreas potencialmente petroleras eventualmente implicará reducciones en inversión extranjera directa y propenderá por una importación más temprana de hidrocarburos, con las consecuentes repercusiones fiscales representadas por menores ingresos para la Nación y por un menor recaudo de regalías para las regiones, poniendo en riesgo no solo la seguridad y confiabilidad energética, sino las finanzas públicas y la obtención de recursos para funcionamiento pero especialmente para inversión”.

Preocupa también a la CGR, en materia de seguridad y transición energética, el desabastecimiento de gas natural reportado por el gestor del mercado, (Bolsa Mercantil de Colombia) para el año 2025, si no se cuenta con nuevos yacimientos, la explotación de los mismos y /o la infraestructura necesaria para importación de este combustible.

Por lo tanto, sostiene, es necesario que la transición energética del país sea segura y sostenible, ya que la seguridad energética no sólo es fundamental para la estabilidad económica y el crecimiento, sino también para la soberanía nacional. “Si dependemos mucho de proveedores externos o poco confiables, podríamos perder autonomía”.

Las inversiones en energías renovables como la solar y la eólica son clave, no solo para depender menos de las importaciones, sino también para que Colombia se alinee con los objetivos globales de sostenibilidad ambiental. Sin embargo, la capacidad actual de generación con estas fuentes es solo de 1200 MW, lo cual es poco significativo, especialmente con la creciente demanda.

Igualmente, la Contraloría considera importante, en materia de transición y de seguridad energética, tener en cuenta la robustez del sistema eléctrico, es decir, infraestructura capaz de soportar y recuperarse de fallos inesperados, la cual necesita atención urgente. Con la disponibilidad variable de las plantas térmicas durante periodos de baja hidrología, la adecuada definición de los programas de mantenimiento es crítica, dice el ente de control

En cuanto a la infraestructura de transmisión, donde el 75% de las líneas de 500 y 230 kV tienen más de 35 a 40 años de servicio, se evidencia un sistema envejecido que podría fallar con más frecuencia. Particularmente preocupante para la Contraloría es la situación en Bogotá, donde la restricción en la construcción de nuevas líneas que traen energía de Chivor y Guavio afectan la gestión de la expansión y la continuidad futura del servicio. El Concejo Nacional de Operación advierte desde 2023 que Bogotá y el centro del país estarían en riesgos de desabastecimiento, el cual podría presentarse durante el año 2025. Incluso ya se requiere mayor generación de la central a carbón de Termozipa (48% de su capacidad, cuando en un año normal se utiliza un 20%), para cubrir las necesidades energéticas de la zona, tema que va en contravía de los compromisos ambientales.

El Contralor Rodríguez Becerra subrayó la importancia de la estabilidad jurídica en el sector minero energético y, en este sentido, expresó su preocupación por la expedición del Decreto 1047 del 14 de agosto de 2024 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que prohíbe la exportación de carbón térmico a Israel, a pesar de las observaciones realizadas por el ente de control el 17 de junio de 2024, en donde se resaltó principalmente la afectación que se tendrá en materia de recaudo de regalías, así como la desincentivación de la inversión extranjera y la inseguridad jurídica que implica.

“Del respeto por los acuerdos suscritos, por la normatividad vigente, depende también que exista confianza en la inversión en nuestro país y por ende el lograr obtener recursos importantes para nuestra economía, pues estos se requieren incluso para inversión social”, expresó.

Recordó que el carbón térmico extraído es un mineral que no puede ser almacenado por largos periodos de tiempo, puesto que su exposición prolongada al medio ambiente disminuye la calidad del mismo, razón por la cual, las restricciones a la exportación de carbón a Israel, conllevan a una reducción en la explotación del mineral, por lo tanto, se verá directamente afectado el recaudo de regalías, contrario a lo que sostiene el Ministerio de Minas y Energía.

El Contralor General anunció también el inició de una Actuación Especial de Fiscalización a la Hidroeléctrica de Urrá, con el propósito de investigar presuntas irregularidades frente a una eventual concentración de la contratación de venta de energía en un reducido número de empresas, contratación que igualmente se estaría adjudicando a “dedo”, a empresas comercializadoras sin criterio técnico de asignación, lo que habría generado perdidas a la empresa, de la cual el Estado es socio en un porcentaje del 99,98%, por una cifra superior a los $300mil millones, debido a los altos márgenes de utilidad que habrían obtenido las mencionadas empresas.

De otro lado, informó que en la auditoria de cumplimiento a Ecopetrol en curso se están evaluando las inversiones de Ecopetrol, para el periodo 2021 a junio de 2024, con énfasis en las inversiones extraterritoriales. Y con la información recibida se estará evaluando el cumplimiento de las políticas y procedimientos de inversión y desinversión, así como las expectativas de rentabilidad, de la compañía, a efectos de establecer, además de los anteriores aspectos, si con las mencionadas inversiones se ha podido generar detrimento al patrimonio de la empresa petrolera.