— Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística, Colfecar, aclaró en las últimas horas que los hechos que se vienen presentando en diferentes ciudades del país desde el día sábado 31 de agosto por cuenta de bloqueos espontáneos promovidos por propietarios independientes, no se encuentran vinculados a Colfecar y puntualiza: «Nosotros como agremiación en 48 años de existencia nunca hemos promovido la utilización de las vías de hecho».

Por su parte, la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, tras condenar los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, señaló que sus directivas no tienen garantías para ejercer su derecho a la protesta pacífica y por su seguridad e integridad física, se abstienen de participar de cualquier clase de protesta pacífica a partir de la fecha.

Además, comunicó a los camioneros afiliados que quedan en libertad para exigir sus derechos en el marco de la Constitución y la ley, «ejerciendo su derecho a la protesta si así lo considera necesario».

En un comunicado, la directiva de Colfecar destaca que como como miembro fundador de la Cámara Intergremial del Transporte, logró por dos años mantener el precio del ACPM relativamente estable, mientras que el precio de la gasolina subió un 68%.

Y agrega que después de 13 mesas técnicas que se desarrollaron a lo largo de un año y 10 meses, argumentaron con cifras y evidencias, la necesidad de que se hiciera un cambio en la fórmula que fija el precio del ACPM, que le permitiera a los colombianos tener acceso a un ACPM a un costo razonable y no a un precio internacional.

Sinembargo, subraya que no logró llegar a un acuerdo con el gobierno, pues este seguía insistiendo en la necesidad de llegar a una meta de incremento de $6.000 en el precio de este combustible. «Por tanto a pesar de que UNIDOS siempre mantuvo voluntad de diálogo y concertación, el gobierno decidió acabar con las mesas unilateralmente», puntualizó.

Advierte que por lo anterior, hizo uso del derecho a la protesta sumándosse a la marcha pacífica que se desarrolló el día viernes 30 de agosto «sin ninguna afectación para los ciudadanos, buscando que el gobierno escuchara a los pequeños propietarios y cambiara de opinión».

Desafortunadamente, destaca, el 30 de agosto en la noche el ministro de hacienda decidió de manera unilateral subir el precio del ACPM desde el 31 de agosto en $1.904.

Señala que este incremento del precio de la CPM impactará directamente no solo a los 4.000 más ricos del país sino que impactará el costo de vida y que la canasta familiar de los 50 millones de colombianos.

Enfatiza que con el incremento del ítem del combustible de la estructura de costos también subirán todos los insumos y se afectará directamente patrimonio de los de las familias transportadoras por ser el camionero el eslabón más débil de la cadena del transporte y no reconocerle el valor del real de su labor, sumando a esto la muy grave disminución de la carga como consecuencia del estancamiento de la economía colombiana.

Luego precisa: «Ahora bien y muy grave encontramos como el presidente de la República de Colombia a través de su cuenta X acusó y afirmó que la Junta directiva de los camioneros se encuentran constituidas por personal perteneciente al uribismo y que estas agremiaciones desde el principio de su mandato han querido parar las carreteras y repetir lo que hicieron con Salvador Allende».

«Además mediante otro mensaje en ex agregó que se han organizado para dar un golpe de Estado que estaba en desarrollo y que se hará mediante una lucha popular. En este orden de ideas rechazamos de manera categórica la estigmatización que el gobierno nacional está realizando contra nuestra agremiación y responsabilizamos al presidente de la República de la vida y seguridad de los miembros de nuestra Junta directiva al crear un rótulo de golpistas y de militantes políticos».

«Por esto denunciamos la gravísima violación de nuestro derecho constitucional a la protesta consagrada en el artículo 13 de la Constitución nacional al acusarnos de ser golpistas y realizar comparaciones claras de lo sucedido en Chile en el año de 1972».

Dice que «por lo anterior hace que desde ya seamos perseguidos por el gobierno nacional y redundamos y denunciamos persecución a la protesta pacífica por lo tanto solicitamos a la comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República a la oficina para las derechos humanos de la ONU y a la Defensoría del Pueblo se inicien las acciones de entiendes a la protección integral de nuestros directivos».

Adviete que «en los 28 años de vida gremial de la asociación colombiana de camioneros y tras haber realizado más de 29 protestas a diferentes gobiernos sin importar su tendencia política, es la segunda vez que se realiza persecución estatal en contra de nuestros integrantes es por eso que en estos momentos cercenan el derecho a la protesta cívica y nos apartan por medio de la estimulación directa de la representación gremial de los caminos al rotulianos como golpistas de un régimen democrático».

«Es por esto, concluye, que en estos momentos nos cercenan el derecho a la protesta pacífica y nos apartan, por medio de la estigmatización directa, la representación gremial del camionero al roturlarnos como golpista de un régimen de democrático lo cual nos puede traer persecución y represión. Así las cosas la Asociación Colombiana de Camioneros y los miembros de sus juntas directivas no tienen garantías para ejercer el su derecho a la protesta pacífica y por su seguridad e integridad física, nos obligan a abstenernos de participar de cualquier clase de protesta pacífica a partir de la fecha; no sin antes comunicarles a todos los camioneros colombianos que quedan a su libre voluntad para exigir sus derechos en el marco de la Constitución y la ley ejerciendo su derecho a la protesta si así lo considera necesario».

¿Por qué en este gobierno las grande empresas si hacen #ParoCamionero? pic.twitter.com/3g7jqdzId7

— Gata en el tejado????? (@ThomasitaD) September 2, 2024