Judicial Nacional

Fiscalía captura a otros dos altos exfuncionarios y a un abogado por el escándalo de corrupción de la UNGRD

–La Fiscalía General de la Nación reportó este jueves que en desarrollo de la investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, fueron capturados otros dos altos exfuncionarios de la entidad y un abogado.

Los capturados son Luis Carlos Barreto Gantiva, ex-subdirector para el Conocimiento del Riesgo; el exasesor de Dirección de la entidad, Pedro Andrés Rodríguez Melo y el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey.

Según el organismo judicial, las capturas se hicieron efectivas en procedimientos realizados durante la madrugada en Cundinamarca, como parte de las investigaciones por los hechos de corrupción detectados en la UNGRD.

Añadió que en las próximas horas, serán trasladados a Bogotá, y la Fiscalía General de la Nación los presentará ante un juez de control de garantías para la legalización de los procedimientos de captura y el desarrollo de las audiencias concentradas.

Así las cosas, son ya seis los capturados hasta ahora por el billonario saqueo de recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

El pasado 31 de agosto se produjo la detención del exdirector Olmedo de Jesús López Martínez; el exsubdirector del Manejo del Riesgo, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero, a los cuales el juez 35 penal de control de garantías de Bogotá les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, para ser recluidos en una guarnición militar “para asegurar la vida de los procesados”.

La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acreditó la participación de los exfuncionarios y el excontratista en un entramado de corrupción, que direccionó la contratación en la UNGRD para cubrir obras de mitigación de emergencias y suministro de agua potable para las comunidades indígenas de La Guajira.

Por estos hechos, los tres investigados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Cargos que no fueron aceptados en su momento.

Las evidencias y elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía dan cuenta de que, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, desde la UNGRD se entregó información privilegiada a algunos contratistas, inscribieron empresas al registro de proveedores de manera apresurada para cumplir requisitos, acordó el pago de dádivas de hasta el 14% del valor de los procesos contractuales comprometidos, y falsificaron documentos para legalizar contratos y desembolsos.

Estas y otras anomalías fueron detectadas en 21 órdenes de contratación, que ascendían a 228.884 millones de pesos.

En este contexto, los entonces director y exdirector de la UNGRD, al parecer, orientaron seis órdenes de contratación para que fueran adjudicadas a las empresas del contratista López Rosero. Los contratos involucrados contemplaban el suministro de materiales para atender emergencias en Nariño, Chocó y Cauca; comprar 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, por 46.800 millones de pesos, adquirir otros 20 carrotanques, por más por 27.000 millones de pesos, y 20 camiones tipo bombero, por 31.000 millones de pesos.

En primer término, la investigación estableció un sobrecosto de 14.163 millones de pesos en el contrato de carrotanques para La Guajira. Parte de este dinero fue destinado al pago de coimas. 724 millones de pesos habrían correspondido a Olmedo López Martínez y 342 millones a Sneyder Pinilla Álvarez. Aquí el contratista presuntamente obtuvo una ganancia ilegal de 7.821 millones de pesos.

De otro lado, se evidenció que la UNGRD también contrató el alquiler de carrotanques, por algo más de 24.000 millones de pesos, con amigos del exsubdirector del Manejo del Riesgo; y confió a empresas referidas por terceras personas otras actividades, bienes y servicios, por 96.000 millones de pesos, que correspondían a recursos de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).