–La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, acreditó a 68 habitantes del municipio La Montañita, Caquetá, como víctimas en el Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-ep, esto es, delitos cuya gravedad exige ser investigados, juzgados y sancionados.

En la solicitud de acreditación, los campesinos aseguraron haber sufrido por el desplazamiento forzado, el asesinato de líderes, amenazas, amedrentamientos, limitaciones a la movilidad y otras violencias que habrían sido ejecutadas por integrantes del Frente 15 del Bloque Sur de las extintas Farc-EP.

Los hechos narrados por las víctimas ante la Sala de Reconocimiento de Verdad ocurrieron en las veredas La India y Semillas de Paz, en el municipio de La Montañita, entre 1999 y 2002, según corroboraron los despachos de las magistradas Marcela Giraldo Muñoz y Julieta Lemaitre Ripoll, relatoras del Caso 10. Esta verificación se logró luego de contrastar la información entregada por las víctimas, entidades estatales y organizaciones no gubernamentales dedicadas a documentar vulneraciones de derechos humanos en Colombia.

Los relatos y documentos conocidos por las magistradas indican que en las dos veredas ocurrió un desplazamiento masivo el 15 de mayo de 2002, como resultado de las violencias que habrían ejercido integrantes del Frente 15 de la antigua guerrilla contra los campesinos. Según estas fuentes, los habitantes de esa zona rural habrían sido forzados a asistir a reuniones clandestinas, donde habrían sido amenazados y agredidos física y verbalmente, tras ser acusados de colaborar con la fuerza pública.

Según dijeron los campesinos ante la JEP, las acciones de las extintas Farc-EP resultaron en el asesinato de los líderes comunales Ómar Ortiz, Marcelino Cortes Benavides y Gustavo Castrillón, el 16 de diciembre de 2002. Los miembros del Frente 15 de las extintas Farc-EP, además, habrían limitado la movilidad de la población, secuestrando a otros dirigentes comunitarios y amedrentado a las comunidades e incendiando sus viviendas y enseres.

Aunque la acreditación de las víctimas es individual, la Sala de Reconocimiento de Verdad decidió acreditar a las 68 personas en el mismo auto, luego de confirmar que los hechos ocurrieron en el mismo lugar y período. Entre las víctimas acreditadas, 47 pertenecen a la vereda Semillas de Paz y 21 a La India. Según la magistratura, estos campesinos fueron reconocidos como víctimas, entre otros, porque los crímenes mencionados no están siendo investigados en ninguno de los otros casos de la JEP donde se investiga y juzga a exintegrantes de las extintas Farc-EP.

La magistrada Marcela Giraldo Muñoz indicó en el auto que las conductas denunciadas por estas víctimas caben dentro de la primera etapa de investigación del Caso 10. En esta fase, la sala pone la lupa al “centro de despliegue estratégico» que definieron las extintas Farc-EP, en 1993, en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera.

Se trató de zonas donde la guerrilla operó para intentar cumplir su objetivo de cercar Bogotá: Sumapaz, Cundinamarca, Tolima, Huila, el Piedemonte amazónico, San Vicente del Caguán, sur del Meta y Llanos del Yarí. Además, estas conductas corresponden al tercer patrón criminal investigado en el caso, relacionado con el ejercicio del control social y territorial de la antigua guerrilla.

Con esta acreditación, las víctimas podrán aportar pruebas y acceder al expediente y, una vez recibidas las versiones de los comparecientes de las Farc-EP, presentar observaciones a lo dicho por ellos en las diligencias. La información que entreguen a la Jurisdicción será clave para las decisiones que tome la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.