–(Foto Registraduría). La Superintendencia de Industria y Comercio anunció este viernes la imputación de cargos a 9 funcionarios de la Registraduría Nación por desatender los requerimientos que les hizo en visitas administrativas de inspección entre el 12 y el 22 del pasado mes de marzo, con el propósito de recaudar información relacionada con el cumplimiento de la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal.

El organismo de control señala que el proceso iniciado, a través del Pliego de Cargos, busca determinar si en el curso de la visita administrativa de inspección, los ahora investigados omitieron el deber de acatar en debida forma las órdenes e instrucciones dadas por la Superintendencia como Autoridad Nacional para la Protección de la Competencia; y con ello, establecer si pudieron obstruir la investigación que se adelanta por parte de esta Entidad en el marco de sus funciones, o no.

Añade que las conductas omisivas objeto de investigación pudieron materializarse al haber desatendido los requerimientos de información, haberse negado a entregar la información almacenada en dispositivos electrónicos y/o no atender las diligencias programadas por la Superintendencia.

Estas conductas pudieron impedir u obstaculizar el ejercicio de las facultades de la Superintendencia como Autoridad Nacional para la Protección de la Competencia, precisa.

La Superintendencia destaca que la entrega de la información requerida, así como la solicitud de declaración de algunos funcionarios de la RNEC y de acceso a los equipos electrónicos, es esencial para el desarrollo de las competencias de la Entidad y para la adecuada protección de la Libre Competencia.

Destaca que en el curso de la visita no solo se explicó el alcance de las facultades de la Superintendencia y el deber de reserva que le asiste, sino que también se indicaron las consecuencias a las cuales se podrían ver expuestos los investigados por no atender las solicitudes órdenes e instrucciones.

Finalmente, la Superintendencia indica que esta investigación puede culminar con la imposición de sanciones hasta por el valor de 2.000 SMLMV para cada persona natural que haya infringido de formal directa las normas sobre protección de la competencia o que haya colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado o tolerado dichas conductas.