–En un extenso comunicado, el excanciller Álvaro Leyva Durán anunció que apelará el fallo de primera instancia que emitió la Procuraduría General de la Nación imponiéndole una sanción de inhabilitación por 10 años por la suspensión de la licitación para la elaboración de pasaportes, advirtiendo que si de ser necesario lo demandará ante los jueces de la República, “estos sí autónomos e independientes” y además recusará a la jefe del ministerio público.

En su pronunciamiento, Leyva Durán asegura que la decisión de la Procuraduría General de la Nación “es el epilogo de un juicio disciplinario plagado de irregularidades” y agrega que “desde finales del año 2023, ya la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, actuando ligeramente, incurrió en prejuzgamiento al anunciar públicamente que “antes de finalizar enero tendremos resultados”, violando con ello “el derecho irreductible al debido proceso, garantía imperativa, perentoria, terminante e inderogable”.

Igualmente indica que la Procuraduría “ha tomado una decisión mezquina y ruinosa para los intereses públicos avalando que los llamados “pliegos sastre” pervivan en la contratación pública. Este proceder, tan alejado de la rectitud que se espera de nuestras instituciones, ha sido especialmente notorio en el caso de la contratación de pasaportes, sentando un precedente peligroso para el ejercicio de la función pública y el futuro de la contratación estatal”.

Dice que “el pliego de condiciones había sido diseñado para favorecer a una única empresa. Se mantuvo una apariencia de libre concurrencia cuando en realidad el ganador estaba predeterminado. Se confeccionó un pliego que no dejaba margen a la competencia, favoreciendo a una empresa que ha sido contratista durante más de tres décadas. En las últimas licitaciones solo un único proponente estaba habilitado para alcanzar mil puntos de mil posibles, sinónimo de perfección absoluta o rampante corrupción”.

Añade que las señales de alarma fueron claras y numerosas: 192 observaciones al prepliego, 104 observaciones al pliego de condiciones, 1 denuncia penal, 1 acción popular, numerosas recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y múltiples advertencias de la propia Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

Subraya que la declaratoria de desierta de la licitación pública de pasaportes se fundó en el respeto de la Constitución, la ley y los principios de la contratación estatal. “Fui Constituyente; mi Comisión, la de Derechos. Constituyente que definió a Colombia en la Carta Fundamental de 1991 como un Estado Social y Democrático de Derecho. No iba yo a ser inferior entonces, ni inferior hoy, a esa oportunidad histórica que el pueblo soberano me brindó, desconociendo derechos fundamentales”, precisa.

Señala que “en el juicio disciplinario quedó probado, más allá de toda duda, el direccionamiento del proceso licitatorio. De ello dieron cuenta los soportes documentales, numerosos testimonios e incluso la Fiscalía General de la Nación cuando de manera desprevenida y objetiva concluyó que las exigencias de los pliegos solo podía cumplirlas un proveedor. Así fue demostrado en forma contundente por los abogados que me asistieron como defensores de confianza”.

Sin embargo, puntualiza, todas esas pruebas fueron desconocidas groseramente en el fallo que hoy se notifica y que obviamente será apelado y de ser necesario demandado o denunciado ante los jueces de la República, estos sí autónomos e independientes.

Indica que en este desolador panorama resulta inaplazable una revisión al ejercicio de la potestad disciplinaria. Es imprescindible que la Procuraduría retome su verdadero rol como guardiana de la moral pública, libre de interferencias políticas, y actúe en beneficio de una Colombia más justa y transparente.

“Por lo pronto ha quedado claro que con la decisión tomada hoy por la Procuraduría, la señora saliente de la cabeza del Ministerio Público le ha hecho la venia a quienes considera deben ser intocables. Y bien ha quedado claro de igual manera que lo actuado goza del vicio de nulidad”.

Finalmente, Leyva Durán hace las siguientes precisiones:

“Manifiesto que a quién ha redactado este comunicado nada lo amilana. En las últimas semanas he guardado prudente silencio que llega hoy a su fin. Retorno a las iniciativas de paz que han enriquecido mi vida; a la búsqueda de una segunda oportunidad para todo el pueblo de Colombia; a mis mensajes regularmente dirigidos a nuestras ciudadanas y ciudadanos; a la exigencia porque se cumpla la declaración unilateral de Estado que recae sobre los Acuerdos de Paz de la Habana recogidos en documento oficial del Consejo de Seguridad S/2017/272. Propugnaré por que se cumpla el mandato prevalente en el orden interno de “concertar un gran ACUERDO POLITICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia político y social”.

Por último, quiero agradecer a mis abogados, doctores Yefferson Mauricio Dueñas y Mauricio Cristancho Ariza, quienes no hubieran asumido mi defensa si no estuvieran convencidos de mi recto proceder”.