Imponen nueva condena a Salvatore Mancuso junto a 45 subordinados del paramilitarismo por masacres y otras atrocidades en Norte de Santander
–El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla condenó al excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso a 40 años de cárcel y a otros 45 exintengrantes del desaparecido bloque Catatumbo de las extintas autodefensas unidas de Colombia, entre 20 y 40 años de prisión, por 1.323 hechos criminales ocurridos entre mayo de 1999 y diciembre de 2004, en el departamento de Norte de Santander y la frontera con Venezuela.
Concretamente a Mancuso y a sus subordinados se les condena por 568 masacres, entre ellas las ejecutadas en Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú; 55 casos de desaparición forzada, la mayoría relacionados con población civil y representantes de las comunidades que fueron retenidos en zona rural y sobre los cuales se desconoce su paradero; y 700 eventos asociados con desplazamientos forzados.
Por estos hechos, Mancuso fue condenado a 480 meses de cárcel, mientras que los demás sentenciados recibieron entre 240 a 480 meses de prisión. Además, deberán pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sobre todos aplica la pena alternativa de 8 años de prisión, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz.
Según la Fiscalía, las diferentes estructuras armadas del bloque Catatumbo, por directriz de los máximos cabecillas, adoptaron patrones de macrocriminalidad constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos.
Las víctimas de estas conductas fueron personas protegidas, entre población civil y representantes de las comunidades, quienes fueron instrumentalizados para ejecutar actos delictivos en la región o señalados equivocadamente de colaborar con otros grupos armados al margen de la ley.
El fallo conocido ordena a los exintegrantes de las AUC reparar patrimonialmente los daños morales y materiales causados a las víctimas acreditadas en el proceso.