–En un acto en las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se rindió este miércoles un homenaje póstumo a las víctimas de los llamados “falsos positivos” y se dieron a conocer los nombres de mil 934 jovenes que fueron asesinados a sangre fría para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Se trata de las víctimas cuyo asesinato o desaparición forzada ha sido esclarecido en profundidad en el Caso 03 en el subcasos Costa Caribe, Antioquia, Norte de Santander, Huila, Casanare y en el caso conjunto del Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, en territorio antioqueño.

La JEP estableció que nombrar a las víctimas, honrar su memoria, es uno de los deberes de la Justicia Transicional Restaurativa, que trabaja por la no repetición y para revertir el negacionismo de hechos tan graves e inhumanos que no deben repetirse.

Estas víctimas confirman e ilustran el patrón macrocriminal esclarecido y el universo provisional de hechos del Caso 03: 6.402 víctimas de ‘falsos positivos’, entre 2002 y 2008.

La JEP anunció que dará a conocer la identidad de las otras víctimas una vez termine la contrastación y la fase nacional del Caso 03, por respeto y dignidad a sus familias, por protección de la investigación judicial y en consideración de las condiciones de seguridad.

Agregó que 85 máximos responsables y comparecientes imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad ya han reconocido ante la JEP su participación por estos graves hechos: 81 miembros de la fuerza pública (entre ellos dos generales del Ejército) tres civiles y un agente del Estado. Otros seis generales retirados fueron igualmente imputados.

En las instalaciones de la JEP estan expuestas 200 botas intervenidas artísticamente por los familiares de las víctimas de ‘falsos positivos’, en una exposición denominada ‘Mujeres con las botas bien puestas’.

En esta acción simbólica, en la que el arte es una herramienta fundamental en el proceso de restauración y sanación, la organización Madres de los Falsos Positivos (MAFAPO) intervinieron artísticamente 200 botas y las expondrán en las instalaciones de la JEP hasta febrero de 2025 en memoria de sus familiares asesinados.

Se ha documentado por la JEP que los responsables les ponían a sus víctimas botas pantaneras, como las que usaba la guerrilla, para simular que eran bajas legítimas. Las madres le han dado un nuevo significado a la bota como símbolo de una lucha en la que también las han acompañado otros sectores de la sociedad.

La Jurisdicción Especial para la Paz destacó que los nombres de estas casi dos mil víctimas confirman e ilustran el universo provisional de hechos documentados en el Caso 03, sobre ‘falsos positivos’. Las 6.402 víctimas fueron asesinadas o desaparecidas (incluso en los cementerios municipales de Dabeiba, Carepa, El Copey, San Juan del Cesar, Ituango, entre otros) a manos de integrantes del Ejército Nacional, en numerosos casos con la cooperación de paramilitares, para ser presentadas como falsas bajas en combate y así satisfacer la presión por resultados operacionales, engrosando criminalmente las estadísticas oficiales de las muertes en combate.

A lo largo de la investigación a profundidad que la JEP ha desarrollado en los seis territorios críticos priorizados en el Caso 03, se han podido esclarecer, de manera rigurosa y detallada, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

Estas casi 2 mil víctimas ilustran un fenómeno de carácter nacional. En seis decisiones judiciales expedidas durante los últimos tres años, los Autos 125 de 2021; 128 de 2021; 055 Subsala D de 2022; 01 Subsala D y F de 2022; 62 Subsala D de 2023 y 081 Subsala D de 2023, la JEP ha confirmado que estos asesinatos y desapariciones forzadas se inscriben en un patrón de acción criminal por parte de los integrantes de distintas unidades del Ejército Nacional, perpetrados con características similares.

La JEP subrayó que, como está probado, estos crímenes no ocurrieron al azar, de manera aislada ni casual. Por el contrario, se repitieron siguiendo un mismo patrón de conducta en diferentes unidades militares y en territorios muy distantes entre sí.

La JEP ha comprobado que este tipo de ejecuciones extrajudiciales ocurrieron de la misma manera en Valledupar y Atánquez, territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta. También en Pitalito y Garzón, en el departamento del Huila; en el Carmen y Ocaña, en el Norte de Santander; Yopal, Aguazul y Tauramena, en el Casanare; y el Valle de Aburrá -incluido Medellín-, Granada y Dabeiba en Antioquia, entre muchos otros territorios de Colombia.

La JEP ha demostrado, por medio de abrumadora evidencia, que los ‘falsos positivos’ fueron cometidos de manera sistemática y que fueron desatados por la política de facto de conteo de cuerpos. Por eso, la JEP ha concluido que se trata de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Lo determinado por la JEP sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los asesinatos y desapariciones forzadas confirma lo que han dicho la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y las organizaciones de víctimas: este fenómeno ocurrió a lo largo y ancho del país. Estos hallazgos coinciden y profundizan en términos de esclarecimiento de hechos y patrones criminales lo que ya había establecido la Justicia Ordinaria en las 232 sentencias que condenaron, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía, a 1.282 personas por delitos asociados a los llamados ‘falsos positivos’. Coincide también con lo registrado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y lo relatado por las organizaciones de víctimas en 131 informes entregados a la JEP.

Los nombres divulgados este miércoles son de personas asesinadas en seis departamentos de la Costa Caribe, Antioquia, Norte de Santander, Huila y Casanare, territorios que, por concentrar la mayor cantidad de víctimas, fueron priorizados en la investigación del Caso 03.

Sin embargo, anotó, otros Magistrados de la JEP están encontrando el mismo patrón criminal en sus investigaciones en el Guaviare en el marco del Caso 08, en el que se investigan crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles. También se ha encontrado el mismo patrón en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca en el marco del caso 05, y en el Tolima a propósito de la resolución de situación jurídica de los no máximos responsables a cargo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Por los informes de las víctimas y las investigaciones de la Fiscalía también se sabe que los departamentos del Caquetá, Arauca, Boyacá, Cauca, Santander, Guainía y Putumayo concentran números importantes de víctimas de ‘falsos positivos’.

Por todo esto, la JEP afirma que los nombres de las víctimas a los que rindió homenaje onfirman e ilustran el universo provisional de hechos de las 6.402. “La JEP está haciendo justicia por todas estas víctimas”, puntualizó.

Además destacó que estas casi 2 mil víctimas además de tener nombre y apellido, y sobre quienes la JEP conoce en detalle cómo fueron asesinadas, tienen un máximo responsable determinado.

En los seis Autos de Determinación de Hechos y Conductas la JEP ha imputado a 106 máximos responsables de estos crímenes y 85 han reconocido los hechos, muchos de ellos en audiencia pública ante la justicia, las víctimas y el país. Es decir, más del 80 por ciento de los máximos responsables imputados han reconocido su participación en estos hechos. Entre estas personas se encuentran dos generales de la República, varios coroneles, tres civiles y un agente del Estado. Actualmente se encuentran imputados seis generales retirados y un antiguo Comandante de Batallón está enfrentando un juicio adversarial.

Las conclusiones de la JEP se fundamentan en un acervo probatorio monumental. A la fecha, se ha recibido siete informes de entes estatales y 131 informes de organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos. La JEP ha escuchado 861 comparecientes en versiones voluntarias, desde soldados hasta generales y ha acopiado cientos de miles de páginas de archivos oficiales, entre ellos, los archivos de los batallones y brigadas investigadas.

Se han practicado exhumaciones y analizado informes de necropsias. La JEP ha leído sistemáticamente cientos de páginas con las notas oficiales de los programas de comunicación radial que sostenían los comandantes con sus hombres. La JEP ha escuchado a las víctimas, incluyendo a los Pueblos Indígenas Wiwa y Kankuamo, originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, en nueve grandes audiencias públicas de observaciones en Bogotá, Barranquilla, Valledupar, San Juan del Cesar, Sincelejo, Yopal, Neiva, Ocaña, Medellín, Dabeiba y Granada. Esto además de las decenas de documentos con observaciones que han aportado sus representantes judiciales y la Procuraduría General de la Nación.