–(Foto ONU víctimas del conflicto armado).El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia emitió este jueves un comunicado en el cual desmiente un informe, ilustrado con la anterior fotografía, del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, según el cual en un hangar del aeropuerto El Dorado de Bogotá «hay 20.000 cuerpos no identificados porque Medicina Legal no tiene la capacidad de recibirlos…”

Medicina Legal afirma que «desconoce la existencia de dicho hangar» y añade que «no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos».

?#ATENCIÓN | #Comunicado a la Opinión Pública frente a las notas de prensa relacionadas con el informe presentado, el día de hoy, por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.?https://t.co/9WkiUrww6G pic.twitter.com/rDPDgx9E1c

— Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) December 5, 2024

En igual sentido se pronunció la firma Opain, concesionaria de la terminal aérea de la capital de la República, la cual aseguró, también en un comunicado, que no tiene conocimiento alguno sobre los hechos denunciados.

“Frente a la noticia registrada en algunos medios de comunicación, sobre la supuesta existencia de un hangar con miles de cuerpos sin vida, OPAIN, concesionario del Aeropuerto Internacional El Dorado, se permite informar a la opinión pública que no tiene conocimiento alguno de estos hechos”.

Además señalo que “le corresponde a las autoridades esclarecer los hechos”.

Y esto anunció la Procuraduría General de la Nación:

La @PGN_COL verifica en @BOG_ELDORADO la presunta presencia de 20 mil cuerpos en un hangar, tras denuncia del Comité de la ONU sobre Desaparición Forzada. Se solicitó a @MedLegalColombi un informe sobre la veracidad de estos hechos. #EsNoticia pic.twitter.com/7EAO3j0T8O

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) December 5, 2024

¿Qué fue lo que dijo la ONU?

Bajo el titulo «Colombia: las desapariciones forzadas no son un legado del pasado, sino una realidad cotidiana», el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, hace las siguientes precisiones:

A pesar de décadas de esfuerzos por poner fin a este flagelo, decenas de miles de víctimas siguen en paradero desconocido y las familias viven sumidas en la desesperación. La ONU pide acciones inmediatas para acabar con un sistema que deja a las víctimas y sus familias atrapadas “en callejones burocráticos sin salida”.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada concluyó este jueves su visita a Colombia, resaltando deficiencias sistémicas como la fragmentación del marco jurídico, la ineficacia institucional, y la falta de claridad sobre el número real de personas desaparecidas.

Durante su misión, que comenzó el 21 de noviembre, la delegación se reunió con 80 autoridades, entre ellas la ministra de Justicia, la fiscal general, la defensora del pueblo, víctimas y organizaciones de la sociedad civil en Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta y Villavicencio.

También visitó cinco centros de detención y asistió a diligencias en cementerios desbordados de cuerpos sin identificar, y un crematorio.

“Aunque las desapariciones forzadas en Colombia comenzaron en la década de 1940, no son sólo un crimen del pasado. Siguen ocurriendo a diario en todo el país en diferentes circunstancias”, declaró la delegación.

Familias que no saben a quién acudir

Los hallazgos preliminares de la delegación apuntan a que la desaparición forzada abarca todos los grupos de edad y demográficos, y afecta a niños, niñas y adolescentes, líderes sociales, migrantes, periodistas, combatientes desmovilizados y maestros, entre otros.

Son especialmente alarmantes los casos de reclutamiento forzado, trata de personas, desplazamiento forzado y migración, así como las desapariciones vinculadas a protestas sociales, indica la Comisión.

También son preocupantes las barreras a las que se enfrentan las familias a la hora de buscar apoyo, debido al complejo marco legal e institucional.

Una víctima compartió su frustración con la delegación: “No sabemos a dónde acudir. No tenemos la información y conocimiento para exigir nuestros derechos. Lo que nos digan las autoridades, lo creemos. Pero, muchas veces, dicen cosas confusas y parece que no quieren atender nuestro caso. Nosotros, la familia, estamos baleados entre las instituciones, sin final a la vista”.

Mandatos que se duplican y un sinfín de instituciones

La Comisión enfatizó que hay mandatos que se solapan y una coordinación ineficaz. Entidades como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Búsqueda y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada por la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, cuentan mandatos duplicados.

Se estima que, si una de estas unidades inicia un proceso de búsqueda, tendría que coordinarse con alrededor de 60 otras autoridades nacionales y territoriales. Estas instituciones suelen trabajar en silos, dejando a las víctimas atrapadas “en callejones burocráticos sin salida”.

Los funcionarios admitieron que las reuniones de coordinación, aunque numerosas, rara vez se traducen en acciones concretas. “Nos reunimos y nos reunimos más”, dijo un funcionario a la delegación. “Pero hay tantas mesas que nos quedan dos opciones: no ir, o no hacer nuestro trabajo base”.

La ausencia de un registro centralizado y fiable de personas desaparecidas agrava el problema. Las cifras comunicadas al Comité oscilan entre 98.000 y 200.000. Las discrepancias entre los registros institucionales hacen imposible determinar el verdadero alcance.

El miedo a las represalias y la falta de confianza en las autoridades desalientan aún más las denuncias, sobre todo en las zonas controladas por grupos armados y el crimen organizado.

Las víctimas de comunidades marginadas, como migrantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas afrocolombianas y personas LGBTIQ+, se enfrentan además a obstáculos geográficos, lingüísticos y de otro tipo.

Miles de cadáveres sin identificar yacen en cementerios o depósitos mal administrados, como un hangar del aeropuerto de Bogotá, donde actualmente se almacenan unos 20.000 cuerpos sin identificar.

Simplificar el sistema para que sirva a las víctimas y no al revés

El Comité pidió acciones inmediatas y concretas, haciendo hincapié en que reforzar la coordinación entre las instituciones existentes es un primer paso fundamental.

“Racionalizar los mandatos, reducir el solapamiento burocrático y fomentar la colaboración son esenciales para que el sistema trabaje a favor de las víctimas y no en su contra”, afirmó la delegación, añadiendo que “no se trata de crear más instituciones o leyes, sino de articular y reforzar las que ya existen”.

El Comité también subrayó la necesidad de contar con suficiente financiación y personal especializado y hacer frente a la impunidad. “Deben reforzarse los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que los funcionarios y las instituciones sean considerados responsables de sus acciones, o de su inacción”, afirmó.

Por otra parte, destacaron el compromiso y la profesionalidad de algunos funcionarios para hacer frente a la desaparición forzada. “Este nivel de dedicación debe convertirse en la norma”, indicaron.

“Las familias de los desaparecidos merecen claridad, justicia y rendición de cuentas. Cada persona desaparecida representa una familia que espera respuestas, una comunidad desgarrada y una sociedad que se enfrenta a un dolor sin resolver”, afirmó la delegación.

El Comité, que ha compartido sus hallazgos preliminares con las autoridades colombianas, publicará un informe completo en abril de 2025.

La delegación estuvo compuesta por Carmen Rosa Villa Quintana, miembro y ex presidenta del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, relator del Comité, Albane Prophette-Pallasco, secretaria del Comité, y Carla Villarreal López, oficial de derechos humanos.