–Las Comisiones Primeras de Senado y Cámara aprobaron el Proyecto de Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, una iniciativa del Gobierno nacional que busca convertirse en una herramienta para dirimir los asuntos que afectan los derechos de tenencia, uso y propiedad de las tierras rurales, y aquellos relacionados con las relaciones de producción agraria.

Este proyecto de ley define las competencias de los jueces agrarios que se encargarán de dirimir de manera rápida y sencilla las disputas agrarias. Por eso, desde los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Justicia y del Derecho e Interior impulsaron y participaron de mesas de diálogo con expertos en Derecho Agrario, centros de pensamiento, académicos, y organizaciones campesinas y productivas y gremiales. La suma de todas estas voces fue clave para construir su procedimiento y funcionamiento.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, destacó que se trata de un proyecto de ley que da cuenta del momento histórico que este Congreso, que el Gobierno del Cambio y que el Estado en su conjunto debe afrontar.

«Seguir negando la justicia para el campo es seguir sometiéndonos al vaivén de la guerra. (…) Aquí está la posibilidad de que esta Colombia sea distinta, porque en las manos de lo que ustedes hicieron está la posibilidad de reencontrarnos en lo fundamental y hablar de una Colombia en paz, de una Colombia potencia agroalimentaria”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que con este logro «avanzamos hacia la creación de los primeros jueces especializados en conflictos agrarios y rurales. Garantizar los derechos del campesinado, las comunidades étnicas y las mujeres rurales es un compromiso clave del Acuerdo de Paz».

Este es el #AcuerdoNacional ??. La #JurisdicciónAgrariaYA es un ejemplo de que en Colombia son posibles los consensos. pic.twitter.com/mXMhMEbCKp

— Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) December 10, 2024

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró que “la importancia de la Jurisdicción Agraria es hacer realidad el marco de la Ley Estatutaria, que significa, también, poner a disposición de la comunidad campesina jueces agrarios, distribución de competencias y jurisdicciones que son muy importantes en los debates que han sido objeto de conflicto social en muchos de nuestros territorios. Esta aprobación es el resultado del diálogo, la construcción colectiva y de los consensos alcanzados entre las diferentes bancadas, que entendieron la importancia de pensar en las necesidades de nuestros campesinos. Hoy damos un paso fundamental hacia la justicia social y el reconocimiento de sus derechos».

El proyecto de ley debe ahora hacer tránsito a plenarias de Cámara y Senado donde se espera su aprobación oportuna, con miras a que la Jurisdicción Agraria y Rural pueda entrar a funcionar en el primer semestre de 2025.

La aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural significa el cumplimiento del punto uno del Acuerdo de Paz, y se sumará a otras iniciativas que se han implementado en favor de las comunidades campesinas como la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

La ministra Carvajalino concluyó agradeciendo a los congresistas, “porque, pese a las diferencias y perspectivas opuestas que podamos tener, hemos encontrado un camino que nos acerca a algo que puede ser un acuerdo, y es recuperar ese campo productivo y en paz que nos permita hacer de la agricultura en Colombia un motor de la economía”.

Durante el debate se registró un respaldo total con 47 votos a favor y ninguno en contra. Sin embargo, hay congresistas que consideran que hay detalles por pulir. Es el caso de Julio César Triana, quien cree que es «injustificado que se le deleguen procedimientos judiciales a la Agencia Nacional de Tierras».

Esta jurisdicción les otorga poder a los jueces y magistrados para resolver, de manera exclusiva y especializada, los conflictos agrarios y rurales en el país.

De igual manera, ayudará a resolver conflictos relacionados con la definición de derechos sobre predios agrarios, servidumbres agrarias, acciones de nulidad agraria sobre los actos de la Agencia Nacional de Tierras, lanzamientos por ocupaciones de hecho de predios agrarios, uso de recursos comunales en predios agrarios, uso del suelo rural y contratos agrarios, entre otros.