La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra nueve funcionarios de la Superintendencia Financiera , tres de la Superintendencia de Sociedades, cinco de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y uno de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), por la presunta omisión del cumplimiento de sus funciones y posible intervención tardía en el ejercicio de las mismas en relación con la captación masiva de recursos del público por parte de las llamadas pirámides.

Los funcionarios investigados de la Superintendencia Financiera de Colombia son: los superintendentes financieros Augusto Acosta Torres y César Prado Villegas; los superintendentes delegados para Supervisión Institucional, Rafael Eduardo Neira Torres y Segismundo Méndez Méndez; los superintendentes delegados para Intermediarios Financieros, Edgar Enrique Lasso Fonseca y Luis Francisco Ogliastre Gil Falco; el Director de Supervisión Institucional para Intermediaros Financieros Uno, Justo Walter Romero León; el Director de Supervisión Institucional para Intermediarios Financieros Dos, Rodolfo Aquilino Cifuentes Bustos, y el Director Legal para Intermediarios Financieros, Jesús Heraclio Gualy.

Así mismo, de la Superintendencia de Sociedades serán investigados los superintendentes de Sociedades Rodolfo Danies Lacouture y Hernando Ruiz López, y el superintendente delegado Francisco Aristides Noguera Rocha.

La decisión también recae sobre los siguientes funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de la DIAN : Director General, Óscar Franco Charry; Administrador de Impuestos y Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria, Álvaro Sánchez Uribe; Administrador de Impuestos, Subdirector de Fiscalización Tributaria y Director de gestión de Fiscalización, Napoleón Hernández Palacio; Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria, Orlando Velandia Sepúlveda, y Jefe de la División de Fiscalización, René Fernando Moreno Clavijo.

La Procuraduría también investigará a Mario Alejandro Aranguren Rincón, en su condición de Director de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Según la información recaudada por el Grupo de Asesores en Contratación Estatal, en el primer semestre del año 2008 se presentó un incremento en la presencia de posibles captadores ilegales de recursos del 181.3% respecto del período 2005 – 2007, cuando había 19 entidades de este tipo, situación que generó una alerta que exigía medidas inmediatas y eficaces, toda vez que el 2008 culminó con 222 entidades de este tipo, cifra que significa un incremento del 692.85%.

Sin embargo, de acuerdo con los investigadores, el comportamiento de la Superintendencia Financiera de Colombia estuvo alejado de los objetivos para lo cual fue creada, tales como asegurar la confianza pública en el sistema financiero, evitar que las personas no autorizadas ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas y prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del público, protegiendo el interés general y el de terceros de buena fe.

“No se observó dentro de las diligencias preliminares la existencia de elementos probatorios que permitan conocer que el grupo de funcionarios investigados de la Superintendencia Financiera encargado de la vigilancia y control de la captación masiva y habitual de recursos del público por parte de entidades o personas no autorizadas, hubiera adoptado medidas administrativas eficaces, estableciera políticas o realizara propuestas ante el Gobierno Nacional y concretamente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito”, dice el auto de apertura de investigación.

En cuanto al comportamiento de la Superintendencia de Sociedades, los investigadores encontraron que si bien realizaba reportes a la Superintendencia Financiera sobre los estudios que realizaba a diferentes empresas, en los cuales se advierte la posible captación masiva e ilegal de recursos, no compulsó copias de los mismos a la Fiscalía General de la Nación , en cumplimiento del deber de todo funcionarios público de reportar cualquier conducta punible.

Sobre la manera como abordó el tema la Unidad Administrativa Especial de la DIAN , el equipo de investigadores de la Procuraduría General encontró que varios de los reportes de operaciones sospechosas no se entregaron a la UIAF de manera oportuna y que no fueron remitidos ni a la Superintendencia Financiera ni a la Fiscalía o a otros organismos de control.

Finalmente, en cuanto a la actuación de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), los investigadores encontraron que a pesar de que desde noviembre del año 2006 esta Unidad tenía información sobre irregularidades cometidas por algunas empresas, no solicitó información a las mismas sino a partir del 31 de octubre de 2008.