En un nuevo round en la pugna con la Corte Suprema de Justicia, por la elección de nuevo fiscal, el presidente Alvaro Uribe insistió hoy en calificar de “mentiroso” al presidente del alto tribunal, Augusto Ibáñez, y tacitamente pide su cabeza, pues advierte que su credibilidad y vocería está «seriamente comprometida ante el país y la opinión pública”.

«Si el Presidente de la Corte Suprema de justicia miente, ¿qué se puede esperar de su tarea de administrar justicia?», se pregunta en un comunicado emitido esta mañana por la Casa de Nariño, y en el cual le solicita una vez más a ese alto tribunal que «de manera urgente aboque su función constitucional de elegir Fiscal General de la Nación».

El texto del documento presidencial es el siguiente:

“El Gobierno Nacional sabe del papel fundamental de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dentro de la democracia colombiana. No obstante, la credibilidad y vocería de su Presidente, magistrado Augusto Ibáñez, queda seriamente comprometida ante el país y la opinión pública, al faltar a la verdad públicamente sobre lo trascendido en reuniones con el Presidente de la República y su Ministro del Interior y de Justicia, en materia tan delicada como la elección de Fiscal General de la Nación.

El Gobierno comunica a la opinión pública que tiene testigos que escucharon a los directivos de la Corte decir que con el reemplazo del ternado «había quedado resuelto el problema del Fiscal». Si la sala plena de la CSJ no hubiese aceptado esto —como ahora lo afirma el magistrado Ibáñez- debió comunicarlo así al Ejecutivo, y no mentirle al país.

El Gobierno Nacional es consciente de la necesaria colaboración armónica de los poderes públicos, pero lo es más de que para que haya una verdadera justicia es imprescindible que sus representantes obren siempre con apego a la verdad y la Ley. Si el Presidente de la CSJ miente, ¿qué se puede esperar de su tarea de administrar justicia?

El Gobierno hace nuevamente un llamado a la Corte para que, como lo espera el país, de manera urgente aboque su función constitucional de elegir Fiscal General de la Nación.”