El asesinato del un gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuellar atribuido a la guerrilla de las Farc, desató een las últimas horas fuertes condenas a nivel internacional y dejó al descubierto fallas en la política de seguridad oficial.

Integrantes de la guerrilla más antigua del mundo, las Farc, secuestraron el lunes en la noche al gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, a quien sacaron de su casa en la ciudad de Florencia, y luego asesinaron en el más alevoso crimen contra la política de seguridad del presidente Alvaro Uribe.

El cadáver degollado del político, de 69 años, apareció el martes en un sector despoblado cercano a Florencia, en donde los guerrilleros lo asesinaron cuando aparentemente se opuso a internarse en la selva. El crimen deja en evidencia las dificultades que enfrenta el Gobierno para derrotar a la guerrilla izquierdista.

Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Unión Europea y Human Rights Watch condenaron por separado el crimen del gobernador, una acción que contribuirá a aumentar el desprestigio de la guerrilla ante la comunidad internacional, según analistas.

«Para el derecho internacional humanitario, la toma de rehenes constituye un crimen de guerra y la muerte subsecuente del gobernador confiere extrema gravedad a la práctica recurrente de esta infracción por parte de dicha agrupación guerrillera», dijo la oficina en Colombia de la ONU para los derechos humanos.

«Reiteramos la exigencia a las FARC-EP para que sus integrantes liberen de inmediato y sin condiciones a todas las personas que mantienen en su poder. También instamos a sus líderes a comprometerse a que todos sus miembros respeten las normas del derecho internacional humanitario», agregó la ONU.

Oficiales de las Fuerzas Militares dicen que las FARC buscaban con el secuestro del gobernador ganar protagonismo antes de los comicios del 2010 y presionar de nuevo al Gobierno por un acuerdo humanitario que permitiera intercambiar a 24 rehenes secuestrados por cientos de rebeldes presos.

El asesinato de Cuéllar, el mismo día de su cumpleaños, dejó en vilo la liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo, del soldado Josué Daniel Calvo y la entrega del cadáver del oficial de la Policía Nacional, Julián Ernesto Guevara, muerto en cautiverio.

Antes del crimen del gobernador, quien fue secuestrado en cinco ocasiones, la senadora del partido Liberal Piedad Córdoba, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y el Gobierno, buscaban definir con las FARC la logística para la entrega de los dos rehenes.

DEGRADACION DE LA GUERRILLA

El grupo rebelde presiona desde hace años al Gobierno ante la comunidad internacional por un acuerdo que permita intercambiar a sus rehenes por guerrilleros encarcelados.

La Unión Europea calificó de «brutal» el asesinato del gobernador mientras que un editorial del diario El Tiempo dijo que los guerrilleros lo asesinaron «canallamente».

«Este absurdo sacrificio merece la más drástica condena y ratifica los niveles de degradación en las filas subversivas», aseguró el editorial de El Tiempo que sostuvo que el asesinato violó flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario y configura un crimen de guerra.

Fuentes de seguridad coincidieron en que aunque posiblemente las FARC -incluidas en una lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea- no tenían contemplado asesinar a Cuéllar si tienen en marcha una estrategia de secuestrar políticos como arma de presión al Gobierno.

El crimen también provocó cuestionamientos a la guerrilla ante la falta de coherencia de sus comandantes, debido a que mientras negocian los términos de liberaciones unilaterales, ordenan el secuestro de un mandatario regional.

Si bien las FARC salieron golpeadas y con su imagen deteriorada por lo sucedido, el Gobierno también sufrió porque el ataque dejó al descubierto fallas en su política de seguridad, la principal bandera del presidente Uribe.

El gobernador era protegido en su residencia por un solo policía pese a que en el departamento de Caquetá la guerrilla mantiene una importante presencia y es una de las regiones con más destacamentos militares y en donde se concentra la ofensiva contra los rebeldes.

La ciudad de Florencia es sede de un comando de la policía, de una brigada y de una división del Ejército y a escasos minutos por carretera está la base militar de Larandia, una de las que utilizarán militares estadounidenses para apoyar operaciones contra el terrorismo y el narcotráfico.

«El secuestro y muerte del gobernador de Caquetá confirman la necesidad de ajustar la política de seguridad democrática», dijo el editorial de El Tiempo.

Uribe impulsa, desde que asumió el poder en el 2002, una ofensiva contra las FARC en la han muerto importantes comandantes rebeldes, mientras que miles de combatientes han desertado debilitando la capacidad militar de la guerrilla.

Sin embargo, el grupo rebelde -que cuenta en la actualidad con alrededor de 9.000 hombres- aún mantiene su capacidad de realizar golpes de gran impacto con el propósito de ganar protagonismo y desafiar al Gobierno, según analistas.

El propio Uribe reconoce con frecuencia que aunque se ha avanzado mucho en la lucha contra la guerrilla «la culebra sigue viva» y es necesario mantener el esfuerzo militar para derrotarla por completo.