Pliegos de cargos formuló la Procuraduria General de la Nación contra las Secretarias de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón y de Integracion Social, Mercedes del Cármen Rios por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus cargos.

En el caso de Clara López, el proceso tiene que ver con la intervención irregular en el nombramiento de un funcionario y en varios procesos de contratación de prestación de servicios.

Segun informo el ministerio público, la entidad Distrital hizo un nombramiento en la Dirección de Apoyo a Localidades y suscribió varios contratos con personas que habían laborado en la Unidad de Apoyo Normativo de su esposo, el ex concejal Carlos Romero Jiménez.

La Procuraduría señalo que la conducta por observada por Clara López Obregón constituye un presunto conflicto de intereses, “pues abiertamente existen nexos políticos y de amistad entre el esposo de la investigada y los contratistas, quienes entre otros aspectos, fueron favorecidos con las nuevas condiciones laborales”.

Añade que la secretaria distrital de gobierno habría violado las normas constitucionales, legales y los principios que rigen en materia de contratación estatal, tales como la transparencia, imparcialidad, igualdad, moralidad y responsabilidad.

La falta fue calificada provisionalmente como gravísima cometida a título de dolo, teniendo en cuenta que el resultado se produjo porque la investigada voluntaria y conscientemente produjo los actos jurídicos que al parecer contrarían las disposiciones legales que los rigen, concluye el informe de la Procuraduria.

En lo que respecta a la a la Secretaria Distrital de Integración Social de Bogotá, Mercedes del Carmen Ríos, el hecho esta relacionado con un presunto abuso e indebido ejercicio del cargo.

En este proceso está involucrada tambien la ex Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, Mariela Barragán Beltrán.

De acuerdo con la investigación, las disciplinables modificaron el manual específico de funciones y de competencias laborales de la Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin de favorecer el nombramiento del Subsecretario de Despacho y el Subdirector Técnico código 068 grado 05 de la dependencia distrital.

En concepto del Ministerio Público, la modificación de la Resolución 329 de 2007, mediante las Resoluciones 0036 y 0090 de enero de 2008, estuvo encaminada a legitimar las carencias de los requisitos que se encontraban vigentes para ocupar los citados empleos públicos y permitir así la posesión y el ejercicio de las funciones de José Tarsicio Gómez y Alba Luz Pinilla Pedraza, en los citados cargos, respectivamente.

Al proferir la decisión, la Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá consideró que las investigadas se valieron indebidamente de los cargos directivos que ostentaban para expedir y refrendar las resoluciones mediante las cuales se modificó el manual de funciones que se encontraba vigente, con el fin de beneficiar a las personas que finalmente tomaron posesión de los empleos públicos.