El director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, se pronunció a favor de crear la figura de “jueces invisibles” con protección permanente, para de esa forma evitar que sean intimidados por narcotraficantes, de acuerdo con una entrevista divulgada el viernes en el diario El Tiempo.

Naranjo no dio detalles si la identidad de esos jueces sería reservada o cuál sería su ámbito específico judicial, pero sí indicó que actuarían sólo en Bogotá como una especie de “audiencia nacional” para que se encarguen de la formulación de cargos contra traficantes.

Queremos, dijo Naranjo al diario, “unos jueces totalmente protegidos, invisibles a esa mafia regional, invisibles al procesado, para que garanticen la legalización de nuestros actos” o detenciones de capos del narco.

Los jueces municipales cumplen actualmente esa función de legalizar una captura y dejar preso a un presunto traficante, pero, dijo el jefe policial, un juez municipal “no tiene los recursos ni la protección. La vulnerabilidad es alta”.

En medio de la guerra desatada contra el Estado, incluyendo jueces y fiscales, por capos del narcotráfico como el extinto Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín y abatido por las autoridades en diciembre de 1993, Colombia ya tuvo un sistema especial llamado “jueces sin rostro”, cuya identidad estaba reservada y cumplían sus actuaciones interrogando a un detenido, por ejemplo, detrás de un vidrio opaco que impedía distiguir su cara y equipos que le distorsionaban la voz.

Tal sistema, cuya vigencia siempre se consideró transitoria, fue desmontado a fines de los 90.

Naranjo, quien está en la jornada de visita en Dallas, Estados Unidos, para reuniones con funcionarios de la DEA, la agencia antidrogas, también manifestó que si bien es “totalmente legítimo, necesario y saludable” que en la sociedad civil exista una preocupación por la violencia, debe evitarse confundir esos acercamientos de la sociedad con traficantes como una forma de negociación para que los criminales busquen sacar beneficios.

Su declaración salió al paso de acercamientos realizados desde fines del 2009 e inicios del 2010 en Medellín entre sectores civiles y de la Iglesia con mandos medios de bandas criminales para que esos grupos ilegales reduzcan sus luchas intestinas y que han desatado un repunte en los homicidios.

El gobierno ha ratificado que no lleva negociaciones de paz con esos grupos y que el único camino que tienen tales bandas es someterse a la justicia, mientras enfrentan la persecución policial.

Naranjo dijo que dos bandas de Medellín que aceptaron declarar una tregua a partir del 1 de febrero, acordada con esos sectores civiles, lo hicieron porque “saben que mantener esa espiral de violencia, por sustracción de materia, los desaparecerá”.

“Y si a eso (la presión por mantener una lucha contra bandas rivales) se le suma la ofensiva institucional, la única salida que les queda (a los criminales) es tratar de tomar aire diciendo ‘vamos a parar'”. dijo.