Según el alto tribunal, el estudio de las nuevas conseciones busca evitar que en el futuro situaciones como las que se presentaron en la ejecución de las obras de la calle 26, se vuelvan a repetir.

La Procuraduría General de la Nación, dijo que analizará si el acuerdo a que llegaron el IDU, el contratista, la aseguradora y el cesionario, se ajustan a la normatividad y no representan deterioro de los intereses del Distrito.

Así lo confirmó, el Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Roberto Augusto Serrato Valdés, al mencionar que «se han venido presentando situaciones de iliquidez y lentitud en la ejecución de proyectos en distintos lugares del país, lo cual exige una acción preventiva, efectiva, del órgano de control para impedir que se lesione el patrimonio público».

La Procuraduría General de la Nación y los organismos de control adelantarán una reunión la próxima semana una vez se haya revisado, por parte del Órgano de Control, los términos del acuerdo de cesión del contrato para continuar el desarrollo de las obras en la calle 26.